Bolivia: qué dice el decreto firmado por Jeanine Áñez sobre la actuación de las Fuerzas Armadas que se viralizó en las redes sociales
En las últimas horas miles usuarios compartieron una captura del documento rubricado por la senadora a cargo del Poder Ejecutivo
Infobae
La fotografía de una de las tres páginas del Decreto Supremo -con membrete de Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia- firmado por la mandataria a cargo del Poder Ejecutivo de ese país, Jeanine Áñez, causó revuelo en las redes sociales luego de que entre sus párrafos sólo se hiciera referencia a una de las oraciones que allí figuraban escritas. La expresión remarcada indica que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana que participen de los operativos quedarían “exentos de responsabilidad penal”, dando a entender que poseían “carta blanca” para reprimir y que no tendrían consecuencias judiciales de ningún tipo por parte del gobierno de transición que sucedió a Evo Morales.
Sin embargo, el párrafo completo al que se hace referencia es más amplio y explicativo. “Artículo 3: El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Es decir, el decreto firmado por Áñez y otros once funcionarios enmarca el accionar militar y policial dentro de lo que le impone la Constitución Política del Estado y las leyes penales de Bolivia.
La norma de actuación represiva firmada por el Poder Ejecutivo continúa explicando los alcances del uso de la fuerza que tendrán que realizar los miembros que sean convocados para tal fin: “Artículo 4: Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre de 2013 de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales”.
El mensaje viralizado en redes sociales se expandió horas después de que se conociera que durante los gravísimos incidentes registrados en Cochabamba, al menos nueve personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía Boliviana, todas como consecuencia de disparos de armas de fuego. Las víctimas de las últimas 24 horas perecieron en centros hospitalarios de la zona y se suman a otras ocho que murieron en las semanas previas, de acuerdo a un informe dado a conocer por la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Bachelet se refirió a la crítica situación que se vive por estas horas en aquel país y señaló: “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente”. “Tenemos información de que al menos diecisiete personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas catorce solo en los últimos seis días”, señaló la ex presidente chilena en un comunicado emitido por su oficina en Ginebra.
Añadió que, mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”. La alta comisionada condenó esas muertes y alertó de que la situación está evolucionando por un camino “en extremo peligroso, pues, lejos de apaciguar la violencia, es posible que la empeore”.
La fotografía de una de las tres páginas del Decreto Supremo -con membrete de Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia- firmado por la mandataria a cargo del Poder Ejecutivo de ese país, Jeanine Áñez, causó revuelo en las redes sociales luego de que entre sus párrafos sólo se hiciera referencia a una de las oraciones que allí figuraban escritas. La expresión remarcada indica que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana que participen de los operativos quedarían “exentos de responsabilidad penal”, dando a entender que poseían “carta blanca” para reprimir y que no tendrían consecuencias judiciales de ningún tipo por parte del gobierno de transición que sucedió a Evo Morales.
Sin embargo, el párrafo completo al que se hace referencia es más amplio y explicativo. “Artículo 3: El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Es decir, el decreto firmado por Áñez y otros once funcionarios enmarca el accionar militar y policial dentro de lo que le impone la Constitución Política del Estado y las leyes penales de Bolivia.
La norma de actuación represiva firmada por el Poder Ejecutivo continúa explicando los alcances del uso de la fuerza que tendrán que realizar los miembros que sean convocados para tal fin: “Artículo 4: Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre de 2013 de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales”.
El mensaje viralizado en redes sociales se expandió horas después de que se conociera que durante los gravísimos incidentes registrados en Cochabamba, al menos nueve personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía Boliviana, todas como consecuencia de disparos de armas de fuego. Las víctimas de las últimas 24 horas perecieron en centros hospitalarios de la zona y se suman a otras ocho que murieron en las semanas previas, de acuerdo a un informe dado a conocer por la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Bachelet se refirió a la crítica situación que se vive por estas horas en aquel país y señaló: “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente”. “Tenemos información de que al menos diecisiete personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas catorce solo en los últimos seis días”, señaló la ex presidente chilena en un comunicado emitido por su oficina en Ginebra.
Añadió que, mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”. La alta comisionada condenó esas muertes y alertó de que la situación está evolucionando por un camino “en extremo peligroso, pues, lejos de apaciguar la violencia, es posible que la empeore”.
