El poder judicial de Brasil, de símbolo anticorrupción a acusaciones por abuso de poder
Infobae
Cuando un ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil bloqueó la publicación de un artículo sobre la corrupción que mencionaba el nombre de un compañero ministro, la repercusión en las redes sociales fue rápida. Tres días después, el ministro se arrepintió y canceló su propia decisión.
No obstante, esta y otras decisiones recientes han dejado a muchos preocupados porque las acciones del tribunal estaban erosionando su credibilidad, obstaculizando su capacidad de funcionar como contrapeso del gobierno justo en el momento en el que comenzaba la gestión de un presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que ha manifestado indiferencia hacia los derechos civiles.
Bolsonaro ha atacado a los medios y ha expresado admiración por regímenes que dependían de la censura y la represión, tales como las dictaduras en Brasil y Chile.
Preservar el papel del tribunal como un "poder moderador" en este contexto es particularmente importante, dijo Conrado Hübner, un profesor de Ley Constitucional en la Universidad de São Paulo.
"En un momento en el que necesitamos al poder judicial en general y al Supremo Tribunal en particular, para resistir ciertas intrusiones autoritarias, el Supremo Tribunal está en el lodo", dijo Hübner. "Se ha puesto a sí mismo en el centro de la polémica".
La oficina de prensa del Supremo Tribunal no respondió a las preguntas de The New York Times. El presidente del tribunal, José Toffoli, solo hizo un comentario breve; dijo: "Las instituciones están trabajando adecuadamente".
Este incidente ocurre después de años en los que el poder judicial fue aplaudido por liderar una amplia investigación sobre la corrupción que llevó a miembros de otros poderes que antes eran intocables —incluido un expresidente y un expresidente de la Cámara de Diputados— tras las rejas.
La investigación, que comenzó en 2014, fue conducida por un juez federal y reveló un esquema que involucraba miles de millones de dólares en sobornos. El juez que lideró la cruzada anticorrupción, Sérgio Moro, se convirtió en el símbolo de un movimiento que buscaba que los poderosos rindieran cuentas. Moro obtuvo recepciones dignas de una estrella de rock en apariciones en todo el país y su rostro engalanó camisetas y máscaras de carnaval.
Los brasileños salieron a las calles a apoyar el esfuerzo del poder judicial y a protestar en contra del poder político establecido, que terminó ampliamente desacreditado por el escándalo.
En octubre, enojados por la creciente evidencia del desvío de recursos públicos a bolsillos privados y con una crisis económica y la violencia en aumento, los brasileños eligieron a Bolsonaro como presidente. Prometió ser duro con el crimen y acabar con las antiguas formas de hacer política.
Una de sus primeras decisiones fue llevar a Moro a su gabinete como ministro de Justicia.
El mes pasado, miles de brasileños volvieron a las calles, esta vez, para protestar un fallo del Supremo Tribunal que ellos creían que obstaculizaría las investigaciones sobre corrupción.
El tribunal había decidido que los casos en los que incluso una parte de un soborno fuera destinada a una campaña electoral podría ser quitada del control de las cortes regionales, las cuales habían probado ser muy efectivas en procesarlas. En cambio, esos casos serían decididos en los tribunales electorales de Brasil, los cuales tienen menores recursos.
Los manifestantes que ondeaban banderas verdes y amarillas de Brasil y camisetas de futbol parecían hacer eco de las marchas en contra del poder político establecido que impulsaron a Bolsonaro a la presidencia el año pasado. Las redes sociales fueron inundadas con etiquetas como #STFVergonha (Supremo Tribunal Federal vergüenza).
En medio de las críticas crecientes, el presidente del Supremo Tribunal, Toffoli, ordenó una indagatoria penal confidencial sobre lo que él llamó "noticias falsas" y rumores que circulan sobre el Supremo Tribunal y sus miembros, incluidos los insultos a su honor.
El ministro del Supremo Tribunal a cargo de la indagatoria, Alexandre de Moraes, bloqueó la publicación del artículo que vinculaba a Toffoli con partícipes del gran escándalo de corrupción. También ordenó un allanamiento por parte de la policía federal a diez domicilios relacionados con usuarios de redes sociales que han criticado al tribunal.
