Italia renueva el acuerdo migratorio con Libia a pesar de las críticas
El pacto, de 2017, permite entregar medios a los guardacostas libios y financiar sus centros de detención, en los que miles de inmigrantes viven hacinados y donde la ONU ha documentado torturas
Lorena Pacho
Roma, El País
Italia ha renovado de forma automática este domingo el controvertido acuerdo que firmó hace tres años con Libia para frenar el flujo migratorio en la ruta del Mediterráneo central, la más peligrosa para llegar a Europa. El pacto pone el rescate de los inmigrantes en el mar en manos del país magrebí, sumido en el caos, y de sus guardacostas, acusados en repetidas ocasiones de violar los derechos humanos.
A lo largo de estos años, este convenio bilateral ha consentido el confinamiento de migrantes en centros de detención en Libia, con el fin de que no partan hacia Italia, en los que se han registrado torturas y todo tipo de violencias. Por ello, el controvertido pacto ha sido siempre duramente criticado por expertos en derechos humanos y por numerosas organizaciones internacionales que las últimas semanas han pedido, sin éxito, que Italia diera un paso atrás e impidiera la renovación automática del acuerdo.
Aunque se trata de un texto bastante genérico, la controversia radica en el tipo de sistema de contención del flujo de migrantes hacia Italia. El acuerdo —firmado en 2017 por el entonces primer ministro italiano del Partido Democrático, Paolo Gentiloni, y el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamad Fayed al Serraj— ha servido básicamente para formar y entregar medios a los guardacostas libios, una unidad que está formada por milicias privadas que a menudo se alían con los traficantes de personas. Otro polémico punto es la forma de financiar lo que en el documento se llaman “centros de acogida”, que se han revelado centros de detención en los que miles de migrantes viven en condiciones infrahumanas y sufren todo tipo de torturas, documentadas por Naciones Unidas. El Gobierno italiano nunca ha precisado cuántos recursos ha invertido en este proyecto, pero según un cálculo de la ONG Oxfam, se trataría de 150 millones de euros en total. A los que se suman los fondos asignados por la Unión Europea para los mismos fines, unos 91,3 millones.
Desde que se firmó el acuerdo, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 40.000 migrantes —947 solo el mes pasado— han sido interceptados en el mar y devueltos a Libia, un puerto que la ONU no considera seguro, un país roto sumido en el caos, la guerra y la inestabilidad desde la caída del dictador Muamar el Gadafi en 2011 y que en los últimos meses ha sufrido un recrudecimiento del conflicto armado, que ha llevado a un aumento de las salidas en la ruta del Mediterráneo central. En enero de este año han llegado a Italia 1.275 personas, mientras que el mismo mes del año anterior la cifra fue de 202.
El Gobierno italiano, después semanas de debate y expectación, decidió en noviembre renovar sin cambios el acuerdo, a pesar de que se había comprometido a negociar con las autoridades libias algunas modificaciones en el texto, fundamentalmente para asegurar que se cumplan los derechos humanos de los migrantes y refugiados retenidos en Libia. Más allá de las promesas y de las esperanzas en una nueva gestión migratoria, no ha habido movimientos efectivos. El Ejecutivo alega que pueden introducirse mejoras en cualquier momento. “Hay margen de maniobra”, ha dicho la viceministra de Exteriores, Marina Sereni. Pero las organizaciones humanitarias, sin embargo, continúan su protesta.
Amnistía Internacional denuncia que “la renovación del acuerdo sobre migración confirma la complicidad de Italia en la tortura de personas migrantes y refugiadas”. La ONG Médicos Sin Fronteras, que trabaja en misiones de rescate en el Mediterráneo y, desde 2016, presta asistencia médica en algunos de los centros de detención de migrantes, también se ha sumado a la denuncia. “Ignorar las consecuencias de estos acuerdos es, además de inhumano, imposible”, ha dicho. Y ha insistido: “Gracias al apoyo de Italia, personas inocentes y vulnerables o quedan atrapadas en un país en guerra, son obligadas a vivir situaciones peligrosas y amenazadoras, o son sometidas a un sistema de detención arbitrario y despiadado”.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido este fin de semana a Italia que “suspenda urgentemente las actividades de cooperación con la Guardia Costera de Libia que repercuten en el retorno a Libia de las personas interceptadas en el mar hasta que se den garantías claras de cumplimiento de los derechos humanos”. “Es urgente que Italia, la UE y todos sus Estados miembros tomen medidas” para poner fin a la “tragedia” migratoria, ha añadido.
El objetivo del Ejecutivo italiano es mejorar las condiciones de vida en los centros de detención libios y superar, de forma gradual, el actual y arbitrario sistema de reclusión. Dentro del Gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático hay varias posiciones divergentes. Una parte del PD, junto a Libres e Iguales, pide suspender acuerdos con Trípoli para no ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos en Libia. Por otro lado, está la línea de continuidad que sostiene el ministro de Exteriores, Luigi di Maio, hasta hace una semana líder del M5S, que respalda la introducción de cambios limitados en el acuerdo. Di Maio se apoya en que el número de llegadas desde que está en vigor el pacto se ha reducido desde las 119.000 de 2017 a las 11.000 de 2019. Y finalmente, la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, de perfil técnico, que aboga por una modificación significativa del texto.
