Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria
Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de los crímenes cometidos en Libia y en el Mediterráneo
Ana Carbajosa
Isabel Ferrer
Lucía Abellán
Berlín / La Haya / Madrid
El País
La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.
A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.
Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. Desde Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a al detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.
Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.
Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.
El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. “Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia. Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de crímenes.
En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.
“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. Hay datos que confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.
En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de unidades militares de la UE proporciona información clave como la localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo”.
Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.
En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de fronteras) diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.
Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.
“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años. Shatz es miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.
Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.
Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.
Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales”. Preguntada en general por un posible proceso contra la UE, Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los tribunales”, añade.
Isabel Ferrer
Lucía Abellán
Berlín / La Haya / Madrid
El País
La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.
A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.
Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. Desde Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a al detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.
Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.
Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.
El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. “Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia. Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de crímenes.
En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.
“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. Hay datos que confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.
En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de unidades militares de la UE proporciona información clave como la localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo”.
Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.
En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de fronteras) diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.
Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.
“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años. Shatz es miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.
Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.
Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.
Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales”. Preguntada en general por un posible proceso contra la UE, Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los tribunales”, añade.
