Estados Unidos validó el informe de la OEA sobre las irregularidades en las elecciones de 2019 en Bolivia
El Departamento de Estado norteamericano dio cuenta de las numerosas violaciones a los DDHH ocurridas en el país luego de los comicios de ese año
El informe fue requerido por congresistas estadounidenses en marzo y había sido anunciado por el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, como una investigación especializada sobre los sucesos que acontecieron durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Zaconeta creía que el Departamento de Estado les daría la razón de que no hubo fraude. “El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado por Ley que el Departamento de Estado en el plazo de 120 informe el rol de la Secretaría General de la OEA, en 2019, mediante expertos internacionales y sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país”, había dicho en Twitter.
Sin embargo, el Congreso del país norteamericano tuvo una visión diferente a la esperada por el diplomático.
“El primer conteo rápido del Centro de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) mostró que Morales no había logrado una victoria en la primera vuelta, al obtener el 45 por ciento de los votos totales y sólo 8 por ciento más que su rival más cercano. Sin embargo, Morales proclamó haber triunfado”, consignó el informe; al tiempo que resaltó: “Con el conteo oficial en marcha, el servicio de Internet fue cortado intencionalmente (...). El apagón duró 18 horas, impidiendo la difusión pública de información sobre los conteos y los resultados preliminares que normalmente se realiza. Cuando el servicio de Internet fue finalmente restablecido, el conteo de votos mostró a Morales posicionado para una victoria en la primera ronda”.
En el reporte del Departamento de Estado al Congreso de EEUU se subraya que, “según múltiples fuentes de observación confiables, incluidas la OEA y la UE (Unión Europea), el corte en la conexión a Internet ocurrió no solo inexplicablemente sino también intencionalmente, sin un culpable identificable”.
En otro pasaje del texto, se recuerda que “Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar la elección, también encontró vulnerabilidades, incluidas vulnerabilidades que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente, de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral; la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones; la existencia de un servidor oculto externo; y la interceptación y alteración de comunicaciones entre servidores utilizados por TSE”.
Luego recuperó las conclusiones de la UE, que en su momento manifestó que “hubo renuncias generalizadas y despidos de altos funcionarios del [TSE], lo que llevó a una percepción de que el TSE estaba siendo cada vez más politizado en la antesala a las elecciones. Además, el silencio del TSE durante la crisis electoral y la subsiguiente renuncia de su Vicepresidente el 22 de octubre dañaron aún más la legitimidad del proceso”.
Como se señaló en el Informe de la Misión de Observación Electoral de la UE en respuesta a los hallazgos del equipo auditor de la OEA, el Alto Representante de la UE estuvo de acuerdo con las conclusiones de la OEA y emitió una declaración “reiterando que una nueva y pronta elección, con una nueva autoridad electoral, es necesaria para restaurar la confianza y la credibilidad en el sistema democrático boliviano”, recordó.
Además, el equipo auditor de la OEA encontró irregularidades en los cuatro componentes electorales que examinó: el sistema informático utilizado para el TREP y para los resultados finales; la cadena de custodia de los materiales electorales; la legalidad e integridad de las actas electorales; y una tendencia estadísticamente improbable en el 5% final de los resultados.
Las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante ese período
En el apartado dedicado a las violaciones de DDHH, el texto del Departamento de Estado norteamericano recordó que un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigó los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, por la crisis electoral.
El GIEI publicó su informe completo y sus hallazgos en agosto de 2021. El informe daba cuenta de “graves violaciones a los derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas en torno a las elecciones bajo las administraciones de Morales y Áñez, incluidas detenciones ilegales, violencia sexual, tortura y el asesinato de 37 personas en las localidades de Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre de 2019, lo que ocurrió inmediatamente luego del decreto emitido por Áñez, el 15 de noviembre de 2019, autorizando a los militares a ejercer “una discrecionalidad excesivamente amplia para usar la fuerza”, según la evaluación de Human Rights Watch.
Algunas de las violaciones -repone el informe- fueron en parte motivadas por elementos raciales y antiindígenas. El escrito del GIEI también encontró evidencias de violencia “instigada” por el gobierno de Morales, incluidos secuestros y torturas de activistas anti-MAS. También citó abusos en contra de activistas del MAS bajo la administración de Áñez. El informe del GIEI fue en general bien recibido por el gobierno, la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes.
Por último, el reporte indicó que la implementación de las recomendaciones del informe del GIEI “sigue estancada”, según lo confirmado por el informe de mayo del Relator Especial de la ONU. Como se indica en el Informe de Derechos Humanos 2021, “el gobierno [boliviano] tomó medidas en algunos casos para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos que cometieron abusos o actos corruptos, pero la aplicación inconsistente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto han llevado a la impunidad”.
“El gobierno de los Estados Unidos sigue expresando su solidaridad con las víctimas de los abusos en materia de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y continúa instando a Bolivia a implementar las recomendaciones del informe del GIEI de manera justa y transparente”, concluyó.
