La cuenta de Andorra que cercó a Alan García
La revelación de que un alto cargo del expresidente peruano ocultó un millón en el Principado acorraló al fallecido exmandatario
Joaquín Gil
Madrid, El País
Se llama 0081200289077. Fue abierta el 16 de octubre de 2007. Y acumuló un saldo de 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros). Una enigmática cuenta bancaria en Andorra ha resultado clave para entender la conexión entre el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, protagonista de la mayor trama de sobornos de América, y el expresidente peruano Alan García.
El exmandatario, que se suicidó de un disparo el pasado mes antes de ser arrestado en su casa de Lima por su vínculo con Odebrecht, aterrizó en el radar de los investigadores en 2017. Fue entonces cuando EL PAÍS desveló que un alto cargo de su segundo gobierno (2006-2011), el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú Faresh Miguel Atala Herrera, manejó un depósito en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y que lo hizo a través de una misteriosa sociedad creada en Panamá, Ammarin Investment.
Para entender la historia hay que viajar a 10.000 kilómetros de Lima. Flanqueado por montañas, Andorra es un país de 77.000 habitantes que goza de un singular atractivo para las fortunas internacionales: La garantía de un Estado al suroeste de Europa y el secreto bancario que blindó sus cuentas hasta 2015.
Los dueños de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, conocen esta circunstancia. Y deciden exprimirla. El banco se fija como objetivo engrosar su cartera de clientes en Latinoamérica. Diseña un plan y teje una extensa red comercial donde desempeña un papel capital el uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
Es precisamente Betingo –según los investigadores- el empleado de la BPA que consigue que Odebrecht, la mayor constructora de América -168.000 empleados y tentáculos en 28 países- desembarque como cliente en el banco andorrano. La compañía decide usar la institución financiera para los manejos de su Departamento de Operaciones, una oscura unidad de negocios especializada en comprar voluntades. La BPA se convierte así en pieza de un mecanismo off shore por donde circulan sobornos millonarios que acaban en el bolsillo de políticos, presidentes y altos funcionarios de 12 países de Latinoamérica. El entramado se conecta con una maraña de testaferros y bancos con China, Alemania, Bahamas y Suiza.
Entre los responsables a los que Odebrecht agasaja a través de Andorra figura Miguel Atala Herrera. La relación entre el que fuera número dos de Petróleos del Perú entre 2008 y 2011 y el banco arranca 15 meses después de que el expresidente inicie su segundo mandato.
Las tretas del 'número dos' de Petróleos del Perú
En el Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde los aspirantes a abrir una cuenta deben explicar el origen de los fondos, Atala Herrera se presenta como un empresario inmobiliario con intereses en los sectores agrícola y textil. Anuncia un primer ingreso de un millón de dólares (900.000 euros) y comunica que prevé colocar hasta 10 (8,6 millones de euros) en los meses sucesivos. Justifica sin entrar en detalles que el dinero procede de “una operación de inversores brasileños”.
La BPA abre la cuenta al alto cargo de García. Alala Herrera aparece en el depósito con su hijo Samir Atala Nemi, de 41 años. Poco importa la vaguedad de sus justificaciones. Tampoco parece pesar demasiado que Atala Herrera aparezca en las bases que maneja la entidad como una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Una etiqueta para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
La caja de los truenos estalla en marzo de 2015. Ocurre entonces un hecho inesperado: la intervención de la BPA. Las autoridades andorranas se hacen con el control del banco por un presunto caso de blanqueo de capitales. La circunstancia aflora centenares de actas internas y confidenciales del departamento de compliance (prevención de riesgos), el diario secreto del banco donde un comité de expertos debate sobre la entrada de los clientes más problemáticos. Afloran entonces decenas de nombres de dirigentes latinoamericanos sobornados en el país pirenaico por Odebrecht. Las coimas (cohechos) llegan a través de sociedades instrumentales como Klienfeld. Y bajo la ficción de supuestos trabajos de asesoría que no existen.
El nombre de Atala Herrera suena como una bomba en Perú. La publicación de este periódico de su cuenta en Andorra desata un tsunami. Su abogada andorrana envía una carta a EL PAÍS para arremeter contra la información.
Pero ya es tarde. La revelación planea en los cenáculos políticos. Y vira el foco de los investigadores hacia Alan García, que desde 2017 estaba siendo investigado por la Fiscalía peruana por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima, donde participó Odebrecht.
El siguiente capítulo es la confesión. Tras ser arrestado el pasado abril, Atala Herrera admite a los investigadores que sus fondos en Andorra pertenecen a García, como reveló IDL Reporteros. Una acusación, la de testaferro, que mantiene también el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata. Sostuvo este último que la constructora destinó fondos a la campaña de García de 2006. Un hito conectado supuestamente con una misteriosa cuenta en un país al suroeste de Europa.
