La batalla por la gasolina en Venezuela: con armas, se enfrentaron a militares y colectivos que querían llevarse un camión de combustible
Fue frente a la plaza San Miguel de San Cristóbal, en Táchira. Los uniformados pretendían llevarse el vehículo y dejar esperando a los pobladores que llevaban tres días aguardando poder surtirse
Sebastiana Barráez
desde Caracas, Venezuela
En Caracas ya casi no se paga para surtirse de gasolina en las estaciones de servicio. Si el islero o bombero, como se le llama al empleado, se levanta y actúa con cierta diligencia, se le da una propina. En el interior del país la historia es otra, más aún en las zonas fronterizas, donde una persona permanece dentro de su vehículo por lo menos tres días, algunos hasta seis días viviendo, comiendo, durmiendo y haciendo cualquier cosa, dentro del carro hasta que logra surtirse de combustible.
Hace unos años, el Gobierno inventó instalar unos chips o TAG en los vehículos para llevar el control del suministro y que se pudiera surtir dos veces a la semana. Fue el negocio del hijo de un comandante de la revolución. Significó días de trámites, documentos y colas. Al principio funcionó parcialmente. Un día descubrieron que había miles de chips en manos de los contrabandistas, que en la oficina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) estaba montada una banda que se dedicaba a hacer negocios con los chips. Presos, fiscalía, tribunales, llamadas telefónicas, libertad y olvidado el asunto.
El Consejo Legislativo Regional del Táchira asignó a integrantes de los colectivos para que estén encargados en las bombas de gasolina en la frontera. Rápidamente se reconocen porque usan una boina con la estrella roja al frente, al estilo del “Che” Guevara.
Le pregunto a un islero qué requisitos debe tener alguien que quiera surtir en las bombas alternativas o especiales. “Ah, eso debe estar autorizado por el protector del Táchira Freddy Bernal. Es el único que da la orden”. Le insisto en que me diga quiénes son esos hombres armados que vigilan la bomba. “Unos dicen que son colectivos, pero también que son de la Fuerzas de Acciones Especiales. Aquí mejor es no preguntar mucho”, me responde.
Le pido que me explique cómo sabe que una persona está autorizada para equipar y cómo está seguro que no es un impostor. “Aquí no es posible eso, porque para poder echar gasolina debe traer una clave”.
En la estación de servicio, frente a la plaza San Miguel de San Cristóbal, llegó ayer miércoles la gandola (camión) de combustible que se observa en el video. Había personas con tres días haciendo cola. Cuando se disponían a descargarla, llegó el grupo de militares que pretende llevársela para El Carmen, una de las llamadas bombas exclusivas que maneja un grupo de funcionarios del gobierno.
Los militares armados y los colectivos también armados creyeron que podían llevársela. Pero quienes hacían cola estaban muy obstinados y decididos a dejarse matar o a matar. Y aparecieron armas que enfrentaron a militares y colectivos para defender que la gandola descargara allí. Y esta vez se quedó.
Ni muertos ni pacientes
Ante la emergencia por algún enfermo o fallecido que no espera por la cola, debe acudirse a los generales de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) o de la Zona de Defensa (Zodi), para que lo incluya en la lista de los llamados apoyos. “No está”, es la respuesta.
Ana nos contó que viajó apresurada al Táchira cuando su mamá murió. Al dolor que sentía, el cansancio por el viaje y la tristeza de no tener cómo poder enterrarla en San Cristóbal, le dijeron en la funeraria que no podían trasladarla hasta el pueblo de Michelena porque no tenían gasolina. Al llegar a la estación de servicio, vino la danza de la distracción: vaya a la Redi, vaya a la Zodi, dígale al general, busque a Bernal, etc.
“Llorando, pero llorando de verdad, le dije a los de la bomba de gasolina que nos dieran un poco para trasladar a mi mamá que había muerto. Uno de los tipos me dijo casi con burla: señorita aquí la gente viene con muchas excusas, hasta matan a la mamá y uno nunca ve el muerto. A la tristeza, se le había sumado la impotencia y la indignación”.
La joven le pidió a un amigo de un camión de estaca que llevara a la familia y la urna para un área rural de Michelena y así hacían un solo viaje. “Prometí que yo conseguía la gasolina. Había pasado mucho tiempo y temíamos que la descomposición del cuerpo lo reventara. En la estación de servicio me le acerqué al hombrecito de rostro burlón. Aquí está el cadáver de mi madre, ¿qué otro requisito necesito llenar?”.
A los pocos minutos Ana iba, con su familia, en la parte atrás del camión, por la carretera rumbo a Michelena, acompañando la urna con el cadáver de su madre, cubierto de flores tristes.