Roma, El País
Italia ha renovado de forma automática este domingo el controvertido acuerdo que firmó hace tres años con Libia para frenar el flujo migratorio en la ruta del Mediterráneo central, la más peligrosa para llegar a Europa. El pacto pone el rescate de los inmigrantes en el mar en manos del país magrebí, sumido en el caos, y de sus guardacostas, acusados en repetidas ocasiones de violar los derechos humanos.
A lo largo de estos años, este convenio bilateral ha consentido el confinamiento de migrantes en centros de detención en Libia, con el fin de que no partan hacia Italia, en los que se han registrado torturas y todo tipo de violencias. Por ello, el controvertido pacto ha sido siempre duramente criticado por expertos en derechos humanos y por numerosas organizaciones internacionales que las últimas semanas han pedido, sin éxito, que Italia diera un paso atrás e impidiera la renovación automática del acuerdo.
Aunque se trata de un texto bastante genérico, la controversia radica en el tipo de sistema de contención del flujo de migrantes hacia Italia. El acuerdo —firmado en 2017 por el entonces primer ministro italiano del Partido Democrático, Paolo Gentiloni, y el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamad Fayed al Serraj— ha servido básicamente para formar y entregar medios a los guardacostas libios, una unidad que está formada por milicias privadas que a menudo se alían con los traficantes de personas. Otro polémico punto es la forma de financiar lo que en el documento se llaman “centros de acogida”, que se han revelado centros de detención en los que miles de migrantes viven en condiciones infrahumanas y sufren todo tipo de torturas, documentadas por Naciones Unidas. El Gobierno italiano nunca ha precisado cuántos recursos ha invertido en este proyecto, pero según un cálculo de la ONG Oxfam, se trataría de 150 millones de euros en total. A los que se suman los fondos asignados por la Unión Europea para los mismos fines, unos 91,3 millones.
Desde que se firmó el acuerdo, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 40.000 migrantes —947 solo el mes pasado— han sido interceptados en el mar y devueltos a Libia, un puerto que la ONU no considera seguro, un país roto sumido en el caos, la guerra y la inestabilidad desde la caída del dictador Muamar el Gadafi en 2011 y que en los últimos meses ha sufrido un recrudecimiento del conflicto armado, que ha llevado a un aumento de las salidas en la ruta del Mediterráneo central. En enero de este año han llegado a Italia 1.275 personas, mientras que el mismo mes del año anterior la cifra fue de 202.
El Gobierno italiano, después semanas de debate y expectación, decidió en noviembre renovar sin cambios el acuerdo, a pesar de que se había comprometido a negociar con las autoridades libias algunas modificaciones en el texto, fundamentalmente para asegurar que se cumplan los derechos humanos de los migrantes y refugiados retenidos en Libia. Más allá de las promesas y de las esperanzas en una nueva gestión migratoria, no ha habido movimientos efectivos. El Ejecutivo alega que pueden introducirse mejoras en cualquier momento. “Hay margen de maniobra”, ha dicho la viceministra de Exteriores, Marina Sereni. Pero las organizaciones humanitarias, sin embargo, continúan su protesta.
Amnistía Internacional denuncia que “la renovación del acuerdo sobre migración confirma la complicidad de Italia en la tortura de personas migrantes y refugiadas”. La ONG Médicos Sin Fronteras, que trabaja en misiones de rescate en el Mediterráneo y, desde 2016, presta asistencia médica en algunos de los centros de detención de migrantes, también se ha sumado a la denuncia. “Ignorar las consecuencias de estos acuerdos es, además de inhumano, imposible”, ha dicho. Y ha insistido: “Gracias al apoyo de Italia, personas inocentes y vulnerables o quedan atrapadas en un país en guerra, son obligadas a vivir situaciones peligrosas y amenazadoras, o son sometidas a un sistema de detención arbitrario y despiadado”.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido este fin de semana a Italia que “suspenda urgentemente las actividades de cooperación con la Guardia Costera de Libia que repercuten en el retorno a Libia de las personas interceptadas en el mar hasta que se den garantías claras de cumplimiento de los derechos humanos”. “Es urgente que Italia, la UE y todos sus Estados miembros tomen medidas” para poner fin a la “tragedia” migratoria, ha añadido.
El objetivo del Ejecutivo italiano es mejorar las condiciones de vida en los centros de detención libios y superar, de forma gradual, el actual y arbitrario sistema de reclusión. Dentro del Gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático hay varias posiciones divergentes. Una parte del PD, junto a Libres e Iguales, pide suspender acuerdos con Trípoli para no ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos en Libia. Por otro lado, está la línea de continuidad que sostiene el ministro de Exteriores, Luigi di Maio, hasta hace una semana líder del M5S, que respalda la introducción de cambios limitados en el acuerdo. Di Maio se apoya en que el número de llegadas desde que está en vigor el pacto se ha reducido desde las 119.000 de 2017 a las 11.000 de 2019. Y finalmente, la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, de perfil técnico, que aboga por una modificación significativa del texto.