Madrid, El País
Se llama 0081200289077. Fue abierta el 16 de octubre de 2007. Y acumuló un saldo de 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros). Una enigmática cuenta bancaria en Andorra ha resultado clave para entender la conexión entre el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, protagonista de la mayor trama de sobornos de América, y el expresidente peruano Alan García.
El exmandatario, que se suicidó de un disparo el pasado mes antes de ser arrestado en su casa de Lima por su vínculo con Odebrecht, aterrizó en el radar de los investigadores en 2017. Fue entonces cuando EL PAÍS desveló que un alto cargo de su segundo gobierno (2006-2011), el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú Faresh Miguel Atala Herrera, manejó un depósito en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y que lo hizo a través de una misteriosa sociedad creada en Panamá, Ammarin Investment.
Para entender la historia hay que viajar a 10.000 kilómetros de Lima. Flanqueado por montañas, Andorra es un país de 77.000 habitantes que goza de un singular atractivo para las fortunas internacionales: La garantía de un Estado al suroeste de Europa y el secreto bancario que blindó sus cuentas hasta 2015.
Los dueños de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, conocen esta circunstancia. Y deciden exprimirla. El banco se fija como objetivo engrosar su cartera de clientes en Latinoamérica. Diseña un plan y teje una extensa red comercial donde desempeña un papel capital el uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
Es precisamente Betingo –según los investigadores- el empleado de la BPA que consigue que Odebrecht, la mayor constructora de América -168.000 empleados y tentáculos en 28 países- desembarque como cliente en el banco andorrano. La compañía decide usar la institución financiera para los manejos de su Departamento de Operaciones, una oscura unidad de negocios especializada en comprar voluntades. La BPA se convierte así en pieza de un mecanismo off shore por donde circulan sobornos millonarios que acaban en el bolsillo de políticos, presidentes y altos funcionarios de 12 países de Latinoamérica. El entramado se conecta con una maraña de testaferros y bancos con China, Alemania, Bahamas y Suiza.
Entre los responsables a los que Odebrecht agasaja a través de Andorra figura Miguel Atala Herrera. La relación entre el que fuera número dos de Petróleos del Perú entre 2008 y 2011 y el banco arranca 15 meses después de que el expresidente inicie su segundo mandato.
Las tretas del 'número dos' de Petróleos del Perú
En el Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde los aspirantes a abrir una cuenta deben explicar el origen de los fondos, Atala Herrera se presenta como un empresario inmobiliario con intereses en los sectores agrícola y textil. Anuncia un primer ingreso de un millón de dólares (900.000 euros) y comunica que prevé colocar hasta 10 (8,6 millones de euros) en los meses sucesivos. Justifica sin entrar en detalles que el dinero procede de “una operación de inversores brasileños”.
La BPA abre la cuenta al alto cargo de García. Alala Herrera aparece en el depósito con su hijo Samir Atala Nemi, de 41 años. Poco importa la vaguedad de sus justificaciones. Tampoco parece pesar demasiado que Atala Herrera aparezca en las bases que maneja la entidad como una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Una etiqueta para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
La caja de los truenos estalla en marzo de 2015. Ocurre entonces un hecho inesperado: la intervención de la BPA. Las autoridades andorranas se hacen con el control del banco por un presunto caso de blanqueo de capitales. La circunstancia aflora centenares de actas internas y confidenciales del departamento de compliance (prevención de riesgos), el diario secreto del banco donde un comité de expertos debate sobre la entrada de los clientes más problemáticos. Afloran entonces decenas de nombres de dirigentes latinoamericanos sobornados en el país pirenaico por Odebrecht. Las coimas (cohechos) llegan a través de sociedades instrumentales como Klienfeld. Y bajo la ficción de supuestos trabajos de asesoría que no existen.
El nombre de Atala Herrera suena como una bomba en Perú. La publicación de este periódico de su cuenta en Andorra desata un tsunami. Su abogada andorrana envía una carta a EL PAÍS para arremeter contra la información.
Pero ya es tarde. La revelación planea en los cenáculos políticos. Y vira el foco de los investigadores hacia Alan García, que desde 2017 estaba siendo investigado por la Fiscalía peruana por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima, donde participó Odebrecht.
El siguiente capítulo es la confesión. Tras ser arrestado el pasado abril, Atala Herrera admite a los investigadores que sus fondos en Andorra pertenecen a García, como reveló IDL Reporteros. Una acusación, la de testaferro, que mantiene también el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata. Sostuvo este último que la constructora destinó fondos a la campaña de García de 2006. Un hito conectado supuestamente con una misteriosa cuenta en un país al suroeste de Europa.
