Cuatro choques en menos de cinco meses, las tensiones evidentes entre YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos
La Paz, El Deber
Desde su llegada a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente de esta firma estatal, Herland Soliz, enfrentó distintas situaciones que marcaron su gestión, entre ellas resalta una presunta falta de afinidad con el actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, cuya cartera de Estado va de la mano con la operación de YPFB y ha intervenido en más de una ocasión para sostener el trabajo de la empresa estatal.
“Debemos tener mucho cuidado, no podemos borrar con el codo lo que hicimos con la mano. Todos nuestros actos se van a constituir en actos importantes para lo que vaya ocurrir con la institucionalidad de la empresa más estratégica que tenemos”, recomendó Zamora a Soliz durante su acto de posesión
La llegada de Herland Soliz se dio el 16 de diciembre de 2019, en medio de polémicas declaraciones de su antecesor, José Luis Rivero, quien señaló que había recibido una empresa "quebrada" y se complicó al dar declaraciones al respecto. En ese entonces, Soliz prometió transparentar los estados financieros de YPFB y continuar las negociaciones para la exportación de gas.
El ejecutivo contó con el visto bueno de analistas del sector y anteriores ejecutivos de YPFB, quienes refirieron que, por su trayectoria y desempeño, la empresa quedaba en buenas manos.
Pero el camino de Soliz no ha sido fácil. Encontró su primera piedra en menos de dos semanas. Fue en la Planta Separadora de Líquidos de Yacuiba. Se realizaron bloqueos pidiendo garantías laborales y se pidió que se contrate a más personal, donde se expresó el rechazo a Soliz y se mostró una inclinación hacia José Luis Rivero, que en ese entonces ya era expresidente de YPFB. Fue el Ministerio de Hidrocarburos quien tuvo que salir a atender y solucionar este problema.
A los pocos días surgieron nuevos inconvenientes. El Comité Cívico de Camiri y la Asociación de Profesionales de Camiri y Cordillera le 'doblaron' el brazo a Herland Soliz, quien ante la amenaza de toma de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, cedió a la presión y se comprometió a contratar personal camireño, tras la respectiva evaluación de una nómina elevada por los demandantes.
En Villa Montes, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a restituir la Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, tras bloqueos y manifestaciones en el municipio tarijeño (parte de la oficina se había trasladado a Santa Cruz).
Otro encontrón se dio durante los primeros días de enero de 2020. Pese a que la estatal YPFB ordenó un nuevo estudio para determinar si el campo Margarita-Huacaya era compartido por los departamentos de Tarija y Chuquisaca, el Ministerio de Hidrocarburos contradijo la disposición de la empresa estatal, y dio marcha atrás con la medida hasta que se instale un nuevo Gobierno. Después de las elecciones del próximo 3 de mayo de 2020 (suspendidas por la cuarentena).
YPFB requirió la realización de un peritaje para ver si el yacimiento es compartido por Tarija y Chuquisaca. Ayer, el Ministerio de Hidrocarburos frenó la medida, para no reavivar la disputa entre los departamentos
Estos antecedentes fueron detonante en un suceso que develó supuestos fricciones entre Zamora y Soliz. El 14 de enero de 2020, el ministro anunció que asumiría la presidencia del directorio de YPFB para “fiscalizar” y “definir políticas” sobre la petrolera estatal.
"Vamos a tener un hecho de connotación histórica en lo que respecta a fiscalización y definición de políticas de YPFB, vamos a dar cumplimiento a la Ley 970, que establece que el directorio de YPFB debe estar presidido por el ministro de Hidrocarburos", señaló en ese entonces Zamora. La posición fue cuestionada por actores del sector. El cambio no se concretó y Soliz continuó al frente de YPFB.
Febrero de 2020. YPFB publicó una nueva licitación de compra de diésel oil por el doble de precio que antes adquiría el combustible. La empresa estatal comunicó que el combustible es menos contaminante y que la medida obedece a la aplicación de normativas. El precio subió de $us 15,30 el metro cúbico (m3) a $us 34, según la denuncia citada por Página Siete. La licitación establecía un volumen de compra de 237.427 m3.
Víctor Hugo Zamora dijo que no es su competencia designar o destituir al ejecutivo de la presidencia de la estatal petrolera y aclaró que la decisión de dar un paso al costado es personal. También dijo que su relación con Soliz es estrictamente laboral
No obstante, también el trabajo conjunto se vio reflejado con el ánimo de calmar las aguas. Por ejemplo, en marzo, cuando se anunció que Bolivia extendería por cinco años más el contrato que permite las exportaciones de gas natural a Brasil (mercado que trajo $us 32.000 millones al país en dos décadas). Hasta 2026 se percibirían unos $us 4.000 millones adicionales. En ese entonces Zamora señaló que estos negocios son sinónimo de estabilidad para Bolivia.
