Nicolás Maduro prepara un nuevo golpe
El jefe de la dictadura venezolana aceleró su plan pese a las condenas mundiales. Los secuestros y las detenciones ilegales de legisladores se multiplican
Laureano Pérez Izquierdo
Director de Infobae América | laureano@infobae.com
Nicolás Maduro activó su plan final, un nuevo golpe. Quiere terminar definitivamente con el último de los refugios democráticos que todavía late en Venezuela: una perseguida Asamblea Nacional que no está bajo sus hilos, aún. El órgano legislativo liderado por el presidente interino Juan Guaidó sobrevive, como puede y por ahora, a los interminables acosos del régimen.
La intención del subordinado cubano es impedir que Guaidó pueda ser reelecto el próximo 5 de enero por el cuerpo que le responde al líder opositor. Para eso, comenzó su proyecto ilegal para flaquear la estructura asambleísta con los resortes de espionaje y seguridad que están a su merced: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Las tres agencias de seguridad fueron denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales junto a los colectivos chavistas. El más reciente informe fue actualizado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet el pasado miércoles. El tono fue idéntico al de las demás evaluaciones: la dictadura no se detiene en su ambición por terminar con las voces disidentes.
Ese día, Bachelet -cuya biografía la convierte en una voz inobjetable en materia de derechos humanos- hizo una especial mención a la situación de Juan Requesens, el diputado que continúa preso por obra de Maduro. “Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”, exigió la ex presidenta chilena.
El legislador cumple 502 días de confinamiento. El Palacio de Miraflores y la rama judicial que le responde le imputan siete delitos imaginarios, incluidos el de traición a la patria y el de “homicidio calificado frustrado” contra Maduro y el alto mando militar venezolano. El proceso en su contra es una puesta en escena digna de una obra de Samuel Beckett.
Pero el de Requesens no es el único ni será el último caso de detención y secuestro de opositores. En el crepúsculo vespertino del viernes Gilber Caro se sumó a la lista. El dirigente de Voluntad Popular fue perseguido por las calles y capturado por miembros del FAES y el Sebin junto a uno de sus asistentes. Es la tercera vez que se lo llevan siendo diputado. Nadie sabía 48 horas después dónde había sido trasladado. Seguramente fue llevado a uno de lo sótanos de la dictadura: el centro de detención El Helicoide. Allí ya padeció los tormentos de la inteligencia chavista en otras oportunidades.
Ambos forman parte de la nómina disidente que tiene bajo custodia la autarquía chavista y que piensa engordar en las próximas horas. A ellos se suman Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, todos presos. Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano, Luis Stefanelli, Yanet Fermín y Fernando Orozco fueron acosados por la dictadura en las últimas dos semanas. Los despojaron de su inmunidad. Están refugiados en algún lugar de Venezuela, como “clandestinos”.
A Fermín, por ejemplo, la salvaron Guaidó y otros colaboradores de ser puesta en cautiverio. Agentes de la DGCIM se presentaron en su vivienda. Cuando hizo su irrupción el presidente interino junto otros opositores lograron evitar el secuestro. Los hombres de Maduro no se atrevieron a semejante vejamen institucional. Guaidó es reconocido por decenas de naciones como el legítimo mandatario venezolano por orden constitucional. Una acción contra él ¿hubiera desencadenado una reacción internacional más concreta? El hombre que habla con pájaros parece conocer sus límites.
La escalada golpista de Maduro allanando la inmunidad parlamentaria de opositores mereció la condena de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de organismos continentales y de líderes mundiales. Nadie espera repudios por parte de La Habana o Managua. América Latina es remolona en sus pronunciamientos en comparación con otras administraciones pese a la proximidad manifiesta a la devastación democrática.
"Hoy, de 167 diputados, 32 han sido detenidos, forzados al exilio o se les ha revocado su inmunidad parlamentaria constitucional”, dijo en las últimas horas Elliott Abrams, Representante Especial norteamericano para Venezuela. El funcionario de Donald Trump también denunció que a algunos legisladores intentan sobornarlos con medio millón de dólares.
