Chile extendió por sexta vez estado de excepción por la violencia mapuche en el sur del país
Ambas cámaras del Congreso votaron la medida, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric. Las regiones de La Araucanía y Bío Bío son escenario de tensiones debido a reclamos territoriales y el accionar violento de algunos grupos
La medida, que estará en vigor por 15 días en toda la región de La Araucanía y en dos de las tres provincias del Biobío —600 kilómetros al sur de la capital chilena—, avanzó con los votos mayoritarios en la Cámara de Diputados y el Senado.
Algunos diputados oficialistas volvieron a votar en contra de la medida, que comenzó a regir en el anterior gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), ya que se oponen a lo que consideran una militarización de la zona.
En tanto, la oposición política solicitó extender el estado de excepción a otras regiones del país.
Los problemas no partieron con la llegada del actual gobierno “ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía”, señaló en su exposición de motivos la ministra de Interior, Izkia Siches, al argumentar que la violencia en esas zonas no comenzó con la llegada al gobierno de Boric, el 11 de marzo.
Siches señaló que en cuatro años se pasó de 400 eventos de violencia a más de 1.700. “Claramente, no nos fue muy bien”, dijo la ministra, quien detalló que desde mediados de mayo se han llevado más de 53.000 controles preventivos en la zona y detenido más de 88 personas acusadas de robo de madera. Agregó que también se desarticuló una banda criminal a la que se le adjudica la quema de más de cinco camiones.
Para el senador opositor Jose García Ruminot, las cifras muestran que el estado de excepción es “una herramienta útil que disminuye los hechos de violencia”, a la vez que lamentó que esta herramienta no esté contemplada en la propuesta de texto para una nueva Constitución que los chilenos deben aprobar o rechazar en el plebiscito del 4 de septiembre.
Por su lado, la senadora independiente Carmen Gloria Aravena, de la región de la Araucanía, afirmó que ni un sector ni el otro va a solucionar el problema cada uno por su lado, ya que según ella se enfrentan a una situación potenciada “por malas políticas públicas” para afrontar a las bandas delincuenciales en esas zonas.
Los habitantes indígenas de La Araucanía y el Biobío demandan la restitución de tierras que les usurparon en el siglo XIX, y hay grupos que presionan con atentados a bienes de empresas forestales instaladas en la zona, que se suman a acciones violentas de delincuentes, ladrones de madera y bandas de narcotraficantes, según las autoridades.
Antes de llegar a la presidencia, Boric había sido un detractor del estado de emergencia, al igual que su coalición política formada por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio.
En la última semana, y como es frecuente desde hace más de un año, se han registrado una seguidilla de ataques incendiarios a predios en la región de La Araucanía (al sur), epicentro del denominado “conflicto mapuche”, que enfrenta a algunos grupos de esta etnia con el Estado y con grandes empresas forestales y agrícolas.
