Miedo, crímenes y amenazas en las "trochas", los únicos pasos entre Venezuela y Colombia tras el cierre de la frontera
Las extorsiones y el cobro de peajes por parte de organizaciones criminales dominan el paso por estos senderos informales que utilizan miles de personas para cruzar entre ambos países
Adriana Chica
Infobae
Hace un mes, el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, tras un fallido intento de pasar por ella ayuda humanitaria, se convirtió en la pesadilla de todos los que diariamente tienen que cruzar entre ambos países para trabajar, estudiar o proveerse de alimentos. Y, por ende, en la oportunidad perfecta de expansión de las organizaciones armadas que se lucran de la crisis controlando los pasos ilegales, engrosando así su sistema financiero y, a la vez, su capacidad delictiva.
El pasado 22 de febrero el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de los puentes internacionales que conectan su país con Colombia, luego de que fuera reprimido por las fuerzas chavistas el intento de ingresar a Venezuela camiones con ayuda humanitaria internacional, despertando una ola de violencia que dejó varios muertos y heridos.
Desde entonces, el bajo caudal del río Táchira que divide a Colombia de Venezuela, por el departamento de Norte de Santander, se convirtió en el paso de quienes, sin ninguna otra opción, se arriesgan a cruzarlo entre caminos destapados o 'trochas' para burlar el sello venezolano y obtener el permiso colombiano; entre ellos cientos de niños que viven en un país y estudian en el otro.
Solo en el área metropolitana de Cúcuta -capital de ese departamento colombiano-, hay más de 100 pasos ilegales según las autoridades locales, conformados por unos 400 metros de longitud ubicados cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander, por los que se calcula que pasan diariamente 35.000 personas. Pero la zona es, además, la ruta de contrabando y asentamiento de grupos al margen de la ley.
Las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, y bandas criminales como Los Rastrojos y el Clan del Golfo, tienen las fronteras como sus centros de operaciones de negocios ilícitos de narcotráfico, contrabando y tráfico de migrantes, muchos con el auspicio del régimen venezolano. Y en los últimos meses se ha intensificado su estrategia financiera con el cobro de una especie de 'peaje' a todos los que transitan por la frontera para permitirles cruzarla.
La Fundación Redes (FundaRedes) denunció que desde el cierre de la frontera se incentivó la práctica de extorsionar ciudadanos venezolanos, a quienes les cobran una tarifa para poder circular entre Colombia y Venezuela, que la determinan dependiendo de la forma de vestir de cada persona y de los objetos que cargan. Y que tras esos dineros también estarían las autoridades venezolanas, específicamente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
"Estos irregulares maltratan a los venezolanos, los amedrentan con armas largas y cortas por trochas que están enumeradas y tienen salidas a espacios públicos, y los cuerpos de seguridad del estado venezolano no hacen nada. (…) lamentablemente el territorio fronterizo es visto por los funcionarios como espacio para extorsionar a quienes, en medio de su desespero para suplir sus necesidades básicas, asumen las condiciones impuestas por los irregulares", afirmó el director de FundaRedes, Javier Tarazona.
El hecho también fue comprobado por la Fundación Insight Crime, organización que estudia el crimen organizado en América Latina. Según ellos, observaron la presencia de hombres armados que controlan el flujo de personas y mercancías en 'La Pared', una de las cerca de 50 trochas que comunican a San Antonio, Táchira, con el departamento de Norte de Santander.
Las personas a las que consultaron en la frontera aseguraron que el paso puede valer entre 15.000 y 35.000 pesos (4,8 y 11 dólares), mucho más que un salario básico mensual en Venezuela. Además, deben pactar la ruta con un coyote o 'trochero', unas personas que fungen como guías de los caminos que, usualmente -dice Insight Crime-, se trata de venezolanos en busca de ingresos económicos que son contratados por organizaciones criminales para encargarse de los cobros.
La semana pasada, de hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel, José Luis Palomino, informó a medios locales que fueron capturadas cuatro personas que estaban cobrando dinero por permitir el paso por las trochas ubicadas cerca al puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio.
