Con marchas y ante la CIDH, crece la presión en Bolivia para que se impida la polémica candidatura de Evo Morales
Tuffí Aré Vásquez
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Infobae
El cerco callejero de un grupo de activistas al ex presidente Carlos D. Mesa, el candidato opositor mejor ubicado en las encuestas, es una evidencia del aumento de la presión ciudadana para que los ocho partidos contrarios a Evo Morales apuren medidas que frenen su candidatura presidencial o presenten una candidatura única.
En la puerta del Comité pro Santa Cruz, la institución que encabezó el año pasado dos paros contra la habilitación del presidente de Bolivia, un grupo de ciudadanos, que se presume tienen afinidad a otro candidato opositor, impidió la circulación del vehículo que debía llevar a Mesa al aeropuerto Viru Viru y lo interpeló con gritos de "traidor a la unidad" y "opositor funcional" al partido de Gobierno. Mientras en las oficinas de la entidad cívica cruceña se terminaba de elaborar un documento de unidad de los opositores para defender el resultado del referéndum contrario a una nueva postulación de Morales, en la calle el candidato de Comunidad Ciudadana tuvo que salir de su motorizado para explicar a quienes lo cercaron que apoya la unidad opositora y que exigirá la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de ser posible con movilizaciones callejeras. "No renunciarán", le cuestionaron los activistas, que llevaban banderas con el sello del 21-F (la fecha del referéndum de 2016). "Usted es el culpable de electoralizar al país", le reprocharon. Sectores ciudadanos consideran que algunos candidatos opositores entraron al juego electoral del Gobierno y dejaron en segundo plano la lucha por la inhabilitación de Evo Morales.
Mientras el malestar ciudadano crece por la intención de los principales candidatos opositores de competir cada uno con el presidente y por los ataques entre ellos, el dirigente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró reunir por segunda vez a cinco de los ocho candidatos opositores presidenciales y a dos vicepresidenciales. Estuvieron ausentes el presidenciable cruceño Oscar Ortiz y el ex presidente Jaime Paz, que también aspira a la jefatura de Estado. En el encuentro, convocado para insistir con la defensa del resultado del referéndum del 21-F, también estuvieron casi una decena de dirigentes cívicos de las regiones del país, además del líder del Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), Waldo Albarracín, y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Afuera de la reunión estuvieron dirigentes de diversas plataformas ciudadanas, que se movilizan desde el año pasado contra la postulación de Evo Morales. Se supo que entregaron propuestas para que sean debatidas e incorporadas en el nuevo documento de unidad de la oposición.
Pese a algunas ausencias, las deliberaciones de este último viernes en el Comité pro Santa Cruz estuvieron marcadas por un clima de cierto respeto entre sus participantes, a pesar de las tensiones en la calle entre los ciudadanos y algunos candidatos. El encuentro duró más de ocho horas y resultó algo tedioso por las intervenciones marcadas por un clima ya proselitista, sobre todo de algunos representantes partidistas, según un cívico que presenció parte de la larga reunión. "Nosotros solo pedimos seguir con la lucha del 21-F. No planteamos que alguno de los candidatos opositores decline su candidatura, porque todos tienen derecho a participar en las elecciones", remarcó la fuente cívica.
Sobre el incidente en el que estuvieron envueltos Mesa y algunos ciudadanos, el presidente cívico Luis Fernando Camacho aclaró que solo fue "un malentendido", ya que el ex presidente pidió irse antes de que termine la reunión. "La gente pensó otra cosa, pero estamos todos unidos", aseguró el líder de los cívicos.
La decisión más relevante del encuentro es el ultimátum hasta el 31 de mayo para la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si no ocurre, habrá movilizaciones de protesta, advirtió Camacho, en el marco de la resolución de unidad firmada la tarde del viernes.
Movilizaciones y acciones ante CIDH
Mientras los candidatos de la oposición intensifican sus campañas, sin el foco ya en el 21-F y sin la intención de apoyar una candidatura única, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, retornó de Colombia, donde pidió al presidente de ese país, Iván Duque, que realice una consulta a la CIDH sobre la legalidad de la candidatura de Evo Morales. Para eso se apoyó en medio millón de firmas de ciudadanos, que también fueron entregadas hace unos días por Camacho al canciller de Brasil.
Ambos gobiernos fueron garantes de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, por lo que los cívicos decidieron presentarles su pedido de consulta a la CIDH. El gobierno de Evo Morales pidió en las últimas horas evitar la injerencia del gobierno colombiano en asuntos internos y sentenció que el Tribunal Constitucional de Justicia ya habilitó al presidente boliviano.
Algunos analistas consideran que el pronunciamiento de la CIDH puede durar años, aunque si se considera un problema urgente se puede apurar para antes de las elecciones que se realizan en Bolivia dentro de cinco meses.
