Conmoción mundial por las torturas y las violaciones a derechos humanos de la dictadura militar de Maduro
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió el sábado pasado tras ser sometido a todo tipo de vejámenes por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
Infobae
Venezuela está impactada. Nadie termina de asimilar los estremecedores detalles de las torturas que terminaron en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, revelados por extractos de la autopsia que lograron pasar la estricta censura del régimen de Nicolás Maduro.
El militar, que había sido secuestrado el 21 de junio por la dictadura chavista, murió este sábado en una mesa de tortura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Según lo que se difundió del informe a través de redes sociales, la causa de la muerte fue un "edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado".
Rabdomiólisis es una palabra técnica cuyo significado revela el horror al que fue sometido Acosta Arévalo. Se trata de un síndrome de necrosis muscular muy habitual entre las víctimas de terremotos, bombardeos y derrumbes de edificios, que mueren aplastadas.
"El caso del capitán de corbeta no es aislado como pretende hacer creer el gobierno según las declaraciones de sus funcionarios. Entre 2013 y 2018, la ONG Provea ha contabilizado 488 casos de torturas sobre militares y civiles detenidos en los calabozos del gobierno. También hay una ONG internacional llamada CASLA, que ha documentado 500 casos de tortura. Y la ONG Acceso a la Justicia señala que no son aislados, sino que es bastante común, y que la mayor responsabilidad la tiene quien ordena, es decir, el Estado venezolano, el régimen chavista", afirmó el periodista venezolano Omar Lugo, director de El Estímulo, en diálogo con "Cada Mañana", programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre de Argentina.
Un informe de la OEA presentado el viernes pasado denunció que tras el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril promovido por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fueron detenidas 327 personas en apenas dos días. El régimen intenta que no se sepa qué hace con los detenidos, pero en este caso no pudo.
El caso del capitán de corbeta no es aislado como pretende hacer creer el gobierno según las declaraciones de sus funcionarios
"El Gobierno ejerce una terrible censura que no sólo se limita a atacar medios de comunicación, sino a cerrar todo el acceso a información que sea valiosa para la colectividad —dijo Lugo—. En este caso, un fiscal en el exilio, Zaid Amundaray, que está viviendo en Colombia después de que la anterior fiscal general Luisa Ortega Díaz fuese separada del cargo, consiguió el informe forense y lo filtró a través de las redes sociales. Fueron colaboradores que les quedan dentro del sistema a la anterior Fiscalía quienes pasaron esa información. Por eso nos enteramos".
Ante la indignación que generó el brutal asesinato en todo el mundo, el régimen se sintió forzado a responder de alguna manera. La Justicia chavista anunció este lunes la detención de dos militares por su presunta responsabilidad en la muerte. Son el suboficial Estiben José Zárate Zoto, de 22 años, y el sargento segundo Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23. Ambos pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
"No fue un caso limitado a dos subalternos a los cuales se les pasó la mano. Ellos tenían órdenes superiores. De hecho, los grados de las personas señaladas por el gobierno como responsables son un sargento y un teniente. Nadie en los círculos militares puede explicar cómo un sargento y un teniente torturan a un capitán sin que nadie de más arriba esté al tanto", sostuvo Lugo.
"Tarek William Saab (fiscal general del régimen) dijo que lo va a investigar y que están imputados estos dos militares —continuó—. Hay una clave en esta historia: la declaración de Tarek habla de homicidio preterintencional, es decir que se les pasó la mano, que no tenían la intención de matarlo. Pero según la interpretación de los defensores de los derechos humanos, esta muerte es consecuencia de una tortura previa, de un crimen abominable anterior, que no puede ser visto como algo sin intención de causar lesión. Es un leguleyismo que encierra una responsabilidad vertical en la línea de mando. En este caso, de la Dirección de Inteligencia Militar, que depende del Ministerio de la Defensa y, a su vez, de la Presidencia de la República".
No fue un caso limitado a dos subalternos a los cuales se les pasó la mano. Ellos tenían órdenes superiores
Saab tuvo el cinismo de celebrar la supuesta celeridad con la que estaban actuando para esclarecer lo sucedido. "El Ministerio Público está cumpliendo con el compromiso (…) de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial para determinar las causas", afirmó.
"Saab fue puesto en el cargo por una Asamblea Constituyente creada por Maduro para gobernar con poderes supremos, absolutos. El cargo de fiscal debería ser nombrado por el Parlamento, pero en Venezuela está reducido a su mínima expresión desde que la oposición logró una mayoría absoluta calificada en 2015, que potencialmente podría haber provocado un cambio político profundo. Esa Asamblea fue aniquilada y su máximo exponente actual y la última apuesta es Juan Guaidó (designado presidente encargado de Venezuela)", dijo Lugo.
El periodista se refirió también a otro caso que causó una fuerte conmoción esta semana. La brutal represión que dejó ciego a Rufo Chacón, un adolescente de 16 años que reclamaba pacíficamente junto a su madre por la falta de gas en el estado de Táchira.
"Venezuela es un país colapsado en su infraestructura. Hay racionamiento permanente de agua, de luz, de gas natural. Hablando de casos abominables, en una protesta por la falta de gas, un policía le disparó al rostro a un joven de 16 años y lo dejó ciego. Eso da una idea de cómo se les 'pasa la mano', como dicen ellos, y terminan ocasionando estas cosas", afirmó Lugo.