La golpeada región andina
Franklyn Duarte es diputado de la Asamblea Nacional, es parlamentario de la frontera y luchador social. Él denuncia que “en el Táchira se han implementado en los últimos años una serie de controles supuestamente para evitar el contrabando que sigue exactamente igual y más bien ha aumentado”.
Explica que, durante los últimos 20 años, en municipios donde existían tres o cuatro estaciones de servicio, eliminaron dos. “Y hay municipios que no tienen ninguna, como ocurre en Umuquena, Las Mesas, San Simón, Urdaneta y San José de Bolívar, obligándolos a movilizarse a otro municipio para poder surtirse”.
Un factor que agrava el caso es que se redujo la cantidad de litros permitidos. “El litraje es decisión del militar que esté en la estación de servicio, de manera que él dispone a discreción la cantidad de combustible que se puede surtir”. Se han establecido estaciones de servicio alternativas o especiales, que en el caso de San Cristóbal están en barrio El Carmen, frente al Cicpc y en la Avenida Los Agustinos.
“Aún nadie sabe cómo se hace para equipar en esas estaciones. Funcionan como exclusivas. Nunca tiene gasolina para el común de la gente. Pero extrañamente siempre hay para camionetas de lujo y típicos carros gasolineros, con tanques grandes o adaptados, tipo Silverados que usa dos tanques o Super Dutty”.
Duarte informa que ayer miércoles se instaló en la Asamblea Nacional una comisión de trabajo. “Los diputados de la región andina, es decir Táchira, Mérida y Trujillo manifestaron que en esos estados las colas para surtirse son de varios días”.
En las bombas exclusivas se debe pagar entre 80 y 100 mil pesos colombianos (unos 588 mil bolívares o 31 dólares), según la capacidad del vehículo. Los camiones como Silverado requieren de nueve pimpinas de 20 litros. La pimpina la venden en la calle en 50 mil pesos colombianos.
Por ejemplo, si una gandola de gasolina tiene para surtir 500 carros, solo permiten que pase 300 o máximo 350 carros. De manera que 150 carros es la cuota de los exprés, es decir de los que pagan; el monto por pasar, sin hacer cola, son 50 mil pesos (casi 16 dólares) que administra y reparte el integrante de los mal llamados colectivos (grupos de choque de la revolución) entre el administrador de la bomba de gasolina, el funcionario militar y otros.
La excusa es que esos 150 carros son “vehículos de apoyo” de la Guardia Nacional, de la Policía, etc. A veces a los 300 que les corresponde echar y que pueden estar en cola tres, cuatro o cinco días, les dicen que “hay poca gasolina pero para que alcance para todos, se les va a surtir solo 20 litros”. El colectivo aparece como la solución y le dice “yo le cuadro para que le echen completo, pero debes dejar 20 mil pesos”.
Ni para los productores
La capital del municipio Jaúregui es la hermosa ciudad de La Grita, rodeada por gran cantidad de zonas productoras de hortalizas, frutas y verduras. Los trabajadores del campo han dicho “de qué sirve semejante sacrificio si el gobierno de Maduro nos ve como enemigos, nos quita herbicidas, fungicidas, semillas, maquinaria y equipos, los fertilizantes son muy caros, para sembrar y cosechar tenemos que buscar en el mercado negro los insumos. Aun así seguimos produciendo”.
Pero ya encontraron un freno determinante. “No tenemos gasolina para transportar nuestras cosechas, ni para las plantas, ni motores”. Los ferieros, como llaman a quienes montan ventas de productos agrícolas para Caracas y estados cercanos, una vez a la semana, se están paralizando. “Las cosechas se están perdiendo”. Amenazan con no enviar más alimentos para el centro del país.
“Si vuelven a venir los militares, como ocurrió en el 2014, a obligarnos a sacar los productos, pues que lo cosechen ellos. A los productores de La Grita, El Cobre, Bailadores, Mucuchíes, Timotes, Puerta, Tuñame, Boconó, nos quitan la gasolina, pues entonces quitémosle la comida”.
La Zona de Defensa Integral (ZODI) del Táchira debería estar ocupada en la defensa del territorio y la soberanía, pero su función principal es el combustible. Hace unas semanas el llamado protector Freddy Bernal, que es la autoridad única del Estado Mayor del Combustible, anunció que desde el 14 de octubre habría dos estaciones de servicio para motorizados, la Continental y la Carabobo, bajo la supervisión de la Policía Nacional Bolivariana. La Antonio José de Sucre es para vehículos particulares, bajo la supervisión del Comando de Zona de la GNB.