Tarazona, además, advierte sobre el contrabando de coltán, cobre y oro producto de la minería ilegal en Venezuela, que son sacados por esas trochas para ser comercializados de forma legalizada en espacios públicos del centro de Cúcuta, dijo. Y a ello le suma los colectivos armados al servicio del régimen de Maduro, que han entrado en disputa con las organizaciones criminales colombiana por los mercados en las trochas.
Aunque las autoridades colombianas han aumentado los operativos de seguridad y control de migrantes en las zonas de frontera, el peligro se mantiene latente. El coronel Palomino explicó que entre las estrategias adoptadas está el rastreo de antecedentes, "verificando la legalidad de los documentos de identidad, y qué elementos traen". Pero las organizaciones armadas, pese a ello, mantienen su fortalecimiento y expansión en estos límites.
Así lo afirmó a la agencia Reuters el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Craig Faller, refiriéndose específicamente a las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC. La situación es calificada en Washington como una "amenaza creciente" para su país y para Colombia.
Y, como también lo ha denunciado el gobierno de Duque, asegura que líderes de estos grupos se encuentran escondidos en Venezuela con apoyo de la administración de Maduro, que los deja operar a cambio de dineros producto de las actividades ilícitas. La intención, asimismo, sería una estrategia para mantener un ejército de apoyo en una potencial ofensiva militar de Estados Unidos contra su gobierno.
Mientras esto ocurre no se avista una solución pronta. Esta semana el régimen de Maduro reforzó el bloqueo en uno de los puentes internacionales, el de Tienditas, ubicado entre Cúcuta y Ureña. Instaló 16 contenedores cargados de piedras y arenas obstruyendo los tres carriles. De esta forma, las llamadas "trochas" seguirán siendo el único paso entre los países, y las organizaciones sociales advierten que el peligro para los transeúntes puede agravarse.
"Porque es muy probable que en estos pasos ilegales, en cualquier momento, ocurran hechos lamentables y sangrientos. Allí se observan persecuciones en caliente, disputas entre grupos armados por el control del territorio, y es lamentable que, por la negligencia del régimen, se impida el paso legal de las personas a comprar medicamentos y alimentos, pero se permita la operación de estos delincuentes", concluyó Tarazona.
Infobae
Hace un mes, el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, tras un fallido intento de pasar por ella ayuda humanitaria, se convirtió en la pesadilla de todos los que diariamente tienen que cruzar entre ambos países para trabajar, estudiar o proveerse de alimentos. Y, por ende, en la oportunidad perfecta de expansión de las organizaciones armadas que se lucran de la crisis controlando los pasos ilegales, engrosando así su sistema financiero y, a la vez, su capacidad delictiva.
El pasado 22 de febrero el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de los puentes internacionales que conectan su país con Colombia, luego de que fuera reprimido por las fuerzas chavistas el intento de ingresar a Venezuela camiones con ayuda humanitaria internacional, despertando una ola de violencia que dejó varios muertos y heridos.
Desde entonces, el bajo caudal del río Táchira que divide a Colombia de Venezuela, por el departamento de Norte de Santander, se convirtió en el paso de quienes, sin ninguna otra opción, se arriesgan a cruzarlo entre caminos destapados o 'trochas' para burlar el sello venezolano y obtener el permiso colombiano; entre ellos cientos de niños que viven en un país y estudian en el otro.
Solo en el área metropolitana de Cúcuta -capital de ese departamento colombiano-, hay más de 100 pasos ilegales según las autoridades locales, conformados por unos 400 metros de longitud ubicados cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander, por los que se calcula que pasan diariamente 35.000 personas. Pero la zona es, además, la ruta de contrabando y asentamiento de grupos al margen de la ley.
Las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, y bandas criminales como Los Rastrojos y el Clan del Golfo, tienen las fronteras como sus centros de operaciones de negocios ilícitos de narcotráfico, contrabando y tráfico de migrantes, muchos con el auspicio del régimen venezolano. Y en los últimos meses se ha intensificado su estrategia financiera con el cobro de una especie de 'peaje' a todos los que transitan por la frontera para permitirles cruzarla.
