Las protestas en Hong Kong entran en una nueva fase más violenta
La ministra jefa, Carrie Lam, ha declarado a quienes se enfrentaron con la policía este fin de semana "participantes en disturbios", cargo que puede acarrear 10 años de cárcel
Macarena Vidal Liy
Pekín, El País
La ola de protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición y, por extensión, contra su Gobierno autónomo, ha entrado definitivamente en una nueva fase, tras los incidentes violentos de este fin de semana. Más airada por ambas partes —jóvenes manifestantes de un lado, y Policía y Gobierno por otro— y con un mayor uso de la fuerza. Sin que ninguna de las partes dé muestras de ceder, el territorio autónomo se encara a vivir un verano de discordia, que podría incluso empañar las celebraciones del 70º aniversario de la República Popular de China el 1 de octubre.
La jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, lo ha dejado claro este lunes al visitar en el hospital a tres de los agentes de policía heridos en los enfrentamientos del domingo en un centro comercial en Sha Tin, cerca de la frontera con China. Al referirse a esos incidentes, empleó un término legal que había evitado en el último mes. Los manifestantes que intervinieron en la escaramuza son “participantes en disturbios”, subrayó. En Hong Kong, “participar en disturbios” es un delito que puede acarrear hasta diez años de cárcel.
Precisamente, una de las demandas de los participantes en las concentraciones que han sacudido Hong Kong desde el 9 de junio es que estas protestas no se consideren “disturbios”, y que los detenidos en ellas no tengan que afrontar cargos.
“Damos las gracias a los agentes de policía por mantener el orden social con lealtad y profesionalidad, aunque han sufrido los ataques de esos participantes en disturbios. Se les puede llamar participantes en disturbios”, ha declarado Lam.
Es posible que las palabras de la jefa de Gobierno hagan escalar la ya alta tensión que vive el territorio autónomo, cuando están previstos nuevos actos de protesta a lo largo de este mes. Entre ellos, está pendiente de recibir autorización una nueva marcha masiva para el domingo en Admiralty, en las cercanías del Legislativo autónomo, que centenares de estudiantes tomaron durante tres horas el pasado día 1. Ese asalto supuso un giro en la estrategia de los jóvenes manifestantes, que por primera vez causaron daños materiales graves.
Desde entonces, las marchas, que hasta ese momento habían transcurrido por el centro financiero de la ciudad, se han hecho más reducidas y se han trasladado a otras zonas, para ampliar la protesta e incluir reclamaciones locales. Las de mayores dimensiones se han dirigido a objetivos chinos: bien intentar concienciar a los turistas chinos de lo que ocurre en Hong Kong, o bien —como ocurría este fin de semana— protestar contra las distorsiones que provoca el “comercio paralelo”, la práctica de cruzar a Hong Kong para comprar grandes cantidades de productos libres de impuestos y revenderlos al otro lado de la frontera.
Las protestas del domingo en Sha Tin —un barrio en las cercanías de la frontera donde sus residentes se quejan de que el comercio paralelo ha llenado la zona de farmacias y perfumerías, y la ha vaciado de tiendas que surtan las necesidades diarias— comenzaron pacíficamente pero acabaron en caóticos enfrentamientos entre la Policía y los jóvenes en un centro comercial.
Como resultado, 22 personas quedaron ingresadas en el hospital, de las que cuatro se encuentran graves y dos, muy graves. Seis de los hospitalizados son agentes de policía. Al menos 37 personas quedaron detenidas, 20 hombres y 17 mujeres.
Legisladores y concejales de distrito de la oposición han acusado a la Policía de un uso excesivo de la fuerza y de tácticas peligrosas. Según han declarado, los agentes acorralaron a los manifestantes en el centro comercial, cuando los jóvenes ya se estaban dispersando de propia iniciativa, y bloquearon los accesos. El partido Demosisto, fundado por el antiguo líder estudiantil Joshua Wong, ha denunciado que dos de sus líderes se encuentran entre los detenidos, tras recibir golpes en la espalda y la cabeza cuando intentaban abandonar el área.
La Policía, en cambio, alega que entró en el centro comercial, de propiedad privada, porque los agentes estaban siendo agredidos. “La turba perdió el control y su comportamiento fue horroroso”, ha denunciado el jefe de Policía, Stephen Lo. “Cuando había gente violando la ley, ¿los agentes debían permitírselo?”, se preguntó en una rueda de prensa a primeras horas de este lunes.
Lam ha expresado su apoyo a la Policía: “Una vez y otra, hemos visto cómo algunos recurrían a las protestas violentas después de manifestaciones pacíficas, y a atacar a representantes de las fuerzas del orden”.
En sus declaraciones a la prensa, la jefa de Gobierno desmintió que, como publicaba este domingo el periódico Financial Times, haya presentado su dimisión y Pekín se la haya rechazado. Según subrayó, mantiene su compromiso a terminar su mandato, que expira a mediados de 2022.
