Bolivia cerró una semana en la que el MAS subió su tono contra la Iglesia y los opositores
El pedido de investigar a los expresidentes Lenín Moreno y Jeanine Áñez por delitos de “lesa humanidad” por el préstamo de armamento y la convocatoria de la Fiscalía a declarar al Carlos Mesa por el caso de supuesto “golpe de Estado” marcaron el inicio de días intensos en el ámbito político.
Iván Lima, ministro de Justicia, llegó a ofrecer “garantías” al jefe de Comunidad Ciudadana (CC), asegurando que no será aprehendido si acude a la citación; a la par de eso se conocía la memoria de la Iglesia Católica sobre los diálogos de pacificación, que reveló que Susana Rivero y Adriana Salvatierra no quisieron asumir la Presidencia y que el MAS aceptó participar en la sesión en la que se reconocería a Jeanine Áñez.
El miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ya exigía que el exmandatario ecuatoriano se “disculpe” por el envío de gases y municiones a Bolivia durante las protestas de organizaciones sociales, mientras que el jefe del MAS, Evo Morales, llamaba “cómplices” a los integrantes del clero por la crisis que lo alejó del poder.
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Similar discurso expresó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien dijo que existen todos los elementos para cerrar el caso del supuesto “golpe”, sugirió abrir una segunda o tercera causa, e indicó que quienes hablar de “persecución” son coautores de los hechos.
En igual actitud, Wilfredo Chávez, procurador General del Estado, arremetió contra Mesa. Le sugirió dejar de esconderse debajo de las “sotanas” de “frailes” y consideró que la cúpula de la Iglesia debía ser citada para declarar ante la Fiscalía por su participación en los sucesos registrados antes y después de la dimisión de Evo.
A esos hechos se suman los pronunciamientos contra el Comité Cívico pro Santa Cruz, cuyo presidente, Rómulo Calvo, se reunió con el secretario general la OEA, Luis Almagro; los pedidos de investigación contra Virginio Lema, excandidato del MNR, por pedir la renuncia de Luis Arce.
Pero eso no es todo, también figura el planteamiento de iniciar una investigación contra Salvador Romero y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por demorar la validación de la victoria electoral del MAS en los comicios de 2020; y el planteamiento de un proceso penal por audios en los que el extitular del Ministerio Defensa, Fernando López, presuntamente conspiraba antes que Arce jurara como presidente.
