Las reformas de Putin descolocan a la oposición
Activistas y opositores rusos preparan una campaña contra el cambio constitucional y enmiendas alternativas
María R. Sahuquillo
Moscú, El País
El sorpresivo anuncio de Vladímir Putin de una reforma sustancial de la Constitución ha pillado a la oposición descolocada. El movimiento del presidente ruso ha sido tan rápido que los opositores han tardado un poco en reaccionar y barajar sus opciones para contrarrestar las reformas con las que Putin, según los analistas, busca permanecer en algún cargo de influencia supremo tras acabar su mandato presidencial en 2024.
Mientras que la oposición parlamentaria es leal a Putin y ha apoyado la reforma constitucional, la oposición extraparlamentaria –la “verdadera”, según sus miembros— se está movilizando para protestar contra lo que algunos tildan de “golpe constitucional” y prepara una campaña por el no en la consulta popular anunciada por el Kremlin.
“La aspiración de Putin es conservar el poder supremo en el país”, critica Nikolai Ribakov, líder del partido Yábloko. “Es un hombre que viene de los servicios secretos especiales. Lo que está ocurriendo ahora es una operación especial, y debe ser rápida para no dar tiempo para pensar a nadie”, añade Ribakov en la sede de su partido en Moscú. Esta formación política socioliberal, que no tiene representación parlamentaria, ha creado un consejo de juristas, activistas, políticos y ciudadanos de todo tipo, que prepara sus propias propuestas alternativas de enmiendas a la Constitución. Una de ellas es recuperar el mandato presidencial de cuatro años, en lugar de los seis actuales.
La reforma, que también incluye elementos sociales como la protección de las pensiones, es todo un terremoto político, pero la movilización ciudadana ha sido escasa. La letra pequeña y la especialización es demasiada. Apenas ha habido algunos manifestantes solitarios. Aunque Yábloko y otros partidos de la oposición planean una manifestación a finales de febrero.
Pável Grudinin, político y empresario agrícola y candidato a la presidencia en 2018 contra Putin, es muy crítico con las reformas pese a que el Partido Comunista, que le apoyó en esos comicios, ha dado su aprobación a las medidas. Para él, la clave también es la rapidez. “Todos saben que nada sale bien si se hace con mucha prisa. Se hace así para no dar tiempo para pensar y discutir, se hace rápido y eficaz”, comenta por teléfono.
Grudinin, que acabó segundo en las presidenciales de hace dos años con un 11,77% de los votos, cree que Putin elegirá presidir un renovado Consejo de Estado. “Así se situará entre las ramas de poder o por encima de ellas para poder conservar la influencia tras 2024”, pronostica. Su opinión es la de muchos analistas, que sostienen que con las atribuciones que le dan las enmiendas de “coordinar las políticas interiores y exteriores”, ese transformado Consejo de Estado –que ahora es un órgano consultivo y casi sin atribuciones-- sería un lugar apetitoso para Putin.
Nikolai Ribakov, sin embargo, tiene otra idea. “Putin busca maneras de permanecer en el poder y la más adecuada para él es una unión con Bielorrusia; dejar de ser presidente de Rusia y convertirse en el presidente de una especie de URSS 2.0 compuesta por Rusia, Bielorrusia, Abjasia y Osetia del Sur”, plantea el líder de Yábloko.
“Putin está buscando ser el líder supremo de toda la vida”, ha criticado Alexei Navalni en las redes sociales. El opositor y bloguero anticorrupción ha cargado contra unas medidas que “no son” lo que la ciudadanía rusa está buscando.
Pero la letra pequeña de la reforma incluye otro elemento "alarmante" y con efectos claros y directos en la ciudadanía, según el líder de Yábloko. "Si finalmente cristaliza la idea de que la ley nacional debe tener siempre prioridad sobre la internacional, el Estado podría dejar de cumplir deberes sobre derechos sociales, ecología etc", alerta. "Esas leyes internacionales ya obligaron a Rusia a prestar atención a cuestiones de derechos y libertades de las personas y eso podría perderse”, dice. En función de cómo se redacten, la ciudadanía rusa perdería la baza, por ejemplo, de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las dudas son muchas más que las certezas. “Nadie sabe qué es lo que busca Putin. La opinión general es que quiere gobernar eternamente y hacerlo antes de que su índice de aprobación, que ha caído, se desplome por completo”, incide Mijaíl Jodorkovski, uno de los opositores más conocidos en Occidente, que vive exiliado en Reino Unido.
El magnate cree que estos cambios suponen un verdadero cambio de juego. “Su reforma consiste en el fortalecimiento del poder unipersonal. Levantarán las restricciones mínimas que tiene el dictador: el presidente podrá despedir a cualquier juez de los tribunales Supremo y Constitucional, al primer ministro manteniendo al mismo tiempo a su Gabinete, y los Gobiernos locales (regionales) se incorporan en la ‘vertical del poder’ con lo que dejan de ser autogobiernos, los fiscales de las regiones de la Federación ahora serán designados desde Moscú”, comenta el magnate por escrito. “Es el fin del federalismo”, diagnostica.
Con las medidas propuestas, que endurecen los requisitos de nacionalidad y residencia, el magnate Jodorkovski, que pasó diez años en la cárcel y salió por "motivos humanitarios", tendría vetado el acceso a cargos públicos de alto nivel o a presentarse a unas elecciones. "En este régimen nadie que no esté aprobado por el Kremlin no puede ser elegido. Y cuando el régimen caiga ¿a quién le interesarán sus leyes?", relativiza.
