Dejan en libertad a policía chileno acusado de disparar y matar a malabarista
La Justicia chilena modificó la medida cautelar de arresto domiciliario y dejó en libertad al agente del cuerpo policial de Carabineros acusado de disparar y matar a un malabarista en el sur de Chile el pasado viernes.
El acusado, identificado como el sargento Juan González Iturriaga, fue imputado por homicidio simple con la medida cautelar de arresto domiciliario el pasado lunes, pero la Corte de Apelaciones de Valdivia aprobó dejarlo en libertad condicional, con arraigo nacional durante la investigación del caso.
El Tribunal accedió a la petición de la defensa al considerar que hubo "legítima defensa" en el actuar del acusado.
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de policías abordó al artista callejero Francisco Martínez, de 27 años, para realizar un control de identidad.
Según muestran imágenes difundidas a través de redes sociales, en el marco de este procedimiento rutinario, uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo callejero antes recibir varios disparos y ser abatido.
El episodio desató una ola de protestas en varias ciudades del país, entre ellas Panguipulli, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas al tiempo que fueron incendiados un total de diez edificios de instituciones públicas.
El cuerpo de Carabineros, cuestionado por la brutalidad con la que reprimió las protestas de 2019 contra la desigualdad, indicó en una declaración que los agentes actuaron en "legítima defensa propia".
Según explicó el fiscal a cargo del caso, Juan Agustín Meléndez, el agente disparó un total de seis disparos y el último, el que le provocó la muerte al malabarista, fue "innecesario e injustificable" puesto que antes, la víctima ya había recibido tres balas (en pie, muslo e ingle) y se encontraba tirada en el suelo.
El juez se mostró de acuerdo, aseverando que "el último disparo perpetuado no se encontraba amparado por el derecho".
Este episodio desató una ola de críticas hacia Carabineros por parte de organizaciones de derechos humanos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o Human Rights Watch (HRW) que reiteraron la "urgencia" de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer un uso de la fuerza "racional y proporcional".
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta.
El Tribunal accedió a la petición de la defensa al considerar que hubo "legítima defensa" en el actuar del acusado.
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de policías abordó al artista callejero Francisco Martínez, de 27 años, para realizar un control de identidad.
Según muestran imágenes difundidas a través de redes sociales, en el marco de este procedimiento rutinario, uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo callejero antes recibir varios disparos y ser abatido.
El episodio desató una ola de protestas en varias ciudades del país, entre ellas Panguipulli, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas al tiempo que fueron incendiados un total de diez edificios de instituciones públicas.
El cuerpo de Carabineros, cuestionado por la brutalidad con la que reprimió las protestas de 2019 contra la desigualdad, indicó en una declaración que los agentes actuaron en "legítima defensa propia".
Según explicó el fiscal a cargo del caso, Juan Agustín Meléndez, el agente disparó un total de seis disparos y el último, el que le provocó la muerte al malabarista, fue "innecesario e injustificable" puesto que antes, la víctima ya había recibido tres balas (en pie, muslo e ingle) y se encontraba tirada en el suelo.
El juez se mostró de acuerdo, aseverando que "el último disparo perpetuado no se encontraba amparado por el derecho".
Este episodio desató una ola de críticas hacia Carabineros por parte de organizaciones de derechos humanos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o Human Rights Watch (HRW) que reiteraron la "urgencia" de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer un uso de la fuerza "racional y proporcional".
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta.
