La Fiscalía de México investigará como un homicidio el incendio en un centro de migrantes en el que murieron 39 personas
Las autoridades señalaron que ninguno de los servidores públicos ni el personal de seguridad privada realizó acción alguna para abrirle la puerta a quienes se encontraban en el recinto
Las autoridades mexicanas se enfrentaron a un creciente escrutinio sobre su gestión del desastre después de que aparecieran imágenes de videovigilancia que mostraban a los guardias abandonando el lugar mientras las llamas envolvían una celda con migrantes encerrados en su interior.
“Se abrió una investigación por el delito de homicidio y daño a la propiedad, aunque también se considerarán otros posibles delitos”, indicó la fiscal.
“Ninguno de los servidores públicos ni el personal de seguridad del lugar tomó ninguna medida para abrirle la puerta a los migrantes que allí se encontraban”, agregó Irene Herrerías durante una rueda de prensa.
Ocho personas ya han sido identificadas como presuntas responsables de este trágico incidente, dijo la ministra de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Entre ellas figuran dos agentes federales y un funcionario estatal de inmigración, así como cinco miembros de una empresa de seguridad privada.
La funcionaria dijo que el Gobierno mexicano “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”.
Y señaló que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño.
“De ninguna manera se ocultaran los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos”, apuntó Rodríguez al ofrecer un informe sobre el incendio ocurrido en las instalaciones del INM, el pasado lunes por la noche.
También dijo que el INM se encargará del retorno de los cuerpos, además de la atención de 27 migrantes que permanecen heridos en hospitales.
Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela “para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a sus países de origen.
“Se realiza una investigación seria y profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la FGR”, señaló Rodríguez, quien expresó que “hubo un delito grave” en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y cuestionó: “¿Quién no permitió la salida de estas personas?”.
Entretanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que su Gobierno “no oculta nada” sobre el incidente en la estación migratoria, en la que en ese momento se encontraban detenidos casi 70 migrantes de países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador.
La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen ilegalmente bajo el Título 42.
El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para migrantes en México, pues cerca de 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
