La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja
El Comité Internacional de la organización señala el deterioro de la situación humanitaria tras la firma del acuerdo de paz
Santiago Torrado
Bogotá, El País
En Colombia aún no puede hablarse de posconflicto. Dos años y medio después de haber sellado la paz con los rebeldes de las FARC, persisten complejos desafíos humanitarios y la situación incluso se ha deteriorado en muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar este jueves las “preocupantes” conclusiones de su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa del continente -hoy convertida en partido político con representación en el Congreso-, la población civil sufre la presencia de otros grupos armados y se siguen presentando asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y personas desaparecidas.
“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, que cumple 50 años operando sobre el terreno en el país andino. La población civil en muchos territorios todavía no siente los beneficios del pacto sellado a finales de 2016, y de hecho todos los indicadores humanitarios tuvieron una tendencia negativa durante el año pasado.
Luego de la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de las zonas donde estaban dejaron un vacío de poder, un poder que no conocía un reemplazo, y en ese entorno donde abundan las economías ilegales se crearon dinámicas conflictivas en las que la población civil quedó completamente desprotegida, explicó el jefe de la delegación. En la costa pacífica y amplías regiones del oriente y sur del país no llegó la respuesta estatal, “no hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a estas zonas lo que se llama ley y orden”, o tan siquiera los servicios más básicos. El horizonte de esperanza ha dado paso a un presente de incertidumbre. “La vida en estas zonas es hoy más difícil y tienen un sentimiento de abandono”, apuntó Harnisch.
Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayor intensidad estos artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse, como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.
La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada cuatro días.
¿Cuáles son los correctivos necesarios? “Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser de seguridad solamente, debe ser una respuesta de todo el Estado”, fue el mensaje del jefe del CICR en Colombia a los líderes políticos encargados de tomar decisiones. “Hay que reflexionar y cambiar prioridades”.
Más de medio siglo de conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. A los formidables desafíos humanitarios se suma la llegada masiva de migrantes venezolanos, que probablemente se agravará a lo largo de este año. Los migrantes, expuestos a extorsiones, reclutamiento o violencia sexual, enfrentan riesgos crecientes especialmente en zonas afectadas por la violencia armada. “La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que, sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir”, apuntó Harnish.
Bogotá, El País
En Colombia aún no puede hablarse de posconflicto. Dos años y medio después de haber sellado la paz con los rebeldes de las FARC, persisten complejos desafíos humanitarios y la situación incluso se ha deteriorado en muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar este jueves las “preocupantes” conclusiones de su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa del continente -hoy convertida en partido político con representación en el Congreso-, la población civil sufre la presencia de otros grupos armados y se siguen presentando asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y personas desaparecidas.
“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, que cumple 50 años operando sobre el terreno en el país andino. La población civil en muchos territorios todavía no siente los beneficios del pacto sellado a finales de 2016, y de hecho todos los indicadores humanitarios tuvieron una tendencia negativa durante el año pasado.
Luego de la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de las zonas donde estaban dejaron un vacío de poder, un poder que no conocía un reemplazo, y en ese entorno donde abundan las economías ilegales se crearon dinámicas conflictivas en las que la población civil quedó completamente desprotegida, explicó el jefe de la delegación. En la costa pacífica y amplías regiones del oriente y sur del país no llegó la respuesta estatal, “no hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a estas zonas lo que se llama ley y orden”, o tan siquiera los servicios más básicos. El horizonte de esperanza ha dado paso a un presente de incertidumbre. “La vida en estas zonas es hoy más difícil y tienen un sentimiento de abandono”, apuntó Harnisch.
Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayor intensidad estos artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse, como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.
La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada cuatro días.
¿Cuáles son los correctivos necesarios? “Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser de seguridad solamente, debe ser una respuesta de todo el Estado”, fue el mensaje del jefe del CICR en Colombia a los líderes políticos encargados de tomar decisiones. “Hay que reflexionar y cambiar prioridades”.
Más de medio siglo de conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. A los formidables desafíos humanitarios se suma la llegada masiva de migrantes venezolanos, que probablemente se agravará a lo largo de este año. Los migrantes, expuestos a extorsiones, reclutamiento o violencia sexual, enfrentan riesgos crecientes especialmente en zonas afectadas por la violencia armada. “La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que, sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir”, apuntó Harnish.
