Censo costará $us 68 MM y descartan incluir categoría "mestizo" en la boleta
La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, informó ayer que el Censo de Población y Vivienda costará un total de 68 millones de dólares. Los recursos se cubrirán con créditos externos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Estamos hablando de un presupuesto para la gestión 2022, en adelante, hasta concluir la etapa poscensal, del orden de 67,4 millones de dólares; a esto hay que añadirle las auditorías que se llevarán adelante, las evaluaciones y comisiones de administración que son aproximadamente 600 mil dólares, que sería que estamos hablando de un costo total de 68 millones de dólares”, explicó la autoridad.
Del total de recursos, Fonplata garantiza 40 millones de dólares, monto autorizado en contrato mediante el Decreto Supremo 4649. El BID otorgará un crédito de 26,4 millones, mientras que el TGN aportará 1,6 millones.
Mendoza aseguró que el Gobierno nacional asume el crédito de las financiadoras y ambos acuerdos serán trasladados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente aprobación.
El Censo de Población y Vivienda se llevará a cabo el 16 de noviembre. Actualmente se lleva a cabo una etapa preparatoria denominada actualización cartográfica.
Mendoza aseguró que esta fase tiene un avance importante con la entrega de formularios y revisión por los gobiernos municipales. Dijo que la actividad tiene el fin de segmentar al país en viviendas y unidades familiares, amanzanadas, para luego calcular la cantidad de personal que será desplazada en el relevamiento de datos.
Mientras el Ministerio de Planificación y el INE avanzan en las acciones preparatorias, surge una serie de críticas a la transparencia con la que se maneja el proceso. El pasado lunes, un grupo de personas conformado por legisladores, dirigentes cívicos, gremiales y vecinales presentaron una acción popular en contra del director del INE, Humberto Arandia, para exigir información respecto al censo y que permita el control y la participación ciudadana.
En la oportunidad, el segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lamentó que el INE no haya respondido a una serie de requerimientos que hicieron representantes cruceños sobre el trabajo de preparación del censo
Al respecto, la Ministra de Planificación dijo que la acción popular está en manos de la justicia y exhortó a los operadores que consideren el cronograma de socialización que está en marcha por parte del INE.
“No se puede sesgar la información del censo hacia un sector con intereses particulares, por tanto, la transferencia de la información tiene que dar la garantía que es para toda la población”, dijo la autoridad y recordó que el empadronamiento censal es competencia privativa del ámbito central del Estado, con el brazo operativo del INE.
Del total de recursos, Fonplata garantiza 40 millones de dólares, monto autorizado en contrato mediante el Decreto Supremo 4649. El BID otorgará un crédito de 26,4 millones, mientras que el TGN aportará 1,6 millones.
Mendoza aseguró que el Gobierno nacional asume el crédito de las financiadoras y ambos acuerdos serán trasladados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente aprobación.
El Censo de Población y Vivienda se llevará a cabo el 16 de noviembre. Actualmente se lleva a cabo una etapa preparatoria denominada actualización cartográfica.
Mendoza aseguró que esta fase tiene un avance importante con la entrega de formularios y revisión por los gobiernos municipales. Dijo que la actividad tiene el fin de segmentar al país en viviendas y unidades familiares, amanzanadas, para luego calcular la cantidad de personal que será desplazada en el relevamiento de datos.
Mientras el Ministerio de Planificación y el INE avanzan en las acciones preparatorias, surge una serie de críticas a la transparencia con la que se maneja el proceso. El pasado lunes, un grupo de personas conformado por legisladores, dirigentes cívicos, gremiales y vecinales presentaron una acción popular en contra del director del INE, Humberto Arandia, para exigir información respecto al censo y que permita el control y la participación ciudadana.
En la oportunidad, el segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lamentó que el INE no haya respondido a una serie de requerimientos que hicieron representantes cruceños sobre el trabajo de preparación del censo
Al respecto, la Ministra de Planificación dijo que la acción popular está en manos de la justicia y exhortó a los operadores que consideren el cronograma de socialización que está en marcha por parte del INE.
“No se puede sesgar la información del censo hacia un sector con intereses particulares, por tanto, la transferencia de la información tiene que dar la garantía que es para toda la población”, dijo la autoridad y recordó que el empadronamiento censal es competencia privativa del ámbito central del Estado, con el brazo operativo del INE.
Descartan incluir categoría “mestizo”
La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, descartó la inclusión de la categoría “mestizo” en las consultas del Censo de Población y Vivienda 2022, porque sería un retroceso e implicaría una característica discriminatoria.
“Sobre el tema mestizo, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas que data de hace muchísimos años, donde no se incluyen tipologías de raza humana, por lo tanto, sería un retroceso y sería una característica totalmente discriminatoria”, dijo.
La iniciativa de incorporar la categoría “mestizo” en el censo fue presentada por el diputado opositor José Ormachea, con el objetivo de que se establezca como autoidentificación cultural, tomando en cuenta que se omitió en el censo de 2012.
