Por decreto, Macri extiende a 5 años más los cargos jerárquicos
La Asociación de Abogados del Estado impugnará la norma judicialmente y la criticó porque busca mantener a funcionarios designados por el Gobierno.
Agencias / Buenos Aires
Polémica en Argentina porque a pocos días de finalizar su mandato, el presidente Mauricio Macri estableció por decreto esta semana un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años.
La decisión se tomó en acuerdo con el gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), según reportó el portal de noticias Infobae.
El decreto 788/19 , firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un Régimen de Alta Dirección Pública, que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales -nacionales o equivalentes- y coordinadores.
Fuentes oficiales aseguraron que el decreto abarca a un universo que representa el 10% de los cargos jerárquicos del aparato estatal.
Al garantizar la estabilidad en el puesto, el personal jerárquico gozará los beneficios de los agentes de la planta permanente, cuentan con una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente al sistema tradicional de empleo público, y podrán ser indemnizados en caso de que sean despedidos de la administración pública.
Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”.
Críticas
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández definió al decreto como “un intento claro de colonizar el Estado con la fuerza política que se va. Le quieren agregar una dificultad más al Presidente que llega,
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”.
Además indicó que el decreto ha sido elaborado con la intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente.
Rubén Ramos del gremio de los abogados (AGAE), advirtió que “judicializarán” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Además definió la cuestión como “un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.
Otras decisiones
Decreto El Gobierno argentino saliente anunció ayer la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados a través de un decreto para garantizar la “seguridad” de quienes ayuden a la justicia.
Independencia El decreto indica que el nuevo organismo tendrá “autonomía funcional” y por tanto será “autárquico”, aunque estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Juicios En la actualidad, la justicia argentina trata varios casos de supuesta corrupción, muchos de ellos relacionados con los Gobiernos kirchneristas y en los que está vinculada la expresidenta Cristina Fernández. La norma busca garantizar seguridad de testigos.
Polémica en Argentina porque a pocos días de finalizar su mandato, el presidente Mauricio Macri estableció por decreto esta semana un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años.
La decisión se tomó en acuerdo con el gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), según reportó el portal de noticias Infobae.
El decreto 788/19 , firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un Régimen de Alta Dirección Pública, que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales -nacionales o equivalentes- y coordinadores.
Fuentes oficiales aseguraron que el decreto abarca a un universo que representa el 10% de los cargos jerárquicos del aparato estatal.
Al garantizar la estabilidad en el puesto, el personal jerárquico gozará los beneficios de los agentes de la planta permanente, cuentan con una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente al sistema tradicional de empleo público, y podrán ser indemnizados en caso de que sean despedidos de la administración pública.
Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”.
Críticas
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández definió al decreto como “un intento claro de colonizar el Estado con la fuerza política que se va. Le quieren agregar una dificultad más al Presidente que llega,
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”.
Además indicó que el decreto ha sido elaborado con la intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente.
Rubén Ramos del gremio de los abogados (AGAE), advirtió que “judicializarán” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Además definió la cuestión como “un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.
Otras decisiones
Decreto El Gobierno argentino saliente anunció ayer la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados a través de un decreto para garantizar la “seguridad” de quienes ayuden a la justicia.
Independencia El decreto indica que el nuevo organismo tendrá “autonomía funcional” y por tanto será “autárquico”, aunque estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Juicios En la actualidad, la justicia argentina trata varios casos de supuesta corrupción, muchos de ellos relacionados con los Gobiernos kirchneristas y en los que está vinculada la expresidenta Cristina Fernández. La norma busca garantizar seguridad de testigos.
