Víctimas de Senkata, entre presión política, división y el pedido de reparación integral
El Alto, Página Siete
Entre la división y la presión política, las víctimas de Senkata exigen una reparación integral libre de tintes políticos. Piden que se cumpla con el censo de todos los afectados de forma imparcial, tal como recomendó la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).“No queremos que nuestros muertos sean usados como bandera política. Queremos justicia”, afirmó Alison Ramírez, una de las viudas de los muertos de Senkata, que el viernes participó en la marcha de víctimas de las masacres.
Pero no sólo se trata de los fallecidos y los heridos, sino de los torturados y detenidos injustamente, que fueron reconocidos como víctimas en el informe del GIEI.
La entrega del informe del GIEI a las víctimas de Senkata. / Foto: CIDH
“Ahora tenemos ese documento que dice que debe haber una reparación integral y con el que vamos a pedir la modificación del Decreto Supremo 4176 de ayuda a las víctimas. Ahora se comprobó que fuimos afectados, porque antes para la sociedad no eramos víctimas, eramos lo peor”, manifestó la representante de los detenidos en El Alto, Marcela Calle.
Afirma que la única forma de obtener una reparación real es que ésta no sea política y brinde una justicia imparcial para todos. Y para ello es necesario un censo de todas las víctimas en todo el país que parta desde el Estado.
“El GIEI recomienda la elaboración de un censo de víctimas. Hasta el momento no las habíamos dejado de lado, pero habíamos atendido prioritariamente a las viudas, a los heridos más graves y esto debe ampliarse a otras víctimas. En ese caso, vamos a partir de un censo que debe estar a cargo de Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), que está preparando todos esos elementos”, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Sin embargo, las víctimas ya han presentado observaciones, puesto que el censo se está impulsando desde el Sepret con presiones para alinearse a la denuncia del Ministerio de Justicia.
Con el fin de unificar la búsqueda de justicia, hasta El Alto arribó una comisión de Sacaba-Huayllani. La representación sostuvo una serie de reuniones para conformar un solo bloque.
“Nos hemos reunido para hacer conocer nuestra molestia. Más de un año y nueve meses y no hay ningún responsable por Senkata y Sacaba. La señora Jeanine Añez no está detenida por las masacres ni por los delitos de lesa humanidad, sino por el golpe de Estado”, observó el dirigente cochabambino Ismael Marquina.
“Yo quiero encontrar justicia y no quiero que nos usen de bandera y politicen lo que pasó. Había gente bloqueando, no es que no, pero ellos se han cubierto entre los muros. Mi hermano sólo pasaba por el lugar, la bala le entró por la espalda. Queremos justicia, pero de ambos bandos quieren politizar el tema”, señaló Nancy Jamachi a Radio Deseo.
“El Gobierno no nos toma como prioridad, pese a que en su campaña vino a hablar con las víctimas. Hasta ahora no ha hecho nada y sólo nos han dividido llevando a su bando a una parte de los familiares de los muertos. Es lamentable que el Gobierno actúe así”, afirmó Ramírez.
Las viudas de las víctimas exigen justicia. Foto: Carlos Sánchez / Página Siete
“Han manchado el nombre de mi esposo, tiene que haber imparcialidad”
Calixto Hunaco era padre de dos niños, esposo y costurero. En medio del conflicto de 2019 él y su esposa habían empezado la confección de 30 chamarras. Les faltaban los cierres y después de varios días sin trabajar les urgía terminar las prendas.
No era militante y tampoco parte de los bloqueos. En su casa se acababa la comida y él sólo necesitaba acabar y vender sus chamarras. Cerca del mediodía, cuando los cisternas dejaban Senkata, salió de su domicilio en el barrio Nueva Esperanza a buscar material y ya no volvió.
“Hasta ahora no sé qué pasó con mi esposo. La justicia no avanza, tiene que hacer su trabajo”, sostiene Alisón Ramírez, viuda de Calixto.
Han pasado 21 meses desde que Página Siete la encontró en la morgue del Hospital de Clínicas tratando de recuperar el cuerpo de su esposo, pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿quién? ¿cómo?.
Ya se han emitido casi una decena de informes sobre lo ocurrido en aquella jornada, incluyendo el del GEIE, pero ninguno le dio una respuesta definitiva.
