El Senado de Bolivia aprobó la derogación de la polémica ley que desató una ola de protestas contra el Gobierno de Luis Arce

La anulación fue autorizada en el Congreso y será remitida al Ejecutivo para su inmediata promulgación

Infobae

El Senado de Bolivia aprobó por unanimidad este martes la derogación de la polémica ley 1386, de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La discusión en la Cámara Alta del Congreso se prolongó por casi 8 horas y comenzó luego de que la Cámara de Diputados aprobara esta madrugada el proyecto de abrogación de la mencionada ley tras más de 6 horas de debate por un apunte del partido del Gobierno, que señalaba que la derogación se debía a la “desinformación generada” y ante un posible segundo “golpe de Estado”.

En su documento de exposición de motivos por el cual se procedía a anular la norma, el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) aprovechó para recordar el “golpe de Estado” por el cual el que fuera presidente del país, Evo Morales, tuvo que dejar su cargo, algo que provocó el enfado de la mayoría de las bancadas de la oposición, que llegaron incluso a votar en contra, apuntó el diario El Deber.

“Por la desinformación generada intencionalmente, hay aspectos que inquietan a algunos sectores transportistas y gremiales, que han presentado propuestas para mejorar la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, a fin de que no exista su susceptibilidad de que afectará a otros sectores”, recoge el documento del MAS.

Además, en este mismo se apunta a una “agenda política” de sectores que cuestionaron la ley a través de “manipulaciones” que tienen el objetivo de “desestabilizar al Gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo boliviano”.

La ley 1386 generó protestas en todo el país (EFE/Jorge Abrego)

En base a estos dos argumentos, el gobierno de Luis Arce afirma haber escuchado a las organizaciones sociales del país, y ha tomado la decisión de abrogar la mencionada ley para que así no existan excusas que avalen una paralización de la economía ni “intereses particulares” que empleen fuerzas paramilitares “del mismo modo que hicieron durante el golpe de Estado de 2019″.

Ante estas afirmaciones, la oposición intentó que se eliminasen dichos párrafos e incluso el conjunto del documento por considerar que se criminalizaba la protesta de sectores de la ciudadanía.

Frente a la situación de estancamiento, el líder de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, propuso la eliminación de un párrafo en el que se apuntaba a “personas inescrupulosas” como las causantes de “desinformación a la población” y generadores de “zozobra y preocupación”.

Por su parte, diputados de Comunidad Ciudadana (CC) agradecieron esta propuesta de Arispe aunque defendieron la eliminación del conjunto del documento, momento en el que el presidente de la Cámara, Freddy Mamani, salió al paso para recordar que ya se había eliminado parte del texto.

A esta petición de CC le han sucedido otras de cuatro opositores en la misma dirección y que, finalmente, han concluido con la rotunda negación de Mamani.