La Fiscalía anuncia procesos penales a personal de salud que impidió internación de paciente con coronavirus
Grupos de vecinos e incluso trabajadores de salud de algunos hospitales impidieron el ingreso de la ambulancia que llevaba a la paciente que fue evacuada desde el municipio de San Carlos hacia la capital cruceña
Domingo Berthy Vaca Justiniano
El Deber
El Ministerio Público informó este jueves sobre la apertura de dos procesos penales a las personas que el miércoles impidieron la internación hospitalaria de la paciente con coronavirus procedente de San Carlos.
La fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia, manifestó que su despacho abrió de oficio dos causas por esta acción: una contra el personal de salud y médicos que cerraron sus respectivos hospitales a la paciente, y otro proceso contra personas civiles que de la misma manera impidieron el ingreso de la mujer.
"La investigación se hará dentro de los delitos contra la vida porque todas las personas tenemos derecho de ser atendidos en los hospitales cuando padecemos alguna enfermedad. Este delito tiene una pena de 1 a 10 años de cárcel", dijo la fiscal Arancibia.
Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, trató de justificar la actitud de varios de sus colegas recalcando que estaban exigiendo que las autoridades doten de equipos necesarios a estos centros para brindar atención a estos pacientes.
Anzoátegui aseguró que ningún centro hospitalario de Santa Cruz está equipado para hacer frente a la pandemia, pero cree que esto se conseguirá progresivamente.
El Deber
El Ministerio Público informó este jueves sobre la apertura de dos procesos penales a las personas que el miércoles impidieron la internación hospitalaria de la paciente con coronavirus procedente de San Carlos.
La fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia, manifestó que su despacho abrió de oficio dos causas por esta acción: una contra el personal de salud y médicos que cerraron sus respectivos hospitales a la paciente, y otro proceso contra personas civiles que de la misma manera impidieron el ingreso de la mujer.
"La investigación se hará dentro de los delitos contra la vida porque todas las personas tenemos derecho de ser atendidos en los hospitales cuando padecemos alguna enfermedad. Este delito tiene una pena de 1 a 10 años de cárcel", dijo la fiscal Arancibia.
Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, trató de justificar la actitud de varios de sus colegas recalcando que estaban exigiendo que las autoridades doten de equipos necesarios a estos centros para brindar atención a estos pacientes.
Anzoátegui aseguró que ningún centro hospitalario de Santa Cruz está equipado para hacer frente a la pandemia, pero cree que esto se conseguirá progresivamente.
