La fiscal general de Ecuador pidió el arresto domiciliario del ex presidente Lenín Moreno por la causa de la represa china
La magistrada exigió también embargar las cuentas en el país y el exterior de todos los otros 37 imputados
Si bien Salazar solicitó prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, dado que la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, debió limitarse a pedir el arresto domiciliario en casos como el de Moreno, su mujer y otras 12 personas.
Por su parte, instó al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, a que retenga e inmovilice las cuentas en el país y en el exterior de estos sujetos. Esta medida alcanza al propio Moreno, quien por estos días reside en Paraguay donde ejerce de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
Para ello, solicitará cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Bélice.
Salazar sostiene que Moreno estuvo envuelto en una trama de sobornos que rondaron los USD 76 millones que la empresa estatal china Sinohydro pagó al Ejecutivo del momento durante la construcción de la central hidroeléctrica. Así, la obra pasó de tener un valor de 1.979 millones de dólares a 2.245 millones.
Del total de los sobornos, la fiscal detalló que el ex presidente y su familia recibieron 660.00 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían sólo al matrimonio y estaría en forma de una vivienda y muebles.
Los restantes USD 440.000 se repartieron entre los hermanos de Moreno, Edwin, quien recibió USD 350.000, y Guillermo, USD 10.000; su hija Irina, que se hizo con USD 50.000; sus cuñadas Jacqueline -USD 10.000- y Martha -USD 15.000-; y su suegra Aída Graciela, que recibió los últimos USD 5.000.
Sin embargo, la investigación a cargo de la fiscal apunta a que los principales sobornos fueron recibidos por figuras como Conto Patiño, amigo del ex presidente, y su familia. En total, se habrían beneficiado con 44 millones de dólares.
También, la tesis sostenida por Salazar señala a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al ex embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
La presentación y los pedidos de la fiscal fueron efectuados durante la audiencia de presentación de la acusación por cohecho en la que el ex presidente compareció de manera virtual, por videoconferencia.
El caso Sinohydro estalló en 2019 cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que involucró a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales, así como con una lujosa propiedad en Alicante, España, en lo que sería una aparente triangulación de una empresa opaca.
El informe expuso, a su vez, nexos y supuestas irregularidades que conectaban a Moreno con la empresa offshore Ina Investment que, en un primer momento, llevaron a la Fiscalía a abrir una investigación sobre supuestos sobornos cobrados mientras se desempeñó como vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa -entre 2007 y 2017-.
Por su parte, el acusado ha negado en todas las oportunidades las acusaciones y ha apuntado contra Correa, su principal detractor, a quien acusa de montar esta causa como una estrategia política.
Correa, quien actualmente reside en Bélgica, ha sido condenado por la Justicia de Ecuador por cohecho en otro caso de corrupción.
