Ecuador: la oposición denunció que Guillermo Lasso pone trabas a la asunción del nuevo Parlamento y amenaza con destituirlo

Los principales movimientos políticos que obtuvieron representación en el Legislativo firmaron un comunicado conjunto exigiendo una transición sin obstáculos y advirtieron que podrían reactivar el juicio político contra el Presidente

Yalilé Loaiza

Infobae

Nueve de las principales organizaciones políticas representadas en el próximo legislativo ecuatoriano, que está listo para asumir sus funciones después de las elecciones del 20 de agosto, instaron al presidente Guillermo Lasso a asegurar una transición sin obstáculos tanto para el próximo Ejecutivo como para la Legislatura. Las organizaciones que suscriben este llamado son las siguientes: Actuemos-Avanza-SUMA del ex presidenciable Otto Sonnenholzner; Construye, que impulsó al extinto presidenciable Fernando Villavicencio; el Partido Social Cristiano; el Partido Sociedad Patriótica, liderado por el expresidente y actual legislador Lucio Gutiérrez; Revolución Ciudadana, de la ex candidata a la Presidencia, Luisa González, y Reto, vinculado al presidenciable Xavier Hervas.

En respuesta a esta situación de crisis política, estas fuerzas políticas han unido sus esfuerzos de manera inédita para exigir al Gobierno que detenga estas decisiones de último momento. Según fuentes confidenciales, vinculadas a la nueva Legislatura, a las que Infobae tuvo acceso, esta coincidencia entre las bancadas más diversas dentro del legislativo ecuatoriano podría reactivar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y destituirlo a solo horas o días de la sucesión presidencial. En ese escenario, el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría el cargo de presidente únicamente para colocar la banda presidencial en el electo Daniel Noboa.

El presidente en funciones, Guillermo Lasso, enfrenta una creciente presión para permitir una transición política sin obstáculos hacia la nueva Asamblea Nacional y la asunción del próximo gobierno ecuatoriano. A pesar de las declaraciones gubernamentales que destacan el supuesto éxito de su política económica, la realidad que experimentan las familias ecuatorianas está marcada por la incertidumbre, las dificultades económicas, la inseguridad y los actuales cortes en el suministro de energía eléctrica en todo el país. Estos problemas se acentúan a la luz de indicadores macroeconómicos preocupantes, como la disminución de los ingresos y el alto riesgo país, lo que pone de manifiesto una crisis fiscal innegable.

En el manifiesto multipartidario se indica que “las decisiones económicas del Gobierno han sido erráticas; han incrementado el gasto corriente y la burocracia en USD 1.500 millones este año y a pocos días de terminar el periodo, intentan corregir su despilfarro y su inútil gestión económica”.

Comunicado multipartidario

En el documento también se indica que las decisiones económicas tomadas por el actual Gobierno han sido inconsistentes, con un aumento significativo en el gasto corriente y la burocracia, lo que ha generado preocupación en la sociedad. Según el comunicado, en un intento por corregir esta gestión económica deficiente, el Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ha emitido directrices para el gasto público de manera apresurada. Sin embargo, en lugar de tranquilizar a la ciudadanía, estas directrices han despertado sospechas de que podrían obstaculizar la instalación de la Asamblea Nacional, desafiando claramente el mandato otorgado por el pueblo en las recientes elecciones. Todo esto parece diseñado para prolongar innecesariamente el período de gobierno actual, se afirma en el comunicado.

También destacan las organizaciones políticas firmantes que con esto “intentan impedir la instalación de la Asamblea Nacional e irrespetan de manera flagrante el mandato ciudadano otorgado en las urnas tanto el 20 de agosto como el 15 de octubre del año en curso, con el fin de boicotear la transición inmediata y prolongar innecesariamente su gobierno”.

Las instituciones públicas necesitan presupuesto y personal para funcionar adecuadamente, y las restricciones impuestas a la Asamblea Nacional se interpretan como una falta de respeto hacia una rama fundamental del Estado, asegura este comunicado. Además, afirman que estas medidas parecen ser un intento manifiesto de retrasar la urgente instalación del Legislativo, un paso previo crucial para la toma de posesión del próximo Presidente de la República, Daniel Noboa, elegido en las elecciones generales del 15 de octubre pasado.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, testificó ante la Asamblea Nacional en el marco del juicio político que se siguió en su contra por supuesta corrupción. Un día después, el 17 de mayo de 2023, disolvió al Legislativo. (REUTERS/Karen Toro)

La prolongación y el entorpecimiento del inicio de la gestión de las nuevas autoridades contradicen la urgencia con la que se convocaron las elecciones y la necesidad de contar con un Gobierno eficaz desde el primer día, aseveran las organizaciones firmantes. También recuerdan que ningún memorando, independientemente de su rango, en referencia a una indicación suscrita por el ministro de economía en materia de recortes presupuestarios, puede estar por encima de la Constitución y las leyes vigentes, afirman las organizaciones políticas.