"He estado en el tribunal durante veintiocho años y nunca he visto una decisión como esta, de retirar un artículo", dijo el ministro Marco Aurélio Mello en una entrevista en la televisión brasileña. "El Supremo Tribunal siempre estuvo comprometido con preservar la libertad de expresión. Este es un retroceso".
Fallos como estos se suman a la creciente percepción de que algunos de los principales ministros del país se ven a sí mismos como intocables, dijo Eliana Calmon, una excontralora del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, el órgano a cargo de investigar a los jueces.
"El poder judicial actúa dentro de una cultura sagrada que dice que nadie toca a ninguno de sus miembros, mucho menos a un miembro del Supremo Tribunal", dijo Calmon. "No es posible que el poder judicial permanezca inmune a esta nueva realidad".
El ministro Moraes al final permitió que el artículo fuera publicado, pero la indagatoria continúa.
La pérdida de credibilidad de la corte proviene de la percepción de que la ley es secundaria para los ministros, y que están usando su poder para protegerse a sí mismos y a sus aliados del escrutinio (incluyendo a las personas a las que se supone que deben hacer que se responsabilicen por sus actos). No es vista como una institución imparcial, dijo Hübner, el profesor de Ley Constitucional.
En 2017, por ejemplo, un informe de la Policía Federal reveló que el ministro Gilmar Mendes sostuvo al menos veintidós conversaciones vía WhatsApp con Aécio Neves, un senador prominente, mientras supervisaba investigaciones sobre Neves por presunta corrupción y fraude, lo que crea una apariencia de conflicto de interés. El ministro Mendes posteriormente cerró dos investigaciones que tenían como objetivo al senador.
En diferentes declaraciones emitidas en esa época, Neves y el ministro Mendes dijeron que su contacto fue por razones profesionales, incluida la discusión de una medida de reforma política. Ningún miembro del Supremo Tribunal ha sido formalmente acusado de recibir sobornos o manipular decisiones para favorecer a aliados.
Hübner teme que esta erosión de la confianza en el tribunal pueda hacer que sus decisiones tengan menos peso, lo que debilita el sistema de pesos y contrapesos del gobierno.
"El poder judicial por completo está corroyendo su propia credibilidad", dijo Hübner. "Podría llegar a un punto en el que podría sufrir intervenciones muy graves, o una fractura institucional".
A menudo las controversias surgen cuando un solo juez toma acciones —suspender un caso de manera indefinida con bases en el procedimiento, o al emitir un fallo temporal y después esperar meses o incluso años para someterlo a votación ante todo el tribunal—. Aunque la ley brasileña lo permite, tales acciones han provocado acusaciones de abuso de poder.
Por ejemplo, en 2014, el ministro Mendes bloqueó por decisión propia durante más de un año una decisión que hubiera hecho que fueran ilegales las donaciones de campaña por parte de las corporaciones, a pesar de que una mayoría de sus compañeros ministros ya habían votado para aprobarla.
Mientras la credibilidad del tribunal enfrenta críticas, a algunos les preocupa que podría volverse vulnerable a la influencia de Bolsonaro que, durante su campaña electoral, amenazó con llenar el tribunal con más ministros si lo consideraba adecuado.
Algo que complica aún más la situación es que, de acuerdo con la ley brasileña, solo el Senado tiene el poder de iniciar procesos de destitución contra los ministros del Supremo Tribunal por infracciones políticas.
No obstante, los legisladores acusados de cometer delitos cuando están en el cargo, incluido el de corrupción, solo pueden ser juzgados en el Supremo Tribunal. Actualmente, varios legisladores —entre ellos el presidente del Senado—, son objeto de indagatorias supervisadas por el Supremo Tribunal.
"El órgano que supuestamente debe hacerlos rendir cuentas está en sus manos", dijo Calmon. "Así que no hay frenos para detener al Supremo Tribunal".
Letícia Casado reportó desde Brasilia y Manuela Andreoni, desde Río de Janeiro. Shasta Darlington colaboró con este reportaje desde São Paulo.
