Viceministra Alcón asegura que lamentó el cierre de Página Siete
De la misma manera, negó que desde el Gobierno se hubiera "asfixiado" económicamente a ese medio, como lo denunció su directorio, y sostuvo que "Página Siete nunca ha enviado al Viceministerio de Comunicación alguna solicitud de auspicio" publicitario.
Alcón afirmó que "casi todas las solicitudes" de publicidad que recibió su viceministerio fueron atendidas "en distintos momentos" y "de manera austera por la situación".
Página Siete estuvo siempre en el ojo de las autoridades debido a su carácter independiente y su estilo crítico al gobierno.
En la portada de la versión digital del diario se publicó la carta de Garáfulic, que señala que un "acoso judicial infundado derivó en el bloqueo de mis cuentas bancarias y el embargo de mis bienes, lo que limitó mi capacidad de acción". Garáfulic no dio mayores detalles de ese acoso judicial.
La misiva firmada por el presidente del directorio señala que "el partido de Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página Siete".
Agrega que "el oficialismo puso en marcha una estructura de hostigamiento público por redes sociales contra el periódico que hasta hoy está impune" y que "auditorías y multas recurrentes de una diversidad de instituciones del Estado se ensañaron año tras año contra Página Siete, mientras nuestros competidores de línea oficialista fueron tratados con guante blanco".
La explicación establece también que un empresario estuvo dispuesto a avanzar en la capitalización del medio, pero que éste al final retiró su oferta debido a que temía represalias desde el poder.
Los dos gobiernos del MAS hicieron durante años una campaña para intentar el cierre del diario, mediante ataques, acusaciones, uso de la Justicia y otros mecanismos, que por lo visto terminaron surtiendo efecto.
La explicación también señala que la pandemia y el cambio en los hábitos de los lectores, además de un sistema de suscripciones que no logró ingresos suficientes, terminaron por hacer que se tome la decisión.
El cierre del periódico provocó una ola de solidaridad en Bolivia y también de entidades y personalidades del exterior.
A su turno, expresidentes, dirigentes opositores, intelectuales, académicos y periodistas lamentaron el cierre del periódico. También lo hicieron la organización Human Rights Watch (HRW) y el periodista nicaragüense Carlos Chamorro.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia exhortó el lunes al Estado a "garantizar el pluralismo informativo" y el trabajo de los medios de comunicación "como guía de pesos y contrapesos en la información".