Moscú, El País
El sorpresivo anuncio de Vladímir Putin de una reforma sustancial de la Constitución ha pillado a la oposición descolocada. El movimiento del presidente ruso ha sido tan rápido que los opositores han tardado un poco en reaccionar y barajar sus opciones para contrarrestar las reformas con las que Putin, según los analistas, busca permanecer en algún cargo de influencia supremo tras acabar su mandato presidencial en 2024.
Mientras que la oposición parlamentaria es leal a Putin y ha apoyado la reforma constitucional, la oposición extraparlamentaria –la “verdadera”, según sus miembros— se está movilizando para protestar contra lo que algunos tildan de “golpe constitucional” y prepara una campaña por el no en la consulta popular anunciada por el Kremlin.
“La aspiración de Putin es conservar el poder supremo en el país”, critica Nikolai Ribakov, líder del partido Yábloko. “Es un hombre que viene de los servicios secretos especiales. Lo que está ocurriendo ahora es una operación especial, y debe ser rápida para no dar tiempo para pensar a nadie”, añade Ribakov en la sede de su partido en Moscú. Esta formación política socioliberal, que no tiene representación parlamentaria, ha creado un consejo de juristas, activistas, políticos y ciudadanos de todo tipo, que prepara sus propias propuestas alternativas de enmiendas a la Constitución. Una de ellas es recuperar el mandato presidencial de cuatro años, en lugar de los seis actuales.
La reforma, que también incluye elementos sociales como la protección de las pensiones, es todo un terremoto político, pero la movilización ciudadana ha sido escasa. La letra pequeña y la especialización es demasiada. Apenas ha habido algunos manifestantes solitarios. Aunque Yábloko y otros partidos de la oposición planean una manifestación a finales de febrero.
Pável Grudinin, político y empresario agrícola y candidato a la presidencia en 2018 contra Putin, es muy crítico con las reformas pese a que el Partido Comunista, que le apoyó en esos comicios, ha dado su aprobación a las medidas. Para él, la clave también es la rapidez. “Todos saben que nada sale bien si se hace con mucha prisa. Se hace así para no dar tiempo para pensar y discutir, se hace rápido y eficaz”, comenta por teléfono.
Grudinin, que acabó segundo en las presidenciales de hace dos años con un 11,77% de los votos, cree que Putin elegirá presidir un renovado Consejo de Estado. “Así se situará entre las ramas de poder o por encima de ellas para poder conservar la influencia tras 2024”, pronostica. Su opinión es la de muchos analistas, que sostienen que con las atribuciones que le dan las enmiendas de “coordinar las políticas interiores y exteriores”, ese transformado Consejo de Estado –que ahora es un órgano consultivo y casi sin atribuciones-- sería un lugar apetitoso para Putin.
Nikolai Ribakov, sin embargo, tiene otra idea. “Putin busca maneras de permanecer en el poder y la más adecuada para él es una unión con Bielorrusia; dejar de ser presidente de Rusia y convertirse en el presidente de una especie de URSS 2.0 compuesta por Rusia, Bielorrusia, Abjasia y Osetia del Sur”, plantea el líder de Yábloko.
“Putin está buscando ser el líder supremo de toda la vida”, ha criticado Alexei Navalni en las redes sociales. El opositor y bloguero anticorrupción ha cargado contra unas medidas que “no son” lo que la ciudadanía rusa está buscando.
Pero la letra pequeña de la reforma incluye otro elemento "alarmante" y con efectos claros y directos en la ciudadanía, según el líder de Yábloko. "Si finalmente cristaliza la idea de que la ley nacional debe tener siempre prioridad sobre la internacional, el Estado podría dejar de cumplir deberes sobre derechos sociales, ecología etc", alerta. "Esas leyes internacionales ya obligaron a Rusia a prestar atención a cuestiones de derechos y libertades de las personas y eso podría perderse”, dice. En función de cómo se redacten, la ciudadanía rusa perdería la baza, por ejemplo, de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las dudas son muchas más que las certezas. “Nadie sabe qué es lo que busca Putin. La opinión general es que quiere gobernar eternamente y hacerlo antes de que su índice de aprobación, que ha caído, se desplome por completo”, incide Mijaíl Jodorkovski, uno de los opositores más conocidos en Occidente, que vive exiliado en Reino Unido.
El magnate cree que estos cambios suponen un verdadero cambio de juego. “Su reforma consiste en el fortalecimiento del poder unipersonal. Levantarán las restricciones mínimas que tiene el dictador: el presidente podrá despedir a cualquier juez de los tribunales Supremo y Constitucional, al primer ministro manteniendo al mismo tiempo a su Gabinete, y los Gobiernos locales (regionales) se incorporan en la ‘vertical del poder’ con lo que dejan de ser autogobiernos, los fiscales de las regiones de la Federación ahora serán designados desde Moscú”, comenta el magnate por escrito. “Es el fin del federalismo”, diagnostica.
Con las medidas propuestas, que endurecen los requisitos de nacionalidad y residencia, el magnate Jodorkovski, que pasó diez años en la cárcel y salió por "motivos humanitarios", tendría vetado el acceso a cargos públicos de alto nivel o a presentarse a unas elecciones. "En este régimen nadie que no esté aprobado por el Kremlin no puede ser elegido. Y cuando el régimen caiga ¿a quién le interesarán sus leyes?", relativiza.