Hace una semana el secretario de la OEA, Luis Almagro, llegó al país y proclamó su apoyo a la habilitación de Evo Morales, lo que generó un gran malestar y decepción en los opositores al Gobierno.
El ex canciller de Bolivia, Agustín Saavedra, considera que hay poca chance para que el sistema interamericano frene la habilitación de Evo Morales. "Por desidia, incompetencia, o vaya a saber uno porqué motivos inexplicables, el sistema interamericano ha sido cómplice de todas estas piruetas pseudo legales de cortes o tribunales complacientes en varios países latinoamericanos, donde se vulneraron principios constitucionales para legitimar un derecho a ser reelegidos que las leyes de leyes no permitían. Cuando en Costa Rica Arias comenzó en 2003 con la tramoya del derecho humano, la Corte IDH debería haberse expedido poniendo las cosas en su lugar y haciendo las aclaraciones pertinentes. No lo hizo nunca y la Corte dejó pasar muchos años, permitiendo en el interín otras elecciones sobre la misma base espuria de dictámenes legales internos a la carta, en función del caudillo de turno y de una caprichosa interpretación del artículo 23 del Pacto de San José".
Criticó a los secretarios generales anteriores y al actual de la OEA porque tampoco se manifestaron. "Todo el sistema interamericano falla. Precisa una reestructuración de personas y de funciones. No veo así ninguna chance de respeto al voto del pueblo boliviano del 21 de febrero de 2016", acotó.
Los ciudadanos se movilizarán
"Con Almagro o sin Almagro, el camino a seguir es el de siempre", opinó el líder activista de la plataforma ciudadana Río de Pie, Federico Morón. El dirigente cree que por más esfuerzos internacionales que se hagan, la única solución al problema de la falta de respeto al voto del 21-F la tiene la propia ciudadanía boliviana.
Opinó que los candidatos opositores deben unirse en torno a un solo postulante para que alcancen las cifras y se derrote al Gobierno. "Dos o tres candidatos deben formar un bloque para contrarrestar al disminuido MAS, sin dejar de hacer los esfuerzos internacionales", apuntó.
Explicó que la plataforma Río de Pie trabaja en la socialización de propuestas en la población de los jóvenes millennials, que son el 30 por ciento del electorado boliviano. También se trabaja en una agenda ciudadana para elevar a los candidatos y en la capacitación para la lucha estratégica callejera no violenta. Además, anunció una movilización ciudadana nacional e internacional para el control electoral que evite un fraude en los comicios de octubre.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Infobae
El cerco callejero de un grupo de activistas al ex presidente Carlos D. Mesa, el candidato opositor mejor ubicado en las encuestas, es una evidencia del aumento de la presión ciudadana para que los ocho partidos contrarios a Evo Morales apuren medidas que frenen su candidatura presidencial o presenten una candidatura única.
En la puerta del Comité pro Santa Cruz, la institución que encabezó el año pasado dos paros contra la habilitación del presidente de Bolivia, un grupo de ciudadanos, que se presume tienen afinidad a otro candidato opositor, impidió la circulación del vehículo que debía llevar a Mesa al aeropuerto Viru Viru y lo interpeló con gritos de "traidor a la unidad" y "opositor funcional" al partido de Gobierno. Mientras en las oficinas de la entidad cívica cruceña se terminaba de elaborar un documento de unidad de los opositores para defender el resultado del referéndum contrario a una nueva postulación de Morales, en la calle el candidato de Comunidad Ciudadana tuvo que salir de su motorizado para explicar a quienes lo cercaron que apoya la unidad opositora y que exigirá la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de ser posible con movilizaciones callejeras. "No renunciarán", le cuestionaron los activistas, que llevaban banderas con el sello del 21-F (la fecha del referéndum de 2016). "Usted es el culpable de electoralizar al país", le reprocharon. Sectores ciudadanos consideran que algunos candidatos opositores entraron al juego electoral del Gobierno y dejaron en segundo plano la lucha por la inhabilitación de Evo Morales.
Mientras el malestar ciudadano crece por la intención de los principales candidatos opositores de competir cada uno con el presidente y por los ataques entre ellos, el dirigente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró reunir por segunda vez a cinco de los ocho candidatos opositores presidenciales y a dos vicepresidenciales. Estuvieron ausentes el presidenciable cruceño Oscar Ortiz y el ex presidente Jaime Paz, que también aspira a la jefatura de Estado. En el encuentro, convocado para insistir con la defensa del resultado del referéndum del 21-F, también estuvieron casi una decena de dirigentes cívicos de las regiones del país, además del líder del Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), Waldo Albarracín, y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Afuera de la reunión estuvieron dirigentes de diversas plataformas ciudadanas, que se movilizan desde el año pasado contra la postulación de Evo Morales. Se supo que entregaron propuestas para que sean debatidas e incorporadas en el nuevo documento de unidad de la oposición.
