La Corte Suprema chavista ordenó quitarle la inmunidad a otros tres diputados venezolanos
Los tres legisladores en la mira por "traición" son Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa. Ahora, la Constituyente liderada por Diosdado Cabello cumplicrá con el pedido. La maniobra es una práctica ya sistemática de la dictadura para vaciar el Parlamento
Infobae
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó este lunes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa, diputados a la Asamblea Nacional. Según El Nacional, en la sesión de la Sala Plena, acusaron a los diputados a la Asamblea Nacional de "traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio".
La solicitud, publicada en la sentencia número 55 de la Sala Plena explica que ahora "la Asamblea Nacional Constituyente" será la encargada de su su aprobación.
La medida llega luego de que Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países incluido EEUU, advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo ordenado por Estados Unidos.
En la sentencia del TSJ se señala que la solicitud de la medida ocurre en atención a "la comisión flagrante" de una serie de delitos como "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones".
Los magistrados esgrimen que por tratarse de supuestos delitos comunes cometidos en fragancia en estos casos "no procede el antejuicio de mérito", paso previo que fija la constitución venezolana antes del allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
Entre los motivos de la investigación citados por el TSJ está la participación de los diputados en la sesión parlamentaria en la que se escogió a la actual directiva de la Asamblea Nacional, pues consideran que el Legislativo sigue actualmente "en desacato" por lo que "todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica".
El TSJ ordenó remitir esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano legislativo paralelo al Parlamento y conformado por militantes del oficialismo, para que "determine lo conducente".
Guerra es economista y profesor universitario, forma parte de la Comisión de Finanzas del Parlamento; Guanipa es secretario general de su partido, el mismo en el milita el ex candidato presidencial Henrique Capriles; mientras que García Canales pertenece a la misma tolda que la ex diputada María Corina Machado.
La escalada de la Justicia chavista ya dejó seis escaños vacíos y una veintena en peligro. La Asamblea Nacional presentó días atrás un informe en el que se recopilan caso por caso el "acoso o agresión" que han sufrido más 100 legisladores por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el reporte enviado a la Unión Interparlamentaria, los casos están relacionados con "tortura, malos tratos, amenazas, intimidación, arresto arbitrario, detención, incumplimiento de las garantías procesales, violación de la libertad de opinión y expresión, violación a la inmunidad parlamentaria y acoso por parte de colectivos paramilitares", entre otros.
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó este lunes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa, diputados a la Asamblea Nacional. Según El Nacional, en la sesión de la Sala Plena, acusaron a los diputados a la Asamblea Nacional de "traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio".
La solicitud, publicada en la sentencia número 55 de la Sala Plena explica que ahora "la Asamblea Nacional Constituyente" será la encargada de su su aprobación.
La medida llega luego de que Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países incluido EEUU, advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo ordenado por Estados Unidos.
En la sentencia del TSJ se señala que la solicitud de la medida ocurre en atención a "la comisión flagrante" de una serie de delitos como "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones".
Los magistrados esgrimen que por tratarse de supuestos delitos comunes cometidos en fragancia en estos casos "no procede el antejuicio de mérito", paso previo que fija la constitución venezolana antes del allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
Entre los motivos de la investigación citados por el TSJ está la participación de los diputados en la sesión parlamentaria en la que se escogió a la actual directiva de la Asamblea Nacional, pues consideran que el Legislativo sigue actualmente "en desacato" por lo que "todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica".
El TSJ ordenó remitir esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano legislativo paralelo al Parlamento y conformado por militantes del oficialismo, para que "determine lo conducente".
Guerra es economista y profesor universitario, forma parte de la Comisión de Finanzas del Parlamento; Guanipa es secretario general de su partido, el mismo en el milita el ex candidato presidencial Henrique Capriles; mientras que García Canales pertenece a la misma tolda que la ex diputada María Corina Machado.
La escalada de la Justicia chavista ya dejó seis escaños vacíos y una veintena en peligro. La Asamblea Nacional presentó días atrás un informe en el que se recopilan caso por caso el "acoso o agresión" que han sufrido más 100 legisladores por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el reporte enviado a la Unión Interparlamentaria, los casos están relacionados con "tortura, malos tratos, amenazas, intimidación, arresto arbitrario, detención, incumplimiento de las garantías procesales, violación de la libertad de opinión y expresión, violación a la inmunidad parlamentaria y acoso por parte de colectivos paramilitares", entre otros.
