Por su apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro, Estados Unidos endurece el embargo contra Cuba
La administración de Donald Trump permitirá demandas contra empresas que usan propiedades incautadas a ciudadanos estadounidenses por el régimen castrista
Infobae
El Gobierno de Donald Trump permitirá demandas de ciudadanos estadounidenses contra firmas cubanas y otras entidades que están en una lista negra de Washington, pero por ahora mantendrá una veda a las acciones legales contra firmas extranjeras que hagan negocios en la isla comunista, dijo el lunes el Departamento de Estado.
Las acciones en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se permitirán a partir del 19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de abril una prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen propiedades confiscadas por el régimen de los Castro tras la Revolución Cubana en 1959, dijo el Departamento de Estado.
Desde 1996, cuando se aprobó la Ley de Libertad (Helms-Burton) que permitiría los procesos judiciales contra las firmas que obtienen ganancias de propiedades nacionalizadas, los presidentes estadounidenses han retrasado cada seis meses la implementación de la norma. En enero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había adelantado un giro al indicar que el 1° de febrero la suspensión sería por apenas 45 días y se realizaría una "revisión cuidadosa" del tema.
El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.
Otras empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías extranjeras, pero esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas.
Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el gobierno cubano para producir habanos; las compañías hoteleras españolas Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla caribeña, y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.
Estados Unidos presentó la medida como represalia por el apoyo que La Habana le sigue brindado al dictador venezolano Nicolás Maduro.
Tras casi 60 años de embargo comercial, la economía cubana está creciendo a un modesto ritmo de alrededor de 1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a 2.000 millones de dólares, mucho menos de lo necesario para impulsar la prosperidad.
Pero el turismo, las remesas y el petróleo subsidiado de Venezuela le han permitido al gobierno cubano mantener servicios básicos y cierto grado de estabilidad.
La medida podría imponer un freno a los intentos de Cuba para atraer más inversión extranjera.
"El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso, Estados Unidos seguirá endureciendo las restricciones financieras a servicios militares y de inteligencia de Cuba", dijo este lunes en Twitter el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel, presidente cubano
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel, presidente cubano
El documento también señaló que se alienta a que aquellos que tengan negocios en Cuba a que reconsidere "si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura". Por su parte, el régimen cubano considera que la decisión es un "chantaje" que endurece el bloqueo.
La Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano Jesse Helms y el congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de exiliados activistas cubanos.
La nueva medida marca otro cambio en las políticas del antecesor de Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían fracasado.
El Gobierno de Donald Trump permitirá demandas de ciudadanos estadounidenses contra firmas cubanas y otras entidades que están en una lista negra de Washington, pero por ahora mantendrá una veda a las acciones legales contra firmas extranjeras que hagan negocios en la isla comunista, dijo el lunes el Departamento de Estado.
Las acciones en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se permitirán a partir del 19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de abril una prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen propiedades confiscadas por el régimen de los Castro tras la Revolución Cubana en 1959, dijo el Departamento de Estado.
Desde 1996, cuando se aprobó la Ley de Libertad (Helms-Burton) que permitiría los procesos judiciales contra las firmas que obtienen ganancias de propiedades nacionalizadas, los presidentes estadounidenses han retrasado cada seis meses la implementación de la norma. En enero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había adelantado un giro al indicar que el 1° de febrero la suspensión sería por apenas 45 días y se realizaría una "revisión cuidadosa" del tema.
El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.
Otras empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías extranjeras, pero esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas.
Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el gobierno cubano para producir habanos; las compañías hoteleras españolas Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla caribeña, y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.
Estados Unidos presentó la medida como represalia por el apoyo que La Habana le sigue brindado al dictador venezolano Nicolás Maduro.
Tras casi 60 años de embargo comercial, la economía cubana está creciendo a un modesto ritmo de alrededor de 1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a 2.000 millones de dólares, mucho menos de lo necesario para impulsar la prosperidad.
Pero el turismo, las remesas y el petróleo subsidiado de Venezuela le han permitido al gobierno cubano mantener servicios básicos y cierto grado de estabilidad.
La medida podría imponer un freno a los intentos de Cuba para atraer más inversión extranjera.
"El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso, Estados Unidos seguirá endureciendo las restricciones financieras a servicios militares y de inteligencia de Cuba", dijo este lunes en Twitter el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel, presidente cubano
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel, presidente cubano
El documento también señaló que se alienta a que aquellos que tengan negocios en Cuba a que reconsidere "si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura". Por su parte, el régimen cubano considera que la decisión es un "chantaje" que endurece el bloqueo.
La Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano Jesse Helms y el congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de exiliados activistas cubanos.
La nueva medida marca otro cambio en las políticas del antecesor de Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían fracasado.
