Arias se acoge al silencio y pide que Evo deje de «marcar» la agenda del Gobierno

La Paz, Página Siete Digital

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se presentó este jueves ante la Fiscalía y se acogió a su derecho al silencio, en un caso que data de 2016, cuando Luis Revilla estaba en el Palacio Consistorial. El burgomaestre afirmó que este caso es “una cosa sin sentido” e instó al Gobierno a que prescinda de Evo Morales a la hora de “marcar la agenda”. "Me he acogido al derecho al silencio porque la acusación no tiene sentido, es una cosa que deberían haberle hecho al anterior alcalde. El anterior alcalde es el autor de todo esto y la activan conmigo, cuando nosotros, ni bien hemos conocido el caso, hemos dado cumplimiento. Es una cosa sin sentido, es perder el tiempo", sostuvo a su salida. 

"Una vez más, no es el tema de justicia sino es el tema de activar, molestar y perjudicar. Yo pido muy respetuosamente al Gobierno, al presidente Arce, que se desmoralice, que ya no sea el señor (Evo) Morales el que marque la agenda del Gobierno. El país necesita perdón, reconciliación, necesitamos ir hacia adelante", agregó. 

El caso proviene de una acción constitucional que realizaron tres exfuncionarios de la Alcaldía y se dispuso su reincorporación. La gestión de Arias dio cumplimiento a esta sentencia el anterior mes, aseguró el burgomaestre. 

Según detalló Arias más temprano, conoce de forma extraoficial que existen otros cuatro procesos en su contra que "están armando" y aseguró que se presentará a cada uno de ellos. "Nosotros estaremos listos. No nos vamos a ir, no vamos a escapar", recalcó.

Desde el inicio de la gestión del alcalde Arias, la autoridad afronta almenos  siete procesos judiciales activados desde distintos ámbitos del Gobierno y la justicia. Con la nueva citación, es el octavo proceso al alcalde. 

En septiembre tuvo que comparecer en la Fiscalía por un supuesto caso de discriminación contra César Dockweiler, candidato a la Alcaldía del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Arias ya cumple arraigo y además una fianza impuesta por un supuesto caso de nombramiento ilegal de funcionario público, cuando era ministro de Obras Públicas en 2020.