La Fundación Redes (FundaRedes) denunció que desde el cierre de la frontera se incentivó la práctica de extorsionar ciudadanos venezolanos, a quienes les cobran una tarifa para poder circular entre Colombia y Venezuela, que la determinan dependiendo de la forma de vestir de cada persona y de los objetos que cargan. Y que tras esos dineros también estarían las autoridades venezolanas, específicamente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
"Estos irregulares maltratan a los venezolanos, los amedrentan con armas largas y cortas por trochas que están enumeradas y tienen salidas a espacios públicos, y los cuerpos de seguridad del estado venezolano no hacen nada. (…) lamentablemente el territorio fronterizo es visto por los funcionarios como espacio para extorsionar a quienes, en medio de su desespero para suplir sus necesidades básicas, asumen las condiciones impuestas por los irregulares", afirmó el director de FundaRedes, Javier Tarazona.
El hecho también fue comprobado por la Fundación Insight Crime, organización que estudia el crimen organizado en América Latina. Según ellos, observaron la presencia de hombres armados que controlan el flujo de personas y mercancías en 'La Pared', una de las cerca de 50 trochas que comunican a San Antonio, Táchira, con el departamento de Norte de Santander.
Las personas a las que consultaron en la frontera aseguraron que el paso puede valer entre 15.000 y 35.000 pesos (4,8 y 11 dólares), mucho más que un salario básico mensual en Venezuela. Además, deben pactar la ruta con un coyote o 'trochero', unas personas que fungen como guías de los caminos que, usualmente -dice Insight Crime-, se trata de venezolanos en busca de ingresos económicos que son contratados por organizaciones criminales para encargarse de los cobros.
La semana pasada, de hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel, José Luis Palomino, informó a medios locales que fueron capturadas cuatro personas que estaban cobrando dinero por permitir el paso por las trochas ubicadas cerca al puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio.
Tarazona, además, advierte sobre el contrabando de coltán, cobre y oro producto de la minería ilegal en Venezuela, que son sacados por esas trochas para ser comercializados de forma legalizada en espacios públicos del centro de Cúcuta, dijo. Y a ello le suma los colectivos armados al servicio del régimen de Maduro, que han entrado en disputa con las organizaciones criminales colombiana por los mercados en las trochas.
Aunque las autoridades colombianas han aumentado los operativos de seguridad y control de migrantes en las zonas de frontera, el peligro se mantiene latente. El coronel Palomino explicó que entre las estrategias adoptadas está el rastreo de antecedentes, "verificando la legalidad de los documentos de identidad, y qué elementos traen". Pero las organizaciones armadas, pese a ello, mantienen su fortalecimiento y expansión en estos límites.
Así lo afirmó a la agencia Reuters el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Craig Faller, refiriéndose específicamente a las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC. La situación es calificada en Washington como una "amenaza creciente" para su país y para Colombia.
Y, como también lo ha denunciado el gobierno de Duque, asegura que líderes de estos grupos se encuentran escondidos en Venezuela con apoyo de la administración de Maduro, que los deja operar a cambio de dineros producto de las actividades ilícitas. La intención, asimismo, sería una estrategia para mantener un ejército de apoyo en una potencial ofensiva militar de Estados Unidos contra su gobierno.
Mientras esto ocurre no se avista una solución pronta. Esta semana el régimen de Maduro reforzó el bloqueo en uno de los puentes internacionales, el de Tienditas, ubicado entre Cúcuta y Ureña. Instaló 16 contenedores cargados de piedras y arenas obstruyendo los tres carriles. De esta forma, las llamadas "trochas" seguirán siendo el único paso entre los países, y las organizaciones sociales advierten que el peligro para los transeúntes puede agravarse.
"Porque es muy probable que en estos pasos ilegales, en cualquier momento, ocurran hechos lamentables y sangrientos. Allí se observan persecuciones en caliente, disputas entre grupos armados por el control del territorio, y es lamentable que, por la negligencia del régimen, se impida el paso legal de las personas a comprar medicamentos y alimentos, pero se permita la operación de estos delincuentes", concluyó Tarazona.
