Trabajadores de la salud de Chile denuncian una “agresividad pandémica” de parte de familiares y pacientes con COVID-19
Se han registrado numerosos hechos de violencia en recintos hospitalarios, incluyendo balaceras y golpes que han dejado a personal médico lesionado
El pasado lunes una situación insólita se vivió dentro del Hospital Van Buren ubicado en Valparaíso, ciudad costera ubicada a 120 kilómetros de Santiago. En este establecimiento de salud un hombre de fue trasladado a la sala de reanimación por estar aparentemente inconsciente, pero al ser apoyado por el personal clínico “la persona se incorporó y comenzó a gritar y agredir al personal”, según consta en la declaración firmada por el director del recinto.
“El individuo que lo acompañaba se sumó a los actos violentos, rompiendo las ventanas de la recepción, lanzando una silla de rueda a los funcionarios y quebrando otros vidrios, amenazando con los mismos trozos de vidrio y un cuchillo a los presentes”. En el mismo hospital se desconocen las “razones de la reacción” y ya anunciaron que recurrirán a la justicia tras el ataque.
Desde el inicio de la pandemia, los equipos médicos han pasado a ser más necesarios y destacados que nunca. En Chile se les define “primera línea” de salvación para pacientes graves y críticos de todo tipo, asumiendo no solo la salud de los pacientes, si no que incluso apoyando emocionalmente a familiares y cercanos en momentos de difícil pronóstico.
Por lo anterior, en Chile el trabajo de los equipos de salud ha sido bien percibido. Una encuesta realizada por la empresa Ipsos y la Universidad Andrés Bello, en octubre pasado, reflejó que la sociedad chilena pone nota 5,1 a los profesionales y técnicos de la salud, y entrega a ellos un 45% de respaldo por su “labor de excelencia”, confirmando así la importancia de estos.
Sin embargo, estar en la primera línea de atención sanitaria no ha sido fácil, y tampoco lo era antes del inicio de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, el 2019 se registraron 1.274 agresiones contra este personal en Chile, es decir, 3 ataques diarios en promedio concretados por familiares o pacientes que pierden la tranquilidad frente a un procedimiento.
Los casos se suman. En enero de este año, familiares de un fallecido por coronavirus ingresaron al Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo, en Santiago, para destrozar la zona de urgencias. ¿La razón? supuestamente el personal de salud les negó la posibilidad de cambiar de ropa a la víctima, lo que generó la rabia del grupo.
La reacción de los atacantes provocó la protesta de los funcionarios de salud, quienes paralizaron sus funciones y solo atendieron en turnos éticos.
Para Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), las agresiones se entienden porque la emergencia nacional ha provocado en la comunidad una “agresividad pandémica”. La funcionaria cree que “la gente no controla sus emociones”, y que al no ser atendidos de inmediato, las personas provocan “groserías, amenazas y destrucción de infraestructura”.
Los casos de violencia hacia los funcionarios de salud han escalado a situaciones peligrosas, en algunos casos involucrando ataques armados en su contra. En la localidad de Tirúa, al sur de Chile, el 26 de enero 5 funcionarios de salud fueron atacados por desconocidos armados y vestidos con trajes militares, quienes interceptaron el camino de los funcionarios.
En aquella oportunidad, 4 funcionarios resultaron heridos con “lesiones menos graves y leves, sin compromiso vital”.
Para Vanessa Venegas, vocera de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), les “preocupa” que funcionarios de salud desarrollen sus funciones “ante bajas medidas de seguridad”. Además, Venegas agregó que las agresiones contra los funcionarios sanitarios “son más comunes de lo que se cree”.
En la ciudad de La Serena ocurrió otra agresión que impactó al país. Esta vez, un médico fue agredido por un sujeto que acompañaba a una mujer herida en una de sus manos, quien se descontroló y agredió al personal. Lo anterior provocó que el Colegio Médico de Chile presentara una querella contra el atacante y respaldaron al funcionario atacado.
Ley que castiga a los agresores
Debido a los altos casos de violencia, el 2019 se aprobó y entró en vigencia la “Ley Consultorio Seguro”, lo que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
La ley fue aprobada el 19 de noviembre del 2019 y establece la obligación de informar este tipo de ataques y garantiza el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores víctimas de agresiones.
Sobre las sanciones, la ley estableció la aplicación de penas que pueden llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) o presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
