Parlamento Europeo condena la detención de Áñez y pide su liberación
Por su parte, socialdemócratas, verdes e izquierda habían propuesto una resolución alternativa en la que pedían "una solución en un marco de justicia transparente y sin presiones políticas para las acusaciones de los acontecimientos de 2019", incluida la detención de Áñez, así como el respeto a sus derechos mientras permanezca retenida.
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No obstante, sólo prosperó la primera de las dos resoluciones, la impulsada por el ala derecha del hemiciclo comunitario.
Áñez está en detención preventiva desde hace más de un mes por el caso "golpe de Estado", basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.
En este contexto, el Parlamento Europeo recalca que Áñez "cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial" que dejó Morales y recordó que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Jeanine Áñez.
En el debate parlamentario sobre este asunto, el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, subrayó que Bruselas ya ha pedido públicamente que las acusaciones contra Áñez vinculadas a los eventos de 2019 se aborden en un proceso judicial "transparente y justo, con plena independencia, sin presión política y con pleno respeto a la división de poderes".
La delegación comunitaria en La Paz está en contacto con la familia de la expresidenta interina y con el representante de Naciones Unidas que visita a Áñez en prisión de manera regular.
En su resolución, la Eurocámara "expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y por la prevalencia de problemas estructurales; observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la Justicia y, de manera más general, merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional".
Los eurodiputados piden a Bolivia "cambios estructurales y reformas" en la composición de su sistema judicial y que se aborde la "cuestión generalizada" de la corrupción en el país, así como a modificar las definiciones de terrorismo en el Código Penal para que sean más proporcionales.
Además, piden a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del Gobierno de Morales de 1,6 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona.
