Procuraduría afirma que Cancillería no presenta indicios de responsabilidad y amplía requerimiento al BID

La Paz, Erbol
El procurador del Estado, José María Cabrera, afirmó que la Cancillería no presenta indicios de responsabilidad en el caso de las irregularidades en la compra de los 170 respiradores españoles. Además, señaló que se pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los documentos del caso.

“La ministra de Relaciones Exteriores por la documentación, por información pública extraoficial, como la cursa como manera oficial en las instituciones del Estado, no presenta absolutamente ningún indicio ni elemento de participación, de responsabilidad. Más por el contrario, con la colaboración inmediata quien remitió la primera información a la Procuraduría General del Estado fue precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló Cabrera en entrevista con la Cadena A.

Cabrera también habló sobre que la canciller Karen Longaric convocó al cónsul Alberto Pareja Lozada, para rendir informe de su gestión al margen del informe documental que dio.

El procurador manifestó que ya se encuentran revisando la documentación referida a la compra de los respiradores y que emitió un requerimiento al BID.

“El día de ayer hemos emitido un cuarto requerimiento procuraduril dirigido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su oficina nacional en Bolivia de manera que vamos acumulando progresivamente mayores elementos de prueba documentales de modo que en el tiempo más breve se pueda emitir un dictamen de la Procuraduría”, manifestó.

Cabrera también manifestó que se encuentran en una instancia de acercamiento y conciliación con la empresa IME Consulting.

“Si la empresa asume una posición inclusive de chantaje y de extorsión al Estado Boliviano, no se le vaticina éxito. El Estado boliviano no va a ceder a extorsiones y posiciones caprichosas de una empresa que además tiene que explicar y rendir cuentas de su participación”, aseveró.

Ayer se conoció que la empresa española IME Consulting amenazó con demandar a Bolivia por “daños y perjuicios” si en un plazo no mayor a 48 horas no cancela los más de dos millones de euros (un poco más de $us 2 millones) restantes por la compra de 170 respiradores.