Pekín, El País
La ola de protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición y, por extensión, contra su Gobierno autónomo, ha entrado definitivamente en una nueva fase, tras los incidentes violentos de este fin de semana. Más airada por ambas partes —jóvenes manifestantes de un lado, y Policía y Gobierno por otro— y con un mayor uso de la fuerza. Sin que ninguna de las partes dé muestras de ceder, el territorio autónomo se encara a vivir un verano de discordia, que podría incluso empañar las celebraciones del 70º aniversario de la República Popular de China el 1 de octubre.
La jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, lo ha dejado claro este lunes al visitar en el hospital a tres de los agentes de policía heridos en los enfrentamientos del domingo en un centro comercial en Sha Tin, cerca de la frontera con China. Al referirse a esos incidentes, empleó un término legal que había evitado en el último mes. Los manifestantes que intervinieron en la escaramuza son “participantes en disturbios”, subrayó. En Hong Kong, “participar en disturbios” es un delito que puede acarrear hasta diez años de cárcel.
Precisamente, una de las demandas de los participantes en las concentraciones que han sacudido Hong Kong desde el 9 de junio es que estas protestas no se consideren “disturbios”, y que los detenidos en ellas no tengan que afrontar cargos.
“Damos las gracias a los agentes de policía por mantener el orden social con lealtad y profesionalidad, aunque han sufrido los ataques de esos participantes en disturbios. Se les puede llamar participantes en disturbios”, ha declarado Lam.
Es posible que las palabras de la jefa de Gobierno hagan escalar la ya alta tensión que vive el territorio autónomo, cuando están previstos nuevos actos de protesta a lo largo de este mes. Entre ellos, está pendiente de recibir autorización una nueva marcha masiva para el domingo en Admiralty, en las cercanías del Legislativo autónomo, que centenares de estudiantes tomaron durante tres horas el pasado día 1. Ese asalto supuso un giro en la estrategia de los jóvenes manifestantes, que por primera vez causaron daños materiales graves.
Desde entonces, las marchas, que hasta ese momento habían transcurrido por el centro financiero de la ciudad, se han hecho más reducidas y se han trasladado a otras zonas, para ampliar la protesta e incluir reclamaciones locales. Las de mayores dimensiones se han dirigido a objetivos chinos: bien intentar concienciar a los turistas chinos de lo que ocurre en Hong Kong, o bien —como ocurría este fin de semana— protestar contra las distorsiones que provoca el “comercio paralelo”, la práctica de cruzar a Hong Kong para comprar grandes cantidades de productos libres de impuestos y revenderlos al otro lado de la frontera.
Las protestas del domingo en Sha Tin —un barrio en las cercanías de la frontera donde sus residentes se quejan de que el comercio paralelo ha llenado la zona de farmacias y perfumerías, y la ha vaciado de tiendas que surtan las necesidades diarias— comenzaron pacíficamente pero acabaron en caóticos enfrentamientos entre la Policía y los jóvenes en un centro comercial.
Como resultado, 22 personas quedaron ingresadas en el hospital, de las que cuatro se encuentran graves y dos, muy graves. Seis de los hospitalizados son agentes de policía. Al menos 37 personas quedaron detenidas, 20 hombres y 17 mujeres.
Legisladores y concejales de distrito de la oposición han acusado a la Policía de un uso excesivo de la fuerza y de tácticas peligrosas. Según han declarado, los agentes acorralaron a los manifestantes en el centro comercial, cuando los jóvenes ya se estaban dispersando de propia iniciativa, y bloquearon los accesos. El partido Demosisto, fundado por el antiguo líder estudiantil Joshua Wong, ha denunciado que dos de sus líderes se encuentran entre los detenidos, tras recibir golpes en la espalda y la cabeza cuando intentaban abandonar el área.
La Policía, en cambio, alega que entró en el centro comercial, de propiedad privada, porque los agentes estaban siendo agredidos. “La turba perdió el control y su comportamiento fue horroroso”, ha denunciado el jefe de Policía, Stephen Lo. “Cuando había gente violando la ley, ¿los agentes debían permitírselo?”, se preguntó en una rueda de prensa a primeras horas de este lunes.
Lam ha expresado su apoyo a la Policía: “Una vez y otra, hemos visto cómo algunos recurrían a las protestas violentas después de manifestaciones pacíficas, y a atacar a representantes de las fuerzas del orden”.
En sus declaraciones a la prensa, la jefa de Gobierno desmintió que, como publicaba este domingo el periódico Financial Times, haya presentado su dimisión y Pekín se la haya rechazado. Según subrayó, mantiene su compromiso a terminar su mandato, que expira a mediados de 2022.