Pese a algunas ausencias, las deliberaciones de este último viernes en el Comité pro Santa Cruz estuvieron marcadas por un clima de cierto respeto entre sus participantes, a pesar de las tensiones en la calle entre los ciudadanos y algunos candidatos. El encuentro duró más de ocho horas y resultó algo tedioso por las intervenciones marcadas por un clima ya proselitista, sobre todo de algunos representantes partidistas, según un cívico que presenció parte de la larga reunión. "Nosotros solo pedimos seguir con la lucha del 21-F. No planteamos que alguno de los candidatos opositores decline su candidatura, porque todos tienen derecho a participar en las elecciones", remarcó la fuente cívica.
Sobre el incidente en el que estuvieron envueltos Mesa y algunos ciudadanos, el presidente cívico Luis Fernando Camacho aclaró que solo fue "un malentendido", ya que el ex presidente pidió irse antes de que termine la reunión. "La gente pensó otra cosa, pero estamos todos unidos", aseguró el líder de los cívicos.
La decisión más relevante del encuentro es el ultimátum hasta el 31 de mayo para la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si no ocurre, habrá movilizaciones de protesta, advirtió Camacho, en el marco de la resolución de unidad firmada la tarde del viernes.
Movilizaciones y acciones ante CIDH
Mientras los candidatos de la oposición intensifican sus campañas, sin el foco ya en el 21-F y sin la intención de apoyar una candidatura única, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, retornó de Colombia, donde pidió al presidente de ese país, Iván Duque, que realice una consulta a la CIDH sobre la legalidad de la candidatura de Evo Morales. Para eso se apoyó en medio millón de firmas de ciudadanos, que también fueron entregadas hace unos días por Camacho al canciller de Brasil.
Ambos gobiernos fueron garantes de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, por lo que los cívicos decidieron presentarles su pedido de consulta a la CIDH. El gobierno de Evo Morales pidió en las últimas horas evitar la injerencia del gobierno colombiano en asuntos internos y sentenció que el Tribunal Constitucional de Justicia ya habilitó al presidente boliviano.
Algunos analistas consideran que el pronunciamiento de la CIDH puede durar años, aunque si se considera un problema urgente se puede apurar para antes de las elecciones que se realizan en Bolivia dentro de cinco meses.
Hace una semana el secretario de la OEA, Luis Almagro, llegó al país y proclamó su apoyo a la habilitación de Evo Morales, lo que generó un gran malestar y decepción en los opositores al Gobierno.
El ex canciller de Bolivia, Agustín Saavedra, considera que hay poca chance para que el sistema interamericano frene la habilitación de Evo Morales. "Por desidia, incompetencia, o vaya a saber uno porqué motivos inexplicables, el sistema interamericano ha sido cómplice de todas estas piruetas pseudo legales de cortes o tribunales complacientes en varios países latinoamericanos, donde se vulneraron principios constitucionales para legitimar un derecho a ser reelegidos que las leyes de leyes no permitían. Cuando en Costa Rica Arias comenzó en 2003 con la tramoya del derecho humano, la Corte IDH debería haberse expedido poniendo las cosas en su lugar y haciendo las aclaraciones pertinentes. No lo hizo nunca y la Corte dejó pasar muchos años, permitiendo en el interín otras elecciones sobre la misma base espuria de dictámenes legales internos a la carta, en función del caudillo de turno y de una caprichosa interpretación del artículo 23 del Pacto de San José".
Criticó a los secretarios generales anteriores y al actual de la OEA porque tampoco se manifestaron. "Todo el sistema interamericano falla. Precisa una reestructuración de personas y de funciones. No veo así ninguna chance de respeto al voto del pueblo boliviano del 21 de febrero de 2016", acotó.
Los ciudadanos se movilizarán
"Con Almagro o sin Almagro, el camino a seguir es el de siempre", opinó el líder activista de la plataforma ciudadana Río de Pie, Federico Morón. El dirigente cree que por más esfuerzos internacionales que se hagan, la única solución al problema de la falta de respeto al voto del 21-F la tiene la propia ciudadanía boliviana.
Opinó que los candidatos opositores deben unirse en torno a un solo postulante para que alcancen las cifras y se derrote al Gobierno. "Dos o tres candidatos deben formar un bloque para contrarrestar al disminuido MAS, sin dejar de hacer los esfuerzos internacionales", apuntó.
Explicó que la plataforma Río de Pie trabaja en la socialización de propuestas en la población de los jóvenes millennials, que son el 30 por ciento del electorado boliviano. También se trabaja en una agenda ciudadana para elevar a los candidatos y en la capacitación para la lucha estratégica callejera no violenta. Además, anunció una movilización ciudadana nacional e internacional para el control electoral que evite un fraude en los comicios de octubre.