La amarga cruz de Luis Arce en Bolivia
La toma de Santa Cruz se complica para el gobierno por la resistencia ciudadana, que contagia a todo el país, y por la negativa de los militares a sumarse a la feroz represión que realiza la policía
Mal comienzo de año tienen los bolivianos, que ahora viven una dictadura castrochavista desembozada, con militares venezolanos que siguen llegando, mientras los asesores cubanos hacen cálculos de dominio continental y Evo Morales alienta el separatismo del sur del Perú para una alianza cocalera binacional.
La protesta de Santa Cruz es muy pragmática. Sus dirigentes decidieron cerrar la salida de alimentos hacia el resto del país, lo que en una semana ha provocado el alza de precios de la carne, del pollo y de alimento para todas las granjas avícolas del país.
La policía está usando demasiada fuerza, dice Human Rights Watch. Hay heridos con balines, 76 detenidos. Los periodistas han denunciado 70 casos de agresiones de los policías. La “justicia” ha rechazado dos veces ya pedidos de habeas corpus y Camacho deberá permanecer cuatro meses en prisión preventiva. Pero el dirigente cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo acaba de decir: “Señor Arce Catacora sus cálculos están equivocados. Bolivia ha despertado y va a defender su democracia cueste lo que cueste”. Y, en efecto, se anuncian marchas de protesta en todas las capitales del país a partir del 10 de enero.
Los militares tienen ahora una fórmula infalible para negarse a cumplir tareas incómodas: debido a la cantidad de oficiales presos por haber cumplido órdenes superiores en el pasado, los de ahora no mueven un dedo si no tienen una orden firmada por sus superiores para exhibirla en el futuro ante eventuales tribunales de justicia.
El comandante de la octava división del ejército, radicada en Santa Cruz, general César Vladimir Valdivieso, repitió esa fórmula mágica cuando recibió la orden del comando del ejército de sumarse a las fuerzas de represión contra los ciudadanos de Santa Cruz. Y el comandante del ejército no le envió la orden firmada.
Se ha especulado que esa negativa es una prueba de la división de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de que, si la guerra civil se agrandara, se produciría un pronunciamiento militar que se proponga, después de deponer al gobierno, llamar a elecciones en un plazo corto, como lo ordena la constitución. Pero eso nunca se sabrá antes de que los hechos lo confirmen.
Los militares paralizados, los policías en tareas sucias, igual que la justicia, y el país convulsionado, con la economía en estado de coma: todo esto como resultado de la loca decisión del presidente Luis Arce de convertirse en dictador.
El conflicto boliviano ha llegado al exterior. El diputado español Víctor González, del partido Vox, y el chileno Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, llegaron a Bolivia a pedir que se respeten los derechos humanos de Camacho y de los cruceños en general, pero fueron expulsados del país, acusados de cometer delito de “intromisión”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU enviaron mensajes de condena de la detención de Camacho y la represión brutal de las protestas ciudadanas.
Sólo Vladimir Putin está de lado de Arce. Elogió la “independiente” política exterior boliviana, que apoya en la ONU la invasión de Ucrania, además de la represión de las mujeres en Irán.
Sin relación con la detención de Camacho, el gobierno del Perú protestó contra lo que llama la intromisión del ex presidente Evo Morales en ese país, donde estaría alentando el separatismo de las provincias del sur para crear una alianza binacional de la coca, y quizá también de la droga.
El cocalero Morales respondió desde Chapare que él les ofrece la otra mejilla a los gobernantes peruanos, pero no respondió a las acusaciones de que esté alentando el separatismo.
Lo que ha ocurrido, en cambio, es que la parálisis de la economía de Santa Cruz ha afectado también al tráfico de droga semielaborada que llega a Bolivia desde Perú para que sea convertida en clorhidrato de cocaína en los más modernos laboratorios de Sudamérica instalados en Bolivia.
La economía legal está en estado crítico. Argentina anunció que redujo la duración del contrato de compra-venta de gas natural boliviano de 2026 a 2024, porque los envíos del combustible bajarán en junio de 14 a 6 millones de metros cúbicos diario. Bolivia está agotando el gas natural de sus reservas y se queda sin su principal fuente de ingresos.
El conflicto ha sacado a luz la crisis de las instituciones bolivianas, una crisis terminal, según quienes sostienen que Bolivia ya es un “Estado fallido”.
Grupos de aimaras, llamados “ponchos rojos”, decidieron cercar la cárcel donde está preso Camacho, a 4.200 metros sobre el nivel del mar (Santa Cruz está a 350) para impedir que lleguen hasta al lugar los simpatizantes del gobernador. Y el alcaide de la cárcel agradeció públicamente a quienes golpean a los “camachistas”.
Y han hecho saber que no se irán del lugar hasta que la justicia condene a treinta años de cárcel a Camacho.
Arce ha dicho que Camacho está preso por haber participado en el “golpe” de noviembre de 2019 que derrocó a Evo Morales (y que le permitió a él llegar a la presidencia).
Pero está cada vez más claro que la detención de Camacho forma parte de los planes del castrochavismo, combinados con el interés del narcotráfico de controlar el territorio de Santa Cruz, que separa al Chapare de la frontera con Brasil, el mayor mercado de consumo de cocaína de las Américas, con conexiones hacia Europa.