Venezuela está impactada. Nadie termina de asimilar los estremecedores detalles de las torturas que terminaron en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, revelados por extractos de la autopsia que lograron pasar la estricta censura del régimen de Nicolás Maduro.
El militar, que había sido secuestrado el 21 de junio por la dictadura chavista, murió este sábado en una mesa de tortura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Según lo que se difundió del informe a través de redes sociales, la causa de la muerte fue un "edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado".
Rabdomiólisis es una palabra técnica cuyo significado revela el horror al que fue sometido Acosta Arévalo. Se trata de un síndrome de necrosis muscular muy habitual entre las víctimas de terremotos, bombardeos y derrumbes de edificios, que mueren aplastadas.
"El caso del capitán de corbeta no es aislado como pretende hacer creer el gobierno según las declaraciones de sus funcionarios. Entre 2013 y 2018, la ONG Provea ha contabilizado 488 casos de torturas sobre militares y civiles detenidos en los calabozos del gobierno. También hay una ONG internacional llamada CASLA, que ha documentado 500 casos de tortura. Y la ONG Acceso a la Justicia señala que no son aislados, sino que es bastante común, y que la mayor responsabilidad la tiene quien ordena, es decir, el Estado venezolano, el régimen chavista", afirmó el periodista venezolano Omar Lugo, director de El Estímulo, en diálogo con "Cada Mañana", programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre de Argentina.
Un informe de la OEA presentado el viernes pasado denunció que tras el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril promovido por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fueron detenidas 327 personas en apenas dos días. El régimen intenta que no se sepa qué hace con los detenidos, pero en este caso no pudo.
El caso del capitán de corbeta no es aislado como pretende hacer creer el gobierno según las declaraciones de sus funcionarios
"El Gobierno ejerce una terrible censura que no sólo se limita a atacar medios de comunicación, sino a cerrar todo el acceso a información que sea valiosa para la colectividad —dijo Lugo—. En este caso, un fiscal en el exilio, Zaid Amundaray, que está viviendo en Colombia después de que la anterior fiscal general Luisa Ortega Díaz fuese separada del cargo, consiguió el informe forense y lo filtró a través de las redes sociales. Fueron colaboradores que les quedan dentro del sistema a la anterior Fiscalía quienes pasaron esa información. Por eso nos enteramos".
Ante la indignación que generó el brutal asesinato en todo el mundo, el régimen se sintió forzado a responder de alguna manera. La Justicia chavista anunció este lunes la detención de dos militares por su presunta responsabilidad en la muerte. Son el suboficial Estiben José Zárate Zoto, de 22 años, y el sargento segundo Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23. Ambos pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
"No fue un caso limitado a dos subalternos a los cuales se les pasó la mano. Ellos tenían órdenes superiores. De hecho, los grados de las personas señaladas por el gobierno como responsables son un sargento y un teniente. Nadie en los círculos militares puede explicar cómo un sargento y un teniente torturan a un capitán sin que nadie de más arriba esté al tanto", sostuvo Lugo.
"Tarek William Saab (fiscal general del régimen) dijo que lo va a investigar y que están imputados estos dos militares —continuó—. Hay una clave en esta historia: la declaración de Tarek habla de homicidio preterintencional, es decir que se les pasó la mano, que no tenían la intención de matarlo. Pero según la interpretación de los defensores de los derechos humanos, esta muerte es consecuencia de una tortura previa, de un crimen abominable anterior, que no puede ser visto como algo sin intención de causar lesión. Es un leguleyismo que encierra una responsabilidad vertical en la línea de mando. En este caso, de la Dirección de Inteligencia Militar, que depende del Ministerio de la Defensa y, a su vez, de la Presidencia de la República".
No fue un caso limitado a dos subalternos a los cuales se les pasó la mano. Ellos tenían órdenes superiores
Saab tuvo el cinismo de celebrar la supuesta celeridad con la que estaban actuando para esclarecer lo sucedido. "El Ministerio Público está cumpliendo con el compromiso (…) de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial para determinar las causas", afirmó.
"Saab fue puesto en el cargo por una Asamblea Constituyente creada por Maduro para gobernar con poderes supremos, absolutos. El cargo de fiscal debería ser nombrado por el Parlamento, pero en Venezuela está reducido a su mínima expresión desde que la oposición logró una mayoría absoluta calificada en 2015, que potencialmente podría haber provocado un cambio político profundo. Esa Asamblea fue aniquilada y su máximo exponente actual y la última apuesta es Juan Guaidó (designado presidente encargado de Venezuela)", dijo Lugo.
El periodista se refirió también a otro caso que causó una fuerte conmoción esta semana. La brutal represión que dejó ciego a Rufo Chacón, un adolescente de 16 años que reclamaba pacíficamente junto a su madre por la falta de gas en el estado de Táchira.
"Venezuela es un país colapsado en su infraestructura. Hay racionamiento permanente de agua, de luz, de gas natural. Hablando de casos abominables, en una protesta por la falta de gas, un policía le disparó al rostro a un joven de 16 años y lo dejó ciego. Eso da una idea de cómo se les 'pasa la mano', como dicen ellos, y terminan ocasionando estas cosas", afirmó Lugo.