Además, solo podía abastecerse hasta cuarenta 40 litros de combustible por usuario particular, menos el municipio Uribante. Antes se les permitía a los turistas tener acceso a un chip por unos días mientras estaba en la zona fronteriza. Eso fue eliminado. Los que llegan al estado no tienen más opción que pagarle a la poderosa y multimillonaria industria del contrabando.
desde Caracas, Venezuela
En Caracas ya casi no se paga para surtirse de gasolina en las estaciones de servicio. Si el islero o bombero, como se le llama al empleado, se levanta y actúa con cierta diligencia, se le da una propina. En el interior del país la historia es otra, más aún en las zonas fronterizas, donde una persona permanece dentro de su vehículo por lo menos tres días, algunos hasta seis días viviendo, comiendo, durmiendo y haciendo cualquier cosa, dentro del carro hasta que logra surtirse de combustible.
Hace unos años, el Gobierno inventó instalar unos chips o TAG en los vehículos para llevar el control del suministro y que se pudiera surtir dos veces a la semana. Fue el negocio del hijo de un comandante de la revolución. Significó días de trámites, documentos y colas. Al principio funcionó parcialmente. Un día descubrieron que había miles de chips en manos de los contrabandistas, que en la oficina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) estaba montada una banda que se dedicaba a hacer negocios con los chips. Presos, fiscalía, tribunales, llamadas telefónicas, libertad y olvidado el asunto.
El Consejo Legislativo Regional del Táchira asignó a integrantes de los colectivos para que estén encargados en las bombas de gasolina en la frontera. Rápidamente se reconocen porque usan una boina con la estrella roja al frente, al estilo del “Che” Guevara.
Le pregunto a un islero qué requisitos debe tener alguien que quiera surtir en las bombas alternativas o especiales. “Ah, eso debe estar autorizado por el protector del Táchira Freddy Bernal. Es el único que da la orden”. Le insisto en que me diga quiénes son esos hombres armados que vigilan la bomba. “Unos dicen que son colectivos, pero también que son de la Fuerzas de Acciones Especiales. Aquí mejor es no preguntar mucho”, me responde.
Le pido que me explique cómo sabe que una persona está autorizada para equipar y cómo está seguro que no es un impostor. “Aquí no es posible eso, porque para poder echar gasolina debe traer una clave”.
En la estación de servicio, frente a la plaza San Miguel de San Cristóbal, llegó ayer miércoles la gandola (camión) de combustible que se observa en el video. Había personas con tres días haciendo cola. Cuando se disponían a descargarla, llegó el grupo de militares que pretende llevársela para El Carmen, una de las llamadas bombas exclusivas que maneja un grupo de funcionarios del gobierno.
Los militares armados y los colectivos también armados creyeron que podían llevársela. Pero quienes hacían cola estaban muy obstinados y decididos a dejarse matar o a matar. Y aparecieron armas que enfrentaron a militares y colectivos para defender que la gandola descargara allí. Y esta vez se quedó.
Ni muertos ni pacientes
Ante la emergencia por algún enfermo o fallecido que no espera por la cola, debe acudirse a los generales de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) o de la Zona de Defensa (Zodi), para que lo incluya en la lista de los llamados apoyos. “No está”, es la respuesta.
Ana nos contó que viajó apresurada al Táchira cuando su mamá murió. Al dolor que sentía, el cansancio por el viaje y la tristeza de no tener cómo poder enterrarla en San Cristóbal, le dijeron en la funeraria que no podían trasladarla hasta el pueblo de Michelena porque no tenían gasolina. Al llegar a la estación de servicio, vino la danza de la distracción: vaya a la Redi, vaya a la Zodi, dígale al general, busque a Bernal, etc.
“Llorando, pero llorando de verdad, le dije a los de la bomba de gasolina que nos dieran un poco para trasladar a mi mamá que había muerto. Uno de los tipos me dijo casi con burla: señorita aquí la gente viene con muchas excusas, hasta matan a la mamá y uno nunca ve el muerto. A la tristeza, se le había sumado la impotencia y la indignación”.
La joven le pidió a un amigo de un camión de estaca que llevara a la familia y la urna para un área rural de Michelena y así hacían un solo viaje. “Prometí que yo conseguía la gasolina. Había pasado mucho tiempo y temíamos que la descomposición del cuerpo lo reventara. En la estación de servicio me le acerqué al hombrecito de rostro burlón. Aquí está el cadáver de mi madre, ¿qué otro requisito necesito llenar?”.
A los pocos minutos Ana iba, con su familia, en la parte atrás del camión, por la carretera rumbo a Michelena, acompañando la urna con el cadáver de su madre, cubierto de flores tristes.
La golpeada región andina
Franklyn Duarte es diputado de la Asamblea Nacional, es parlamentario de la frontera y luchador social. Él denuncia que “en el Táchira se han implementado en los últimos años una serie de controles supuestamente para evitar el contrabando que sigue exactamente igual y más bien ha aumentado”.
