Nuevos escándalos entre los conservadores británicos degradan la confianza pública en Rishi Sunak
Elegido para salvar al pais de una crisis económica y depurar a su partido, estos casos lo apartan de la imagen de integridad con la que llegó a Downing Street
La serie de infortunios comenzó el viernes 20 de enero, cuando la policía de Lancashire, al noroeste de Inglaterra, lo multó por no llevar el cinturón de seguridad, mientras defendía en las redes sus políticas desde el asiento trasero del auto oficial. A pesar de que Sunak pidió disculpas, todos recordaron que llegó a ser inquilino de Downing Street prometiendo reparar las conductas que le habían valido tambien una sanción en la primavera de 2022. La más repetida, asistir a una fiesta durante el confinamiento con motivo del aniversario de su entonces jefe: Boris Johnson.
Pero su propia torpeza quedó sobrepasada por la conducta inapropiada de dos partidarios. Primero, Nadhim Zahawi, una especie de ministro sin cartera de Sunak y presidente del Partido Conservador, reconoció el domingo 22 de enero haber tenido problemas con Hacienda.
Según la BBC, debió pagar hasta 5 millones de libras esterlinas, unos 5,7 millones de euros, por no haber declarado correctamente sus ingresos, tras la venta de acciones en la encuestadora YouGov, de la que es cofundador. Además, el problema es mayor dado que Zahawi ha dicho que discutió el tema con la oficina fiscal cuando Boris Johnson lo nombró canciller en julio, y que resolvió el asunto mientras estaba en el Tesoro.
El primer ministro ha insistido en que no sabía que Zahawi había accedido recientemente a pagar una multa al recaudador de impuestos cuando lo nombró presidente del Partido Conservador. Sunak emitió su primera crítica pública a Zahawi sobre el asunto el lunes, diciendo que hay “preguntas que deben responderse” y pidiendo a su responsable de ética que investigue.
Zahawi es el cuarto funcionario de Downing Street con problemas. Antes que él, debido a acusaciones de comportamiento “inmoral”, el ministro de Estado sin cartera, Gavin Williamson, abandonó el gobierno. El ministro de Justicia, Dominic Raab, también es investigado por acoso, aunque se mantiene en el cargo. Se suma la situación de Suella Braverman, la ministra del Interior, denunciada por haber manejado sin la diligencia correspondiente información confidencial.
Pero esto no es todo. El diario Sunday Times ha revelado una trama que involucra otra vez al ex primer ministro Boris Johnson. Como si fuera poco luego del escándalo de “Party Gate”, ahora se descubre que Johnson se habría beneficiado de avales crediticios de un amigo, Richard Sharp, a cambio de postularse como presidente de la BBC.
Este ex banquero de Goldman Sachs y donante del Partido Conservador -por cifras que se estiman alrededor de los 400.000 libras esterlinas- le ayudó a acceder a este préstamo para mejorar la situación financiera del ex premier. Richard Sharp luego consiguió la designación.
Sharp, Johnson y el Ejecutivo niegan que haya un conflicto de intereses, por lo que el Partido Laborista ha pedido una investigación y la renuncia de todos los implicados, además del seguimiento parlamentario.
Estos escenarios provocan que Sunak esté atravesando su peor índice de aprobación desde que se convirtió en primer ministro, según reflejan las últimas encuestas. El índice de aprobación neto de Sunak es de menos del 15 por ciento. Los sondeos indican que un 40 por ciento de los británicos desaprueba su gestión y un 25 por ciento la aprueba al 22 de enero.
El mismo trabajo, realizado por la firma Redfield & Wilton, y publicado en la prensa británica, muestra que los laboristas tienen en la actualidad una ventaja en las encuestas nacionales de 22 puntos porcentuales, con un 48 por ciento frente al 26 por ciento de los conservadores.
La integridad de Sunak, al menos para intentar ordenar el descalabro de la politica británica, está en juego cuando se multiplican los pedidos para que depure al Partido Conservador y su gobierno. Por ahora la única respuesta del primer ministro, es una investigación profunda por parte de Laurie Magnus, el asesor de ética del primer ministro.