Pisiga y Colchane alimentan la pugna entre el Gobierno y el MAS
El MAS dice que no se debe discriminar a los ciudadanos por el color político . El Gobierno ya advirtió que detendrá a varios que alentaron las movilizaciones en Colchane. Los cívicos de Oruro piden ser “implacables” con los revoltosos
Marco Antonio Chuquimia
El Deber
Los conflictos que se produjeron este martes en el campamento de repatriados de Pisiga y el grupo de bolivianos que intentó ingresar al país por la frontera con Chile alimentan las pugnas entre el Gobierno y el MAS. Desde el Ejecutivo acusan a los opositores de promover las protestas, mientras que los masistas cuestionan al oficialismo de prohibir a los bolivianos de retornar al país, pese a su ideología.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el director de Migración, Marcel Rivas, aparecieron como los abanderados del Gobierno y lanzaron acusaciones a los movilizados. Además, advierten con iniciar procesos en contra de los que están promoviendo conflictos de tinte políticos, a pesar de la emergencia sanitaria que enfrenta actualmente el país.
La vocera del MAS, Marianela Paco, salió al frente para refutar las acusaciones que lanzaron las autoridades de Gobierno; pero no negó que los movilizados de Colchane sean militantes masistas. Por el contrario, afirmó que pese a cualquier ideología no le pueden negar a los bolivianos que regresen a su país.
“Hay dos cosas claras, desde el punto de vista del derecho, todo ciudadano tiene derecho a volver a su país, no por ser de un partido político, por más que sea de extrema derecha o extrema izquierda, no se le puede quitar el derecho de ciudadanía”, dijo la que fuera ministra de Comunicación en la gestión de Evo Morales.
Para el Gobierno, estas personas reciben dinero e instrucciones para desestabilizar al Gobierno desde la frontera. El ministro Arturo Murillo fue más allá y dijo que la campaña de recolección y distribución de alimentos que impulsó este martes en el trópico de Cochabamba el dirigente cocalero y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, estaba dirigido a hacer ver a los masistas como “ovejitas”.
“Tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, por nuestros sistemas de Inteligencia, ver que se está pagando Bs 300 a cada persona para que hagan esto. Buscan desestabilizar el Estado”, dijo el ministro en referencia a los sucesos de Colchane.
Dos protestas
Desde el martes, el Gobierno enfrenta una doble protesta de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile. Por un lado, están los 480 repatriados que llegaron al campamento “Tata Santiago” el lunes desde Huara en el lado chileno, Los recién llegados cumplen una etapa de aislamiento por 14 días que aceptaron al ingresar al país.
Sin embargo, desde su arribo empezaron las protestas porque dijeron que el Gobierno los abandonó dentro de las carpas; este martes protestaron por las condiciones.
El segundo conflicto también surgió el lunes, porque las autoridades nacionales habían manifestado que después de la última repatriación ningún boliviano se quedó en territorio chileno y que todos llegaron al país; pero ese mismo día aparecieron 270 bolivianos que marchaban desde Huara hasta Colchane. Estos llegaron el martes por la madrugada y empezaron los problemas
para ingresar al país.
Frente a estos conflictos, el director de Migración dijo que identificaron a 33 compatriotas que buscan la desestabilización del campamento y, por lo tanto, serán sometidos a un proceso penal por atentado contra la salud pública, que contempla una pena de 10 años.
El ministro Murillo, por su parte, recordó que hasta el momento 35 personas de todo el país fueron sentenciadas, en procesos abreviados, por el delito de atentado contra la salud pública.
El MAS
Pisiga se encuentra dentro de la jurisdicción de Oruro, departamento que obtiene un éxito en la lucha contra el coronavirus, que ha impedido la propagación de nuevos casos con el aislamiento total de las personas que se aplica desde el 16 de marzo. Por esa razón y enterados de los problemas en Pisiga, su Comité Cívico emitió un pronunciamiento que identifica al MAS como principal impulsor de los conflictos.
En el documento exigen a las autoridades nacionales y departamentales que hagan cumplir los decretos de emergencia sanitaria y que sometan ante la justicia ordinaria a todo aquel que intente quebrar estas disposiciones.