Pero no sólo el secuestro y el cohecho son las herramientas con que Maduro intenta penetrar la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conducido por Maikel José Moreno Pérez, el guardaespaldas arrepentido, derrumbó una maniobra para que legisladores en el exilio o bajo resguardo pudieran votar el próximo 5 de enero. La osadía legislativa duró menos de 48 horas. Moreno, en boca de Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, derrumbó el proyecto de “participación virtual”. Quien pretenda salir de su clandestinidad obligada y acercarse a votar quizás sea tomado de rehén e incomunicado durante el camino que una su escondite con el palacio de las leyes.
Ese TSJ es el mismo que el 30 de marzo de 2017 se atribuyó la labor legislativa derrumbando el trabajo de una Asamblea que contaba con mayoría opositora. Fue el primer golpe del régimen caraqueño contra la democracia de Venezuela, además de las recurrentes denuncias de fraude electoral que se venían sucediendo desde la asunción de Maduro. Como en la Bolivia de Evo Morales, los exponentes populistas reniegan de marcharse del poder sin alterar la voluntad popular.
En aquella ocasión fue tal la presión internacional que el jefe de Miraflores debió dar marcha atrás. Pero no se contentó. En agosto siguiente le confió plenos poderes a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nombró a la ultra Delcy Rodríguez al frente, desconociendo todo contrato constitucional. De esta manera disolvió el Poder Legislativo dándole pleno control a este órgano creado para ahorcar a la oposición. Maduro se recibía de dictador: dos golpes en menos de seis meses.
Ahora, el hombre que responde marcialmente las órdenes de Cuba y cree contentar a Rusia y China con negocios de dudosa transparencia arremete otra vez contra sus rivales elegidos democráticamente. Estados Unidos promete más sanciones contra la cúpula chavista y sus aliados isleños. Si algún otro socio quisiera tender un puente de bondad con Caracas quizás también reciba una reprimenda. La frágil economía de varios países amigos no resisten aventuras. ¿Se sumarán Moscú y Beijing al empujón final del dictador? Los líderes rusos y chinos no están preocupados por la institucionalidad: sólo los une el brillo de los recursos naturales venezolanos.
Director de Infobae América | laureano@infobae.com
Nicolás Maduro activó su plan final, un nuevo golpe. Quiere terminar definitivamente con el último de los refugios democráticos que todavía late en Venezuela: una perseguida Asamblea Nacional que no está bajo sus hilos, aún. El órgano legislativo liderado por el presidente interino Juan Guaidó sobrevive, como puede y por ahora, a los interminables acosos del régimen.
La intención del subordinado cubano es impedir que Guaidó pueda ser reelecto el próximo 5 de enero por el cuerpo que le responde al líder opositor. Para eso, comenzó su proyecto ilegal para flaquear la estructura asambleísta con los resortes de espionaje y seguridad que están a su merced: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Las tres agencias de seguridad fueron denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales junto a los colectivos chavistas. El más reciente informe fue actualizado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet el pasado miércoles. El tono fue idéntico al de las demás evaluaciones: la dictadura no se detiene en su ambición por terminar con las voces disidentes.
Ese día, Bachelet -cuya biografía la convierte en una voz inobjetable en materia de derechos humanos- hizo una especial mención a la situación de Juan Requesens, el diputado que continúa preso por obra de Maduro. “Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”, exigió la ex presidenta chilena.
El legislador cumple 502 días de confinamiento. El Palacio de Miraflores y la rama judicial que le responde le imputan siete delitos imaginarios, incluidos el de traición a la patria y el de “homicidio calificado frustrado” contra Maduro y el alto mando militar venezolano. El proceso en su contra es una puesta en escena digna de una obra de Samuel Beckett.
Pero el de Requesens no es el único ni será el último caso de detención y secuestro de opositores. En el crepúsculo vespertino del viernes Gilber Caro se sumó a la lista. El dirigente de Voluntad Popular fue perseguido por las calles y capturado por miembros del FAES y el Sebin junto a uno de sus asistentes. Es la tercera vez que se lo llevan siendo diputado. Nadie sabía 48 horas después dónde había sido trasladado. Seguramente fue llevado a uno de lo sótanos de la dictadura: el centro de detención El Helicoide. Allí ya padeció los tormentos de la inteligencia chavista en otras oportunidades.
