Huelga en Bolivia: acusan al Gobierno de Luis Arce de enviar gente a causar violencia en Santa Cruz
“Nosotros queremos sentarnos, queremos dialogar y salir del conflicto donde ganen los bolivianos, pero de esta forma no podemos”, aseguró Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de esa región
En declaraciones a los medios, Calvo se refirió a las movilizaciones de sectores afines al oficialismo que marcharon desde distintos puntos para desbloquear con violencia algunos sectores de la ciudad y terminaron enfrentados con vecinos que cumplían el paro.
“Hemos llamado a la paz, hemos pedido que no haya conflicto, pero tampoco nos vamos a quedar con las manos atadas si el Gobierno nos está mintiendo. Nos está haciendo perder el tiempo queriéndonos sentar a dialogar, sin embargo, sigue mandando gente”, manifestó el líder cívico.
Calvo remarcó que “en Santa Cruz el que manda es el cruceño, el que vive y trabaja” en esa región “y la ha hecho grande”, por lo que no permitirán que “nadie de otro lado venga a imponer nada en Santa Cruz” y sostuvo que defenderán a sus familias y sus derechos.
También consideró posible que lo detengan y responsabilicen de lo que ocurra en esa región, pero sostuvo que el único responsable de estos sucesos es el Gobierno nacional.
“El culpable es el Gobierno, el que no cumplió con la población boliviana, el que quiere tapar su incapacidad con gente que es pagada” para movilizarse, manifestó.
Según Calvo, podría haber un acercamiento para dialogar con las autoridades nacionales, pero “en la realidad nos muestran otra cosa” al promover movilizaciones de sectores afines para romper la huelga.
“Nosotros queremos sentarnos, queremos dialogar y salir del conflicto donde ganen los bolivianos, pero de esta forma no podemos, somos claros que la agenda no puede cambiar y eso depende del Gobierno”, añadió.
Santa Cruz lleva diez días en huelga para exigir que el censo de población, que debía efectuarse en noviembre próximo, se realice en 2023 y no en 2024 como lo definió el Gobierno de Arce.
Sindicatos y organizaciones sociales afines al oficialismo han intentado frenar con violencia la huelga en Santa Cruz y realizan un “cerco” con bloqueos de carreteras para aislar a la región e impedir el ingreso de alimentos a su capital, al considerar que la protesta ciudadana busca desestabilizar al Ejecutivo nacional.
El pasado viernes hubo un intento de diálogo convocado por Arce que reunió a más de 300 autoridades subnacionales, pero no se tomó ninguna definición sobre la fecha del censo, por lo que la huelga en Santa Cruz se mantuvo.
Por su parte, la opositora Creemos, partido del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) una “sesión especial” de cancilleres sobre el conflicto por el censo en Bolivia.
“Como Bancada de la Alianza Política Creemos y víctimas de la actitud criminal del Gobierno boliviano, solicitamos al Consejo Permanente de la OEA abordar con carácter urgente y en una sesión especial”, refiere el partido opositor.
En la solicitud, dirigida al representante del Consejo Permanente de la OEA, Jan Marten Willem, se expresa que la situación en Bolivia “merece el análisis de los ministros de Relaciones Exteriores de la región” debido a “los daños que puede generar en perjuicio de la población civil”.
A consideración del partido opositor, el gobierno de Arce incurrió en un “actuar ilícito y reprochable” por el “uso de la violencia y la comisión de ilícitos internacionales”.
“El gobierno de Luis Arce se muestra soberbio, manteniendo un doble discurso, anunciando por un lado que desea una concertación y por otro, impulsando la violencia y el odio, cerca Santa Cruz y la militarización”, señaló el partido.
