Grupos afines al Gobierno de Bolivia amenazaron con cercar Santa Cruz si no se levanta el paro que exige el censo en 2023
Organizaciones sociales cercanas al Ejecutivo denunciaron acciones “desestabilizadoras” contra el presidente Luis Arce, a quien en ese departamento solicitan adelantar un año la realización de la consulta nacional
La Federación de Campesinos de Santa Cruz, la Central Obrera Departamental (COD), la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y otras organizaciones afines al partido del presidente Luis Arce indicaron que el paro indefinido que comenzó el sábado afecta el derecho a la libre circulación y que perjudica el derecho al trabajo.
“Nosotros como campesinos hemos tomado la determinación que en caso de que no levanten su paro indefinido en 48 horas, nosotros vamos a cercar Santa Cruz”, expresó el representante de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas.
Un cerco es un bloqueo de entrada y salida del campo a la ciudad que puede ser de personas como de alimentos que se producen en el área rural.
Estas organizaciones señalaron que también quieren hacer prevalecer los resultados del cabildo que se realizó el pasado viernes en el que participaron sectores afines al oficialismo, donde rechazaron el paro y pidieron que se detengan las acciones “desestabilizadoras” al Gobierno de Arce.
“Detrás del censo hay aprestos desestabilizadores de nuestra democracia, los que promovieron el golpe de 2019 son los mismos que hoy se escudaron en un censo”, refirió el dirigente de la COD, Rolando Borda.
Agregó que se enviaron las conclusiones de ese cabildo al presidente Arce para que las conozca y para que también sean tomadas en cuenta en las determinaciones sobre el censo.
Borda sostuvo que si estas medidas “radicales” como el paro indefinido continúan se reunirán con el sector petrolero para que desabastezca a la población de gas y que solo se garantice el mercado de exportación y el gas domiciliario.
El sábado hubo un intento de diálogo entre el Gobierno y el Comité Impulsor del censo para 2023, pero se rompió por el rechazo de la propuesta de ese comité, por lo que el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, y representantes cívicos del Comité Pro Santa Cruz se levantaron de la mesa.
El sábado se inició el paro indefinido, que fue determinado en un cabildo en septiembre en Santa Cruz, en protesta por una norma del Gobierno que determina que el censo se postergue hasta 2024. Las organizaciones en Santa Cruz exigen que esta encuesta nacional, que debía realizarse en noviembre de este año, se realice en 2023 y no en 2024.
Del censo de población y vivienda depende una nueva distribución de ingresos fiscales junto a la asignación de nuevas cuotas de representación política en el Parlamento.
La primera jornada de paro estuvo marcada por enfrentamientos, calles vacías y la muerte de una persona en la localidad de Puerto Quijarro, fronteriza con Brasil.
Por su parte, el presidente Arce manifestó este domingo que su Gobierno demostró una vez más su “predisposición al diálogo” sobre la realización del censo y se propuso definir la fecha “con base al análisis técnico” tras la fallida reunión en Santa Cruz.
El mandatario escribió en sus redes sociales que el sábado se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional “sin condicionamientos”: “La reunión fue transmitida y el pueblo boliviano fue testigo de las lamentables actitudes de la dirigencia del paro, que abandonó el diálogo sin explicar su propuesta”.