Calixto no falleció en esa jornada sino siete días después, internado en una unidad de terapia intensiva donde sufrió una muerte cerebral. Tenía una bala en el cerebro y los gastos se acumularon de golpe sin que nadie le brinde ayuda. Su deceso se supo días después cuando una comisión de Derechos Humanos llegó hasta El Alto.
“Quiero justicia para mi esposo, han manchado su nombre diciendo que era del MAS, que era terrorista, lo siguen haciendo. Y ahora el Gobierno me lo usa como bandera política”. dice su viuda.
División a la sombra de la presión política
“Me han llamado para que me adhiera al grupo de víctimas que está con el Ministerio de Justicia y si no lo hago no seré tomado en cuenta en la reparación”, relató una de las personas afectadas por la masacre en Senkata. Tras ser consultada sobre aquel que hizo la llamada prefirió no revelar su identidad.
Los afectados señalan que ésta es sólo una de las presiones políticas de las que son víctimas desde hace mucho tiempo para fracturar a la asociación que aglutina a familiares de los muertos, heridos y detenidos.
Ya en noviembre de 2020 las víctimas aclararon que no pertenecían a ningún partido político y denunciaron que se había creado una dirigencia “apócrifa” encabezada por Marley Laso, entonces candidata a senadora por el MAS. Indicaron que Laso trató de dividir el grupo para conseguir réditos a costa de los afectados.
Cinco meses después, en abril de 2021, la Asociación emitió un voto resolutivo en el que declaraba persona no grata a Nadeshda Guevara, quien en varias entrevistas mostró su afinidad con el MAS y afirmó ser la representante de las víctimas de Senkata. La denunciaron por “hurto de documentación de los heridos y fallecidos” que fue usado para conseguir “réditos político-partidarios”. Actualmente es la directora general del Sepret, una entidad descentralizada de Justicia.
A principios de julio pasado, una nueva división tomó por sorpresa a la asociación, cuando de la noche a la mañana y tras reunirse con representantes de ese ministerio, familiares de ocho de los 10 fallecidos decidieron alejarse para iniciar una denuncia con la cartera estatal, la que fue recibida en cinco días cuando la que impulsan las víctimas lleva dos años sin avances.
Además de ayuda económica, DS estableció becas, alimento y trabajo
Los decretos supremos 4100 y 4176 de “otorgación de ayuda social humanitaria a los heridos y familiares de los fallecidos, producto de los conflictos suscitados entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019” establecen cuatro tipos de ayuda: económica, alimenticia, educativa y laboral. Algunas ya fueron entregadas, otras aún están en espera, al igual que el principal punto de la reparación: el esclarecimiento de los casos.
De acuerdo con la documentación de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, a la que Página Siete tuvo acceso en noviembre del año pasado, hasta 10 días antes del cambio de mando, las familias de 19 de los 37 fallecidos que hubo en el país recibieron 100 mil bolivianos, cada una, ya sea de forma completa o fraccionada.
De esas ayudas económicas, 16 correspondían a las víctimas de La Paz y El Alto (incluyendo el caso del activista Julio Llanos que murió como consecuencia de una agresión por parte de afines a Evo Morales), dos a las de Montero en Santa Cruz y una a un afectado de Cochabamba. Los heridos de Sacaba-Huayllani no hicieron el trámite.
El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, explicó que conforme a lo acordado con el gobierno de transición, esa ayuda no es una indemnización. Tampoco es una condicionante o excluye que las víctimas acudan a instancias judiciales, como se pretendía hacer en el primer decreto, porque no se trata de una indemnización o resarcimiento.
“Esa (la indemnización) sólo puede ser determinada en un juicio y no hemos llegado a esa instancia. Se trata sólo de una ayuda humanitaria, aprobada en un decreto, que no será cumplida hasta que no llegue a todas las víctima del país”, afirmó.
Pero las víctimas de Cochabamba no son las únicas que no accedieron al beneficio. La norma establece una ayuda económica para los heridos, además del pago o reembolso de los gastos médicos.
Sin embargo, la documentación exigida y la burocracia dificultaron el acceso. Por este motivo ninguno de los heridos de las emboscadas de Vila Vila o Playa Verde accedieron al beneficio económico.
