Tras el ataque en Guayaquil que dejó cinco muertos, Guillermo Lasso amplió la vigencia del estado de excepción
Se extendió a la vecina ciudad de Durán. “Estamos frente a actos de enorme barbarie e irracionalidad”, dijo el ministro del Interior de Ecuador
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso amplió el lunes la vigencia del estado de excepción a la ciudad de Durán tras un atentado con explosivos en la vecina Guayaquil que las autoridades atribuyeron a grupos vinculados con el narcotráfico y que dejó al menos cinco muertos.
Desde el domingo está vigente el estado de excepción por 30 días en Guayaquil, en una de cuyas populosas barriadas, Cristo del Consuelo, estalló un fardo con explosivos químicos que dejó también 17 heridos, dos en estado crítico, y al menos ocho viviendas y vehículos destruidos.
Lasso aseguró que la decisión se produjo debido al incremento de las actividades de grupos de delincuencia organizada cuya violencia ha recrudecido y añadió que ambas ciudades fueron declaradas zona de seguridad, por lo que grupos conjuntos de las fuerzas armadas y la policía cumplirán tareas de control.
El sector de la explosión permanece fuertemente custodiado por grupos de militares y policías, decenas de cuyos efectivos hicieron 11 allanamientos y lograron capturar a cinco presuntos sospechosos del hecho, armas, dinamita y una motocicleta parecida a la que lanzó el fardo con los explosivos, informó la policía.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, junto al comandante de la policía, general Fausto Salinas, recorrieron la zona, que se mantiene con el paso restringido para ciudadanos y la prensa, y donde se pueden observar casas destruidas, vehículos afectados y escombros.
El estado de excepción permite la conformación de una fuerza especial integrada por policías y militares, además de la movilización de recursos materiales.
Carrillo había dicho que la explosión pretendía matar a dos integrantes de una banda delictiva denominada Tiguerones. El gobierno ofreció 10.000 dólares por información para capturar a los responsables del hecho.
Colombia y Perú, vecinos de Ecuador, son dos grandes productores de cocaína. Según las autoridades, grupos criminales usan el territorio ecuatoriano como zona de almacenamiento y exportación de la droga hacia América del Norte, Europa y otros mercados.
Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de Quito, ha sido escenario de balaceras y asesinatos que las autoridades atribuyen a enfrentamientos entre bandas rivales del narcotráfico. Guayaquil también es sede de la mayor cárcel estatal, donde se han registrado peleas y matanzas entre grupos criminales.
En los últimos años las cárceles ecuatorianas se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas del narcotráfico.
La explosión que dejó cinco muertos en Guayaqui fue un acto de “enorme barbarie e irracionalidad”, dijo Carrillo.
“Estamos frente a actos de enorme barbarie e irracionalidad como poner estos explosivos en las calles, esto que estamos viviendo preocupa mucho más allá de que estén ligados a organizaciones criminales”, expresó Carrillo durante un recorrido por el popular barrio Cristo del Consuelo, donde ocurrió la detonación.
El decreto divulgado este lunes señala que Guayaquil, con 2,8 millones de habitantes, es “la zona de mayor cometimiento de homicidios intencionales” en el país, con un 32,5% de los casos. En lo que va del año, 861 personas han sido asesinadas en la ciudad, eje económico de la nación.
“Soluciones parche”
El estado de excepción “es una solución parche”, comentó a la agencia AFP Carolina Andrade, ex subsecretaria de Inteligencia. El gobierno dictó en abril pasado una medida igual en las provincias de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Esmeraldas y Manabí a causa del narco.
Para la politóloga y analista de seguridad, el gobierno no ha podido abordar el crimen organizado desde una forma estructural. “Cuando no hay acceso a los servicios del Estado, el narcotráfico hace presencia y se apodera del lugar, por ello es importante la prevención”, añade.
Con ella coincidió Billy Navarrete, director del Comité Permanente para los Derechos Humanos, al señalar que “las respuestas a los últimos acontecimientos criminales en el país han sido bastante anacrónicas, que no pasan de reforzar el control policial y militar”.
Tras la última explosión, la policía realizó allanamientos en Cristo del Consuelo y detuvo a cinco personas por delitos como posesión de armas. Los uniformados también incautaron armamento, droga y explosivos como pentolita.
