Tensión e incertidumbre en Ecuador: la oposición exigió participar de la redacción del informe para el juicio político contra Guillermo Lasso
Las intrigas y presiones han aumentado en la Asamblea en las últimas semanas, con acusaciones de compra de votos, desafiliaciones y señalamientos mutuos entre varios bloques
Cinco legisladores identificados con los partidos Unión por la Esperanza, afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), del Partido Social Cristiano y de Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, irrumpieron en una sesión para exigir que les dejen participar en la elaboración del informe preliminar sobre el juicio político, que por ley solo deben realizar los asesores de la Comisión de Fiscalización del legislativo.
El presidente de esa Comisión, Fernando Villavicencio, en declaraciones a la agencia de noticias AP dijo que son hechos condenables ante los cuales se presentó una protesta ante el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Además, indicó, “se ha puesto en conocimiento de la Corte Constitucional ante las amenazas y presiones”.
El informe final de esa Comisión que debe recomendar o no el examen político al presidente Lasso por peculado será presentado hasta el sábado, cuando vence el plazo para ello, y luego pasará a manos del presidente de la Asamblea, alineado con la oposición. Ese punto es un nuevo paso adicional dentro del complejo esquema de enjuiciamiento político a un presidente en Ecuador.
Las intrigas y presiones han aumentado en la Asamblea en las últimas semanas, con acusaciones de compra de votos, desafiliaciones y señalamientos mutuos entre varios bloques, en un intento de inclinar la balanza a favor o en contra de la posibilidad de destituir a Lasso, cuyo mandato empezó en mayo de 2021. Esta es la segunda vez que la oposición busca destituir al mandatario; la primera se produjo sin éxito en junio de 2022, tras tres semanas de movilizaciones del movimiento indígena.
En esta ocasión, Lasso enfrenta una acusación por malversación de fondos, con aval de la Corte Constitucional. La acusación no ha sido probada. No obstante, el presidente se encuentra en una posición de asedio por la oposición parlamentaria, sin aliados suficientes en el Legislativo y con bajos niveles de popularidad entre la población.
Villavicencio aseguró todo conduce a una conclusión: “Aquí hay un afán desestabilizador y golpista por parte de la oposición”. El juicio sentará precedentes, advirtió el legislador, para futuros mandatarios que podrán ser acusados por cualquier causa y sin la comprobación previa penal de los presuntos delitos.
En caso de que los plazos sigan avanzando sin contratiempos, se espera que la votación para la censura del presidente ecuatoriano se produzca entre el 20 y 22 de mayo. Para lograr que Lasso salga del poder la oposición requiere congregar a 92 de los 137 congresistas.
El analista político y catedrático de la Universidad de las Américas, Alejandro Zabala, destacó a la AP que nada es seguro dado el alto nivel de indecisión en la Asamblea, donde únicamente se podrá conocer realmente quienes están a favor o en contra en el momento de la votación final.
Según el analista, el único objetivo de la Asamblea es destituir a Lasso, lo que contrasta con su escaso interés en generar leyes para solucionar problemas como el de la creación de trabajo, el de la seguridad del país o evitar la migración de miles de compatriotas. “Ellos viven de espaldas al pueblo”, agregó.
A este complejo escenario político, se suma la renovación de las autoridades de la Asamblea, lo que ha desatado una nueva carrera entre bloques por conseguir votos para asegurarse los puestos disputados entre el actual presidente, la postulante de Pachakutik, Sofía Sánchez, y la de UNES, Marcela Holguín.
El analista y consultor Bernardo Moreno comentó a la AP que Lasso ha llegado a esta instancia como efecto de su pobre gestión, que “ha quedado lejos de las promesas de campaña y las aspiraciones de la ciudadanía”.
“La salida a la crisis es que termine el gobierno de Lasso por cualquier vía constitucional”, señaló. Sugirió que sea a través de la destitución, renuncia o la disolución de la Asamblea, una figura llamada muerte cruzada que implica que el presidente disuelve el Legislativo pero a la vez está obligado a la inmediata convocatoria a elecciones. A Ecuador, defiende Moreno, “no le hace falta un cambio de gobierno, sino de modelo, un nuevo modelo que apunte a recuperar lo público, con eficiencia y sin castigar tanto a la clase media”.
El jefe del bloque legislativo de Pachakutik, Mario Ruiz, manifestó a la AP que quienes voten a favor de la censura allanan el camino para que “regrese el correísmo con toda la fuerza a perseguir a los indígenas, a insultar a las mujeres, a criminalizar a las organizaciones sociales”. Por eso, dijo el asambleísta, “eso también hay que analizar”.