Fue en abril de este año cuando empezaron a surgir nuevas situaciones que hoy tienen en el ojo de la tormenta al exponentes del área hidrocarburífera estatal. Surgieron denuncias de supuestas irregularidades en la adjudicación de un seguro de Bs 49 millones en YPFB. Además, desde la compañía admitieron la importación en carácter de emergencia de combustibles líquidos por un valor de $us 163,9 millones.
Pese a los argumentos y defensa de Soliz, quien adujo que estas decisiones se tomaron debido a la emergencia sanitaria (entre ellas la ampliación de un contrato de seguros por 60 días), el Gobierno dio la orden para paralizar cualquier tipo de adjudicación por emergencia en YPFB y continuar esos procesos a través de licitaciones públicas, como se hace normalmente.
"Hemos concluido en la necesidad de que se paralice cualquier proceso de adjudicación por emergencia que pudo existir y que se continúe con procesos normales de adjudicación, a través de procesos de licitación", declaró Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, en videoconferencia. Agregó que se iniciarían investigaciones y apuntó al MAS como promotor de la desestabilización estatal; rechazó las denuncias contra YPFB.
Sin embargo, esta semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que se evidenciaron posibles daños económicos y delitos penales en tres contratos millonarios firmados por YPFB para la adquisición de alimentos, combustible y seguros (algo de lo que ya se había hablado semanas atrás).
En este lapso, se difundió una carta de renuncia de Soliz a la presidencia de YPFB, pero fue el mismo ejecutivo quien refirió que, debido a la emergencia sanitaria, seguirá al mando de la empresa estatal.
Entretanto, Zamora manifestó que no conoce nada sobre la renuncia del presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz, y ratificó que se realizó la denuncia ante la Fiscalía para que se indaguen presuntos hechos de corrupción, por tres adjudicaciones directas sin licitación. En una conferencia brindada el martes 5 de mayo precisó que, hasta en 30 días, se debe tener la información clara sobre los tres procesos de investigación que se han abierto.
"Hemos encontrado algunos elementos que los hemos tipificado como posibles daños (económicos) y delitos penales, por ende, ya están denunciados ante el Ministerio Público, que debe terminar con la investigación”, explicó el ministro.
“Debemos tener mucho cuidado, no podemos borrar con el codo lo que hicimos con la mano. Todos nuestros actos se van a constituir en actos importantes para lo que vaya ocurrir con la institucionalidad de la empresa más estratégica que tenemos”, recomendó Zamora a Soliz durante su acto de posesión
La llegada de Herland Soliz se dio el 16 de diciembre de 2019, en medio de polémicas declaraciones de su antecesor, José Luis Rivero, quien señaló que había recibido una empresa "quebrada" y se complicó al dar declaraciones al respecto. En ese entonces, Soliz prometió transparentar los estados financieros de YPFB y continuar las negociaciones para la exportación de gas.
El ejecutivo contó con el visto bueno de analistas del sector y anteriores ejecutivos de YPFB, quienes refirieron que, por su trayectoria y desempeño, la empresa quedaba en buenas manos.
Pero el camino de Soliz no ha sido fácil. Encontró su primera piedra en menos de dos semanas. Fue en la Planta Separadora de Líquidos de Yacuiba. Se realizaron bloqueos pidiendo garantías laborales y se pidió que se contrate a más personal, donde se expresó el rechazo a Soliz y se mostró una inclinación hacia José Luis Rivero, que en ese entonces ya era expresidente de YPFB. Fue el Ministerio de Hidrocarburos quien tuvo que salir a atender y solucionar este problema.
A los pocos días surgieron nuevos inconvenientes. El Comité Cívico de Camiri y la Asociación de Profesionales de Camiri y Cordillera le 'doblaron' el brazo a Herland Soliz, quien ante la amenaza de toma de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, cedió a la presión y se comprometió a contratar personal camireño, tras la respectiva evaluación de una nómina elevada por los demandantes.
En Villa Montes, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a restituir la Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, tras bloqueos y manifestaciones en el municipio tarijeño (parte de la oficina se había trasladado a Santa Cruz).