El director de Migración dijo que tienen plenamente identificado a una persona que alentó los desmanes en Colchane y que será aprehendida apenas cruce la línea fronteriza en el país.
El Deber
Los conflictos que se produjeron este martes en el campamento de repatriados de Pisiga y el grupo de bolivianos que intentó ingresar al país por la frontera con Chile alimentan las pugnas entre el Gobierno y el MAS. Desde el Ejecutivo acusan a los opositores de promover las protestas, mientras que los masistas cuestionan al oficialismo de prohibir a los bolivianos de retornar al país, pese a su ideología.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el director de Migración, Marcel Rivas, aparecieron como los abanderados del Gobierno y lanzaron acusaciones a los movilizados. Además, advierten con iniciar procesos en contra de los que están promoviendo conflictos de tinte políticos, a pesar de la emergencia sanitaria que enfrenta actualmente el país.
La vocera del MAS, Marianela Paco, salió al frente para refutar las acusaciones que lanzaron las autoridades de Gobierno; pero no negó que los movilizados de Colchane sean militantes masistas. Por el contrario, afirmó que pese a cualquier ideología no le pueden negar a los bolivianos que regresen a su país.
“Hay dos cosas claras, desde el punto de vista del derecho, todo ciudadano tiene derecho a volver a su país, no por ser de un partido político, por más que sea de extrema derecha o extrema izquierda, no se le puede quitar el derecho de ciudadanía”, dijo la que fuera ministra de Comunicación en la gestión de Evo Morales.
Para el Gobierno, estas personas reciben dinero e instrucciones para desestabilizar al Gobierno desde la frontera. El ministro Arturo Murillo fue más allá y dijo que la campaña de recolección y distribución de alimentos que impulsó este martes en el trópico de Cochabamba el dirigente cocalero y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, estaba dirigido a hacer ver a los masistas como “ovejitas”.
“Tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, por nuestros sistemas de Inteligencia, ver que se está pagando Bs 300 a cada persona para que hagan esto. Buscan desestabilizar el Estado”, dijo el ministro en referencia a los sucesos de Colchane.
Dos protestas
Desde el martes, el Gobierno enfrenta una doble protesta de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile. Por un lado, están los 480 repatriados que llegaron al campamento “Tata Santiago” el lunes desde Huara en el lado chileno, Los recién llegados cumplen una etapa de aislamiento por 14 días que aceptaron al ingresar al país.
Sin embargo, desde su arribo empezaron las protestas porque dijeron que el Gobierno los abandonó dentro de las carpas; este martes protestaron por las condiciones.
El segundo conflicto también surgió el lunes, porque las autoridades nacionales habían manifestado que después de la última repatriación ningún boliviano se quedó en territorio chileno y que todos llegaron al país; pero ese mismo día aparecieron 270 bolivianos que marchaban desde Huara hasta Colchane. Estos llegaron el martes por la madrugada y empezaron los problemas
para ingresar al país.
Frente a estos conflictos, el director de Migración dijo que identificaron a 33 compatriotas que buscan la desestabilización del campamento y, por lo tanto, serán sometidos a un proceso penal por atentado contra la salud pública, que contempla una pena de 10 años.
El ministro Murillo, por su parte, recordó que hasta el momento 35 personas de todo el país fueron sentenciadas, en procesos abreviados, por el delito de atentado contra la salud pública.
El MAS
Pisiga se encuentra dentro de la jurisdicción de Oruro, departamento que obtiene un éxito en la lucha contra el coronavirus, que ha impedido la propagación de nuevos casos con el aislamiento total de las personas que se aplica desde el 16 de marzo. Por esa razón y enterados de los problemas en Pisiga, su Comité Cívico emitió un pronunciamiento que identifica al MAS como principal impulsor de los conflictos.
En el documento exigen a las autoridades nacionales y departamentales que hagan cumplir los decretos de emergencia sanitaria y que sometan ante la justicia ordinaria a todo aquel que intente quebrar estas disposiciones.
El director de Migración dijo que tienen plenamente identificado a una persona que alentó los desmanes en Colchane y que será aprehendida apenas cruce la línea fronteriza en el país.