El decretó también autorizó al Sedem otorgar por el período de 12 meses, computables a partir de la publicación del DS, la transferencia público-privada en especie por un valor de 500 bolivianos. Esta dotación debió entregarse a un representante familiar de cada fallecido o a la persona herida.
De la misma forma, el Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, debía gestionar cupos de acceso directo a las unidades educativas fiscales y becas de estudio en universidades privadas o institutos tecnológicos en favor de los heridos y de los familiares de los fallecidos. Se conoce que pocos familiares pudieron acceder a esta determinación.
Asimismo, se ordenó que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el marco de sus competencias, dé prioridad a las víctimas en su bolsa de trabajo. De allí que algunos familiares de los fallecidos se encuentren en cargos en varios ministerios, algo que fue observado por exlegisladores.
24 muertes civiles a las que no se dieron atención
“Nos han dado una muerte civil, estamos muertos en vida”, afirma M. F., uno de los detenidos en Senkata. “No agarraron, nos torturaron y nos presentaron como terroristas. Eso ya no se borra, ¿quién responde por ese daño?”, pregunta. Él es uno de los cientos de aprehendidos.
“Nuestra vida cambió. Hemos quedado con una marca”, coincide Marcela Calle, representante de los detenidos del 11 de noviembre de 2019, en El Alto.
En su caso, el detenido fue su esposo. Junto con las madres, esposas y familiares de otros 23 detenidos vive un viacrucis para restablecer los derechos de sus familias, que son sólo una parte de todos los aprehendidos.
Como primer paso, lograron el sobreseimiento de los suyos, pero es sólo el inicio. Aún les faltan varios pasos.
El GIEI comprobó que los detenidos en 2019 sufrieron torturas pero, a diferencia de los heridos y fallecidos, no recibieron ayuda estatal alguna para aliviar sus heridas o las idas y venidas entre las oficinas judiciales que ya se extienden por casi dos años. Buscan comprobar que no tenían conexión con las protestas, que sólo estaban en el lugar equivocado... de paso o por curiosidad o por imprudencia.
Es el caso del esposo de Calle, quien salió en busca de víveres y se acercó demasiado a una vigilia vecinal. Fue detenido cerca de las 14:00 de ese día, lo agarraron los vecinos porque no portaba identificación. No trató de huir y cuando vio a la Policía le pareció que sería mejor, pero no fue así.
Fue llevado a la Felcc, donde le quitaron el celular y le dijeron que en un par de horas lo soltarían. Pero al pasar el tiempo más personas fueron arrestadas -en su mayoría jóvenes- y la situación fue cambiando.
En lugar de dejarlo libre, lo pusieron de rodillas junto a los demás. Le ataron las manos con un alambre y le pusieron una bolsa negra en la cabeza para evitar que vea a quien pasaba entre ellos para golpearlos.
“Cuando me contó, no le creí. Estaba muy molesta por como había sido imprudente y se había expuesto sin motivo, al punto de aparecer en todas las redes sociales como si fuera un terrorista, un saqueador. Mis hijos son jóvenes y en la universidad y en el colegio les dicen: ‘Tu papá había sido masista, terrorista’. Y hasta les han pegado echándoles en cara que tiene antecedentes y que estuvo en la cárcel. Eso ¿quién va a reparar?”, insiste.
Cuando se habla de reparación, hay varios puntos por tocar: lo psicológico, lo físico, lo económico... la dignidad.
Los familiares han perdido la cuenta de los gastos que han hecho y hacen en abogados, en el pago de celdas y seguridad en el penal de San Pedro, en garantías. Las deudas crecieron con todos los pagos que nunca imaginaron y empeoraron en pandemia.
De los 24 detenidos que lograron el sobreseimiento, sólo cuatro eran adultos, el resto apenas pasaba los 20 años y ninguno tenía antecedentes. Todos dejaron de estudiar o de trabajar, primero porque estaban presos, luego porque cumplían detención domiciliaria y ahora porque tiene antecedentes que aún no se han limpiado y su rostro ya fue presentado en las redes.
“Muchos han perdido su casa porque no los querían ni como inquilinos”, afirma Calle. En otras palabras, les dieron una muerte civil. “Tiene que haber justica y debe ser para todos”.
