Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela reiteraron su compromiso para que “el narcorégimen ilegítimo de Maduro rinda cuentas por sus crímenes”
En un comunicado conjunto, las administraciones enumeraron nueve principios a partir de los cuales basan su cooperación. La lucha contra el narcotráfico, la aplicación de nuevas sanciones a la dictadura y los esfuerzos para combatir la corrupción y la recuperación de activos robados, entre ellos
El documento, publicado por el departamento de Estado del país norteamericano, esboza nueve “principios” a partir de los cuales basan su cooperación y continuarán haciéndolo en el futuro.
“Nicolás Maduro, el dictador ilegítimo venezolano y capo del narcotráfico, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no sólo de Venezuela”, advirtieron ambas administraciones a través de un comunicado conjunto.
Con el objetivo de que Maduro se enfrente a la justicia, Washington y el gobierno interino de Guaidó subrayaron la importancia de seguir comprometidos “a frenar el transbordo de drogas a través de Venezuela, a prevenir el cultivo y consumo de drogas ilícitas, a combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen y a impedir el lavado de dinero y las redes delictivas relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos”.
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En esa línea, coincidieron en la necesidad de “continuar la cooperación regional” y mantener las sanciones “dirigidas a personas clave que participan en el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas para limitar sus movimientos internacionales y transacciones financieras”.
En el marco de esta lucha contra la tiranía de Maduro, también hicieron hincapié “en la recuperación de activos robados” por parte del régimen chavista.
Otro de los puntos acordados menciona “la necesidad de crear la capacidad de las autoridades competentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y adoptar las medidas mencionadas contra el delito y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de un estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro”.
Este comunicado conjunto constituye una nueva acción de los gobiernos de Trump y Guaidó para terminar con la dictadura venezolana.
El pasado mes de marzo, Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a Maduro y ofreció 15 millones de dólares por datos que lleven a su arresto.
El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. “Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, acusaron las autoridades norteamericanas en un comunicado.
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Entre otros funcionarios y dirigentes, también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal, y Samark López Bello, un empresario con una serie crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.
Otro eje fundamental de la corrupción chavista es el empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde. El testaferro de Maduro fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante del país), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
