¿Qué debe hacer Bolivia para no ir a juicio internacional por muertes del caso terrorismo?
La comisión en su informe sostiene que encontró indicios de que los policías que intervinieron en el hotel Las Américas de Santa Cruz y asesinaron a Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro; y Michael Dwyer, irlandés durante un operativo la madrugada del 16 de abril de 2009. Mario Tadic, boliviano de origen croata, y Elod Toaso, húngaro sobrevivieron, pero fueron torturados y detenidos.
En ese tiempo, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales acusó a las cinco personas de ser terroristas mercenarios y que fueron contratados por dirigentes opositores de Santa Cruz para supuestamente acabar con la vida del exmandatario.
Morales se encontraba en Venezuela cuando se registró el operativo y desde ese país declaró que se trataba de un atentado e incluso aseguró públicamente que dio la orden de proceder vía el vicepresidente Álvaro García Linera, pero los líderes cívicos argumentaron que el caso era parte de un complot para descabezar liderazgos de instituciones y políticos del oriente.
En el informe que fue aprobado el 21 de diciembre de 2021, la comisión confirma que existieron ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno de Morales en contra de cinco personas del caso terrorismo. También señala que ni la Fiscalía ni la Policía de Santa Cruz intervino debido a que había órdenes para que "todo esté a cargo del Ministerio de Gobierno desde La Paz".
Otro de los datos reveladores de la comisión es que cuando se registraron los enfrentamientos las cámaras de seguridad del hotel fueron apagadas desde el 15 de abril, cuando ingresaron las presuntas víctimas. Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00 de la mañana.
También revelan que se habrían eliminado videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo sitio.
La denuncia contra el Estado boliviano por el caso Rózsa fue activada por la madre de Michel Dwyer y admitida el 2018.
La CIDH revisó las torturas cometidas en contra de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Sobre los dos primeros, remarca que su detención se produjo sin orden de aprehensión y que fue emitida casi al mediodía del 16 de abril por ser sospechosos del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y peligro de fuga, aunque esta instancia internacional señala que no hay vínculos entre el atentado a la casa del líder de la Iglesia católica y las detenciones.
También señala que no fueron hallados en flagrancia y que se encontraban durmiendo. En la habitación de Tóásó no había armas y en la de Tadic no hubo rastros de fuego cruzado.
"La comisión estima que dichas detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria, por tanto el Estado es responsable de la violación al artículo 7.1 y 7.2 de la Convención (Americana de Derechos Humanos) en perjuicio de los señores Mario Tadic y Elöd Tóásó", se lee en una parte del informe.
También sostiene que "los graves actos de tortura cometidos contra las cuatro víctimas no merecieron una investigación adecuada por parte de las autoridades judiciales bolivianas" y argumenta Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza, cuando fueron presentados tras sus arrestos, mostraron signos de tortura, pero que no fueron considerados por Ministerio Público ni juzgados La Paz que definieron las detenciones preventivas".
Recomendaciones de la comisión
Antes las revelaciones, la CIDH concluyó que el Gobierno boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
También recomienda reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, y una investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro estos hechos no se repitan.
Si no cumple, el Estado boliviano puede enfrentar un juicio internacional, salvo que la justicia inicie una investigación contra el expresidente Evo Morales por las vulneraciones a los derechos humanos en el caso terrorismo.
