Denuncian que Rusia utiliza la pandemia “como pretexto para seguir reprimiendo las voces opositoras”
En su informe anual sobre violaciones de derechos humanos en el mundo, la ONG Amnistía Internacional cuestionó distintas maniobras del régimen de Vladimir Putin contra cualquier forma de disidencia
En el capitulo dedicado a Rusia, el reporte anual señaló que allí “la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto la escasez crónica de recursos en el sistema de salud” y que “las autoridades utilizaron la pandemia como pretexto para seguir reprimiendo toda forma de disidencia, con medidas como reformar una ley de redacción imprecisa sobre ‘noticias falsas’ y endurecer las restricciones de las concentraciones públicas”.
El informe advirtió que en los últimos 12 meses en Rusia “se detuvo y procesó a personas que se manifestaban pacíficamente, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los ámbitos civil y político” y “se intensificó la persecución de los Testigos de Jehová”.
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También reportó que, entre 2020 y 2021, “la tortura seguía siendo endémica, al igual que la impunidad casi total de sus responsables. El derecho a un juicio justo se vulneraba de manera habitual, y las reformas jurídicas introducidas dieron lugar a que se redujera aún más la independencia judicial”.
“Las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar experimentaron un fuerte aumento durante la aplicación de las medidas de confinamiento por el COVID-19; pese a ello, el anteproyecto de ley sobre este tipo de violencia continuó estancado en el Parlamento. Las personas LGBTI seguían siendo objeto de discriminación y persecución”, subrayó el segmento del informe dedicado a la nación dirigida por Vladimir Putin desde 1999.
Y añadió: “Miles de trabajadores y trabajadoras migrantes perdieron el empleo durante la pandemia, pero no pudieron abandonar el país debido al cierre de las fronteras. Y se conocieron indicios que corroboraban las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Siria por las fuerzas rusas”.
Además, el informe resaltó que “la pandemia de COVID-19 aumentó más la presión a la que estaba sometido el sistema de salud”, que “las cifras oficiales e independientes sobre las tasas de contagio y mortalidad variaban considerablemente, lo que indicaba que las del gobierno eran inferiores a las reales” y que “los miembros del personal sanitario, o de otros grupos, que denunciaban irregularidades hicieron frente a represalias, entre ellas medidas disciplinarias y procesamientos por difundir ‘noticias falsas’”.
Al mismo tiempo, señaló que “continuaron el hostigamiento, los enjuiciamientos y las agresiones físicas a periodistas” en Rusia, y citó varios casos: “El 30 de junio, la policía de San Petersburgo agredió al reportero David Frenkel en un colegio electoral y le rompió el brazo. El 15 de octubre, unos hombres enmascarados secuestraron al periodista de Jabárovsk Sergei Plotnikov, lo llevaron a un bosque, lo golpearon y lo sometieron a un simulacro de ejecución. Cuando lo dejaron libre, Sergei Plotnikov denunció el incidente ante la policía, pero, al terminar el año, no había sido informado de la apertura de ninguna investigación”.
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“Continuó la censura de Internet (...) En diciembre, el presidente Putin firmó una ley que introducía sanciones a las plataformas de Internet extranjeras por bloquear contenido de medios de comunicación rusos. Otra ley promulgada en diciembre introdujo el encarcelamiento por la difamación en Internet”, repudió Amnistía Internacional.
En cuanto a la represión de la disidencia, la investigación reconoció que en Rusia los activistas de oposición y otras voces disidentes afrontaron fuertes represalias. “En el marco de una causa penal de motivación política contra la Fundación Anticorrupción del líder de la oposición Alexei Navalny, en enero se congelaron 126 cuentas bancarias de sus socios, tras lo cual se abrieron causas penales y civiles contra él y otras personas por difamación. El 20 de agosto, Alexei Navalny enfermó en un vuelo que había partido de Tomsk. Fue hospitalizado de urgencia y posteriormente fue trasladado en avión a Alemania, donde le diagnosticaron envenenamiento con un agente neurotóxico de uso militar. Las autoridades rusas no investigaron el envenenamiento”, destacó sobre el caso del opositor que fue condenado a prisión en febrero y que ahora se encuentra en huelga de hambre.
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El informe de Amnistía Internacional criticó también que se empleara “activamente una legislación sobre ‘agentes extranjeros’ y ‘organizaciones indeseables’ para difamar a ONG independientes, privarlas de financiación y penalizar fuertemente a su membresía”.
Y explicó: “En diciembre se firmó la entrada en vigor de nuevos cambios legislativos draconianos que, entre otras cosas, hacían extensivas al personal de ONG, grupos no inscritos en registro y personas particulares las disposiciones sobre ‘agentes extranjeros’. En abril, la ONG de educación Projectoria fue obligada a inscribirse en el registro como ‘agente extranjero’ para evitar multas, y su donante extranjero, Project Harmony, fue declarado ‘indeseable’. En octubre, se condenó a la activista Yana Antonova, de Krasnodar, a realizar 240 horas de trabajo forzoso por asociación con una ‘organización indeseable’, difusión de materiales de Rusia Abierta en Internet y participación en protestas unipersonales. Posteriormente se le impuso una multa en aplicación de nuevos procedimientos administrativos”.
Por último, entre los puntos más destacados del reporte, la ONG denunció que en Rusia “la tortura y otros malos tratos seguían siendo prácticas muy extendidas, y la cifra de sentencias condenatorias dictadas contra sus responsables era insignificante. Los procesamientos eran normalmente por ‘abuso de autoridad’ y concluían con la imposición de penas leves”.