Otro encontrón se dio durante los primeros días de enero de 2020. Pese a que la estatal YPFB ordenó un nuevo estudio para determinar si el campo Margarita-Huacaya era compartido por los departamentos de Tarija y Chuquisaca, el Ministerio de Hidrocarburos contradijo la disposición de la empresa estatal, y dio marcha atrás con la medida hasta que se instale un nuevo Gobierno. Después de las elecciones del próximo 3 de mayo de 2020 (suspendidas por la cuarentena).
YPFB requirió la realización de un peritaje para ver si el yacimiento es compartido por Tarija y Chuquisaca. Ayer, el Ministerio de Hidrocarburos frenó la medida, para no reavivar la disputa entre los departamentos
Estos antecedentes fueron detonante en un suceso que develó supuestos fricciones entre Zamora y Soliz. El 14 de enero de 2020, el ministro anunció que asumiría la presidencia del directorio de YPFB para “fiscalizar” y “definir políticas” sobre la petrolera estatal.
"Vamos a tener un hecho de connotación histórica en lo que respecta a fiscalización y definición de políticas de YPFB, vamos a dar cumplimiento a la Ley 970, que establece que el directorio de YPFB debe estar presidido por el ministro de Hidrocarburos", señaló en ese entonces Zamora. La posición fue cuestionada por actores del sector. El cambio no se concretó y Soliz continuó al frente de YPFB.
Febrero de 2020. YPFB publicó una nueva licitación de compra de diésel oil por el doble de precio que antes adquiría el combustible. La empresa estatal comunicó que el combustible es menos contaminante y que la medida obedece a la aplicación de normativas. El precio subió de $us 15,30 el metro cúbico (m3) a $us 34, según la denuncia citada por Página Siete. La licitación establecía un volumen de compra de 237.427 m3.
Víctor Hugo Zamora dijo que no es su competencia designar o destituir al ejecutivo de la presidencia de la estatal petrolera y aclaró que la decisión de dar un paso al costado es personal. También dijo que su relación con Soliz es estrictamente laboral
No obstante, también el trabajo conjunto se vio reflejado con el ánimo de calmar las aguas. Por ejemplo, en marzo, cuando se anunció que Bolivia extendería por cinco años más el contrato que permite las exportaciones de gas natural a Brasil (mercado que trajo $us 32.000 millones al país en dos décadas). Hasta 2026 se percibirían unos $us 4.000 millones adicionales. En ese entonces Zamora señaló que estos negocios son sinónimo de estabilidad para Bolivia.
Fue en abril de este año cuando empezaron a surgir nuevas situaciones que hoy tienen en el ojo de la tormenta al exponentes del área hidrocarburífera estatal. Surgieron denuncias de supuestas irregularidades en la adjudicación de un seguro de Bs 49 millones en YPFB. Además, desde la compañía admitieron la importación en carácter de emergencia de combustibles líquidos por un valor de $us 163,9 millones.
Pese a los argumentos y defensa de Soliz, quien adujo que estas decisiones se tomaron debido a la emergencia sanitaria (entre ellas la ampliación de un contrato de seguros por 60 días), el Gobierno dio la orden para paralizar cualquier tipo de adjudicación por emergencia en YPFB y continuar esos procesos a través de licitaciones públicas, como se hace normalmente.
"Hemos concluido en la necesidad de que se paralice cualquier proceso de adjudicación por emergencia que pudo existir y que se continúe con procesos normales de adjudicación, a través de procesos de licitación", declaró Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, en videoconferencia. Agregó que se iniciarían investigaciones y apuntó al MAS como promotor de la desestabilización estatal; rechazó las denuncias contra YPFB.
Sin embargo, esta semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que se evidenciaron posibles daños económicos y delitos penales en tres contratos millonarios firmados por YPFB para la adquisición de alimentos, combustible y seguros (algo de lo que ya se había hablado semanas atrás).
En este lapso, se difundió una carta de renuncia de Soliz a la presidencia de YPFB, pero fue el mismo ejecutivo quien refirió que, debido a la emergencia sanitaria, seguirá al mando de la empresa estatal.
Entretanto, Zamora manifestó que no conoce nada sobre la renuncia del presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz, y ratificó que se realizó la denuncia ante la Fiscalía para que se indaguen presuntos hechos de corrupción, por tres adjudicaciones directas sin licitación. En una conferencia brindada el martes 5 de mayo precisó que, hasta en 30 días, se debe tener la información clara sobre los tres procesos de investigación que se han abierto.
"Hemos encontrado algunos elementos que los hemos tipificado como posibles daños (económicos) y delitos penales, por ende, ya están denunciados ante el Ministerio Público, que debe terminar con la investigación”, explicó el ministro.
