Pese a críticas, la disminución de envíos de gas a Brasil era inevitable
El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos aseguró que las declaraciones de Huanca no tienen ningún asidero técnico y que lo único que busca es restar votos a Montes. Similar impresión tienen los analistas Raúl Velásquez y Francesco Zaratti.
Sin embargo, el pasado 4 de marzo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, durante la audiencia de rendición de cuentas final 2020 de esta cartera de Estado, también mencionó que la octava adenda generó un impacto “bastante negativo”.
La autoridad dijo que, antes de la octava adenda, el contrato establecía un envío máximo de 30,1 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y un mínimo de 24 MMm3d. Con la adenda el volumen máximo bajó a 20 MMm3d y el mínimo a 14 MMm3d.
Según él, la reducción hizo que las regiones dejaran de percibir al menos 217 millones de dólares, mientras que la decisión de asumir el costo de transporte del gas desde la planta de Río Grande hasta Mutún —frontera con Brasil— ocasionó una pérdida de 70 millones de dólares.
Ese trayecto tiene una longitud de al menos 670 kilómetros. Antes de la octava adenda, el costo del transporte era responsabilidad de Petrobras.
En opinión de Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, Bolivia estaba imposibilitada de cumplir con sus contratos de exportación, además del mercado, por lo que YPFB, durante el gobierno de transición, no tuvo más alternativa que reducir los volúmenes con el mercado brasileño.
Y es que, para mantener las condiciones anteriores, el país necesitaba contar con una producción de 64 MMm3d, pero al momento de negociar la adenda, en diciembre de 2019, llegaba sólo a 45 MMm3d.
El verdadero daño económico se hubiera dado, según el analista, al mantener las condiciones anteriores, puesto que YPFB, por su baja producción de gas, estaba expuesta a constantes multas por incumplimiento de envíos, como ocurrió en 2018 cuando pagó a Petrobras una penalización superior a los 100 millones de dólares.
“Hay que mencionar que el actual Gobierno en diciembre (de 2020) ha renegociado una adenda con Argentina que implica menores volúmenes de los que estaban comprometidos en la adenda que se firmó 2010”, dijo Velásquez.
En ese sentido, explicó que las adendas con Brasil y Argentina se realizaron ante la necesidad de adecuar los contratos a la verdadera capacidad de producción de gas de Bolivia.
Por su parte, Zaratti afirma que la octava adenda con Petrobras, antes que un buen o mal negocio, fue una negociación inevitable, dado que le permitió a YPFB eludir el pago de multas y cumplir sus compromisos de exportación con Argentina.
“Por su parte, Brasil buscaba disminuir la dependencia del gas boliviano. De modo que hubo conveniencia mutua”, dijo.
Respecto a la decisión de YPFB de asumir el costo de transporte del gas desde la planta de Río Grande hasta Mutún, que es criticada por el Gobierno nacional, Zaratti señaló que es normal que el gas se entregue en frontera y que cada país asuma los costos de transporte en su respectivo territorio.
Sobre el tema, Velásquez añadió que el contrato original finalizó el 31 de diciembre de 2019 y que a partir de ese momento ambas empresas entraron en un periodo de conciliación. A partir de entonces, las condiciones fueron diferentes, pues era poco probable que Petrobras acepte seguir pagando el transporte de gas en territorio boliviano.
Bolivia debía producir 82 MMm3d de gas en 2020, pero sólo llegó a la mitad
La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, un documento presentado el año 2008 durante el gobierno de Evo Morales, pronosticaba una producción de gas natural de 82,5 millones de metros cúbicos día (MMm3d) en la gestión 2020; sin embargo, la producción solamente llegó a 43 MMm3d.
Éste es un factor que llama la atención del analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, quien afirma que es necesario que las autoridades del sector, además de los legisladores, analicen los motivos de la disminución de la producción de gas que se registra de modo sostenido desde la gestión 2015.
“Creo que sería pertinente que los nuevos diputados y senadores, en esta dinámica de analizar con mayor profundidad el sector hidrocarburos, busquen el origen de los problemas: ¿por qué no se ha cumplido la estrategia boliviana de 2008 que proyectaba un crecimiento constante en la producción de gas?”, dijo.
El analista también hace referencia al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos, presentado en 2016, que proyecta un incremento de la producción de gas a 73 MMm3d en la gestión 2019, una meta que tampoco fue cumplida y que actualmente no es cuestionada por las autoridades de Gobierno.
El mencionado documento también proyectaba un incremento de las reservas probadas de gas natural a 17,45 trillones de pies cúbicos (TCF) y un aumento en las reservas de hidrocarburos líquidos a 411 millones de barriles.
Sin embargo, la última certificación presentada por YPFB indica que, hasta la gestión 2018, las reservas de gas llegaban a 8,95 TCF y las de hidrocarburos líquidos a 197,23 millones de barriles.
Sepa más
La renta petrolera fue -15% de lo programado
Según datos de YPFB, la renta petrolera en 2020 legó a 1.623 millones de dólares, un 15 por ciento menos que los 1.901 millones programados.
Urge nueva Ley de Hidrocarburos
Analistas en hidrocarburos coinciden en afirmar que una de las medidas que requiere la reactivación del sector es la modificación de la ley para atraer inversiones.