Ambos forman parte de la nómina disidente que tiene bajo custodia la autarquía chavista y que piensa engordar en las próximas horas. A ellos se suman Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, todos presos. Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano, Luis Stefanelli, Yanet Fermín y Fernando Orozco fueron acosados por la dictadura en las últimas dos semanas. Los despojaron de su inmunidad. Están refugiados en algún lugar de Venezuela, como “clandestinos”.
A Fermín, por ejemplo, la salvaron Guaidó y otros colaboradores de ser puesta en cautiverio. Agentes de la DGCIM se presentaron en su vivienda. Cuando hizo su irrupción el presidente interino junto otros opositores lograron evitar el secuestro. Los hombres de Maduro no se atrevieron a semejante vejamen institucional. Guaidó es reconocido por decenas de naciones como el legítimo mandatario venezolano por orden constitucional. Una acción contra él ¿hubiera desencadenado una reacción internacional más concreta? El hombre que habla con pájaros parece conocer sus límites.
La escalada golpista de Maduro allanando la inmunidad parlamentaria de opositores mereció la condena de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de organismos continentales y de líderes mundiales. Nadie espera repudios por parte de La Habana o Managua. América Latina es remolona en sus pronunciamientos en comparación con otras administraciones pese a la proximidad manifiesta a la devastación democrática.
"Hoy, de 167 diputados, 32 han sido detenidos, forzados al exilio o se les ha revocado su inmunidad parlamentaria constitucional”, dijo en las últimas horas Elliott Abrams, Representante Especial norteamericano para Venezuela. El funcionario de Donald Trump también denunció que a algunos legisladores intentan sobornarlos con medio millón de dólares.
Pero no sólo el secuestro y el cohecho son las herramientas con que Maduro intenta penetrar la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conducido por Maikel José Moreno Pérez, el guardaespaldas arrepentido, derrumbó una maniobra para que legisladores en el exilio o bajo resguardo pudieran votar el próximo 5 de enero. La osadía legislativa duró menos de 48 horas. Moreno, en boca de Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, derrumbó el proyecto de “participación virtual”. Quien pretenda salir de su clandestinidad obligada y acercarse a votar quizás sea tomado de rehén e incomunicado durante el camino que una su escondite con el palacio de las leyes.
Ese TSJ es el mismo que el 30 de marzo de 2017 se atribuyó la labor legislativa derrumbando el trabajo de una Asamblea que contaba con mayoría opositora. Fue el primer golpe del régimen caraqueño contra la democracia de Venezuela, además de las recurrentes denuncias de fraude electoral que se venían sucediendo desde la asunción de Maduro. Como en la Bolivia de Evo Morales, los exponentes populistas reniegan de marcharse del poder sin alterar la voluntad popular.
En aquella ocasión fue tal la presión internacional que el jefe de Miraflores debió dar marcha atrás. Pero no se contentó. En agosto siguiente le confió plenos poderes a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nombró a la ultra Delcy Rodríguez al frente, desconociendo todo contrato constitucional. De esta manera disolvió el Poder Legislativo dándole pleno control a este órgano creado para ahorcar a la oposición. Maduro se recibía de dictador: dos golpes en menos de seis meses.
Ahora, el hombre que responde marcialmente las órdenes de Cuba y cree contentar a Rusia y China con negocios de dudosa transparencia arremete otra vez contra sus rivales elegidos democráticamente. Estados Unidos promete más sanciones contra la cúpula chavista y sus aliados isleños. Si algún otro socio quisiera tender un puente de bondad con Caracas quizás también reciba una reprimenda. La frágil economía de varios países amigos no resisten aventuras. ¿Se sumarán Moscú y Beijing al empujón final del dictador? Los líderes rusos y chinos no están preocupados por la institucionalidad: sólo los une el brillo de los recursos naturales venezolanos.
