El régimen de Irán anunció la entrada en vigor de la Ley del Hiyab y la Castidad Pública que fiscalizará el uso del velo con cámaras de vigilancia
La Policía de Teherán anunció la instalación de “medios inteligentes” para imponer la aplicación de la norma que reprime a las mujeres
“Las cámaras de seguridad no cometerán errores” ha explicado Radan en unas declaraciones recogidas por el periódico ‘Hammihan’ durante la procesión del Día de Quds.
Hace tan solo una semana la Policía de Irán anunció que iba a instalar cámaras y otros “medios inteligentes” para evitar la “tensión” y el “conflicto” por la aplicación de la ley que obliga al uso del hiyab o velo islámico.
“La Policía utilizará herramientas innovadoras y cámaras inteligentes en la vía pública para evitar cualquier tensión y conflicto con los compatriotas relacionados con la ley del hiyab para identificar a la gente que incumpla la Ley del Hiyab y la Castidad Pública”, explicó la Policía en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Mizan y la emisora estadounidense en farsi Radio Farda, filial de Radio Liberty.
Estas cámaras en principio serán utilizadas para enviar “mensajes de advertencia” a quienes incumplan sus prerrogativas y “advertirles de las consecuencias legales de reincidir en este delito”.
Sin embargo, uno de los miembros más radicales del Consejo Islámico Farvardin, Hossein Yalali, advirtió de castigos económicos, retirada del carné de conducir, el pasaporte o el servicio de Internet dentro del denominado plan Afaf y Hiyab.
Como forma de represión, Irán aumentó las ejecuciones como una “maquinaria para sembrar el terror”.
Al menos 582 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento en Irán en 2022, un 75% más que los 333 de 2021, según datos publicados el jueves por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que denunciaron una “maquinaria de ejecuciones” para “sembrar el terror”.
Se trata asimismo del mayor número de ejecuciones en la República Islámica de Irán desde 2015, precisa el reporte, realizado por el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Unidos Contra la Pena de Muerte (ECPM, por sus siglas en francés), basado en París.
El año pasado estuvo marcado por las manifestaciones nacionales desencadenadas en septiembre por la muerte de Mahsa Amini, una kurdo-iraní de 22 años, que había sido detenida por presunto desacato de las estrictas normas de vestir de las mujeres en el país.
Las autoridades respondieron con una ola de arrestos y condenas, entre ellas las de cuatro personas condenadas a muerte y ejecutadas por su presunta implicación en las protestas, generando protestas internacionales.
“Para detener la maquinaria de la muerte del régimen iraní, es necesario que la comunidad internacional y la sociedad civil, ya sea ‘in situ’ o no, muestren activamente su oposición cada vez que una persona es ejecutada en el país”, afirmó el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam.
En el informe se afirma además que en la actualidad unos 100 detenidos son condenados a muerte o procesados por cargos punibles con la pena capital.
“Con el fin de infundir miedo a la población y a los jóvenes que protestan, las autoridades han intensificado las ejecuciones de presos condenados por motivos no políticos”, lamentó el director de IHR.