Explica que, durante los últimos 20 años, en municipios donde existían tres o cuatro estaciones de servicio, eliminaron dos. “Y hay municipios que no tienen ninguna, como ocurre en Umuquena, Las Mesas, San Simón, Urdaneta y San José de Bolívar, obligándolos a movilizarse a otro municipio para poder surtirse”.
Un factor que agrava el caso es que se redujo la cantidad de litros permitidos. “El litraje es decisión del militar que esté en la estación de servicio, de manera que él dispone a discreción la cantidad de combustible que se puede surtir”. Se han establecido estaciones de servicio alternativas o especiales, que en el caso de San Cristóbal están en barrio El Carmen, frente al Cicpc y en la Avenida Los Agustinos.
“Aún nadie sabe cómo se hace para equipar en esas estaciones. Funcionan como exclusivas. Nunca tiene gasolina para el común de la gente. Pero extrañamente siempre hay para camionetas de lujo y típicos carros gasolineros, con tanques grandes o adaptados, tipo Silverados que usa dos tanques o Super Dutty”.
Duarte informa que ayer miércoles se instaló en la Asamblea Nacional una comisión de trabajo. “Los diputados de la región andina, es decir Táchira, Mérida y Trujillo manifestaron que en esos estados las colas para surtirse son de varios días”.
En las bombas exclusivas se debe pagar entre 80 y 100 mil pesos colombianos (unos 588 mil bolívares o 31 dólares), según la capacidad del vehículo. Los camiones como Silverado requieren de nueve pimpinas de 20 litros. La pimpina la venden en la calle en 50 mil pesos colombianos.
Por ejemplo, si una gandola de gasolina tiene para surtir 500 carros, solo permiten que pase 300 o máximo 350 carros. De manera que 150 carros es la cuota de los exprés, es decir de los que pagan; el monto por pasar, sin hacer cola, son 50 mil pesos (casi 16 dólares) que administra y reparte el integrante de los mal llamados colectivos (grupos de choque de la revolución) entre el administrador de la bomba de gasolina, el funcionario militar y otros.
La excusa es que esos 150 carros son “vehículos de apoyo” de la Guardia Nacional, de la Policía, etc. A veces a los 300 que les corresponde echar y que pueden estar en cola tres, cuatro o cinco días, les dicen que “hay poca gasolina pero para que alcance para todos, se les va a surtir solo 20 litros”. El colectivo aparece como la solución y le dice “yo le cuadro para que le echen completo, pero debes dejar 20 mil pesos”.
Ni para los productores
La capital del municipio Jaúregui es la hermosa ciudad de La Grita, rodeada por gran cantidad de zonas productoras de hortalizas, frutas y verduras. Los trabajadores del campo han dicho “de qué sirve semejante sacrificio si el gobierno de Maduro nos ve como enemigos, nos quita herbicidas, fungicidas, semillas, maquinaria y equipos, los fertilizantes son muy caros, para sembrar y cosechar tenemos que buscar en el mercado negro los insumos. Aun así seguimos produciendo”.
Pero ya encontraron un freno determinante. “No tenemos gasolina para transportar nuestras cosechas, ni para las plantas, ni motores”. Los ferieros, como llaman a quienes montan ventas de productos agrícolas para Caracas y estados cercanos, una vez a la semana, se están paralizando. “Las cosechas se están perdiendo”. Amenazan con no enviar más alimentos para el centro del país.
“Si vuelven a venir los militares, como ocurrió en el 2014, a obligarnos a sacar los productos, pues que lo cosechen ellos. A los productores de La Grita, El Cobre, Bailadores, Mucuchíes, Timotes, Puerta, Tuñame, Boconó, nos quitan la gasolina, pues entonces quitémosle la comida”.
La Zona de Defensa Integral (ZODI) del Táchira debería estar ocupada en la defensa del territorio y la soberanía, pero su función principal es el combustible. Hace unas semanas el llamado protector Freddy Bernal, que es la autoridad única del Estado Mayor del Combustible, anunció que desde el 14 de octubre habría dos estaciones de servicio para motorizados, la Continental y la Carabobo, bajo la supervisión de la Policía Nacional Bolivariana. La Antonio José de Sucre es para vehículos particulares, bajo la supervisión del Comando de Zona de la GNB.
Además, solo podía abastecerse hasta cuarenta 40 litros de combustible por usuario particular, menos el municipio Uribante. Antes se les permitía a los turistas tener acceso a un chip por unos días mientras estaba en la zona fronteriza. Eso fue eliminado. Los que llegan al estado no tienen más opción que pagarle a la poderosa y multimillonaria industria del contrabando.
