La Corte Suprema le dio la razón al gobierno de Trump y autorizó la detención de inmigrantes con antecedentes penales
Los extranjeros pueden ser arrestados durante tiempo sin determinado y sin derecho a fianza, aún años después del delito que figure en su registro. El tribunal, con dos magistrados elegidos por el presidente, hizo pesar su mínima ventaja conservadora, con una votación de 5 a 4
Infobae
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre la detención de los inmigrantes con antecedentes penales, autorizando su arresto sin un límite de tiempo aún después de haber cumplido las sentencias previas.
El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento y por un periodo indefinido a personas con este perfil por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la corte. De esta forma, el tribunal mostró una vez más su inclinación conservadora, determinada a partir del nombramiento de dos magistrados por parte del presidente.
Según el fallo, redactado por el juez Samuel Alito, se deja abierta la posibilidad de que los individuos apelen su detención. La Corte consideró que no es su trabajo determinar un tiempo límite por el cual los inmigrantes pueden permanecer detenidos luego de cumplir una sentencia.
Los abogados de organizaciones civiles argumentaban que la ley federal migratoria de 1996 autorizaba al arresto "inmediato" de los inmigrantes al salir de prisión.
Pese a que es difícil determinar la cantidad de personas que se verán afectadas por esta decisión judicial, el Gobierno estadounidense tiene a diario a unos 30.000 inmigrantes en su custodia mientras determina si deben ser deportados o no.
Tras conocerse la resolución del Supremo, varias organizaciones civiles, como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), lamentaron que el tribunal haya optado por una "interpretación extrema" de las leyes de inmigración.
"La Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación", apuntó la directora legal de ACLU, Cecillia Wang.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre la detención de los inmigrantes con antecedentes penales, autorizando su arresto sin un límite de tiempo aún después de haber cumplido las sentencias previas.
El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento y por un periodo indefinido a personas con este perfil por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la corte. De esta forma, el tribunal mostró una vez más su inclinación conservadora, determinada a partir del nombramiento de dos magistrados por parte del presidente.
Según el fallo, redactado por el juez Samuel Alito, se deja abierta la posibilidad de que los individuos apelen su detención. La Corte consideró que no es su trabajo determinar un tiempo límite por el cual los inmigrantes pueden permanecer detenidos luego de cumplir una sentencia.
Los abogados de organizaciones civiles argumentaban que la ley federal migratoria de 1996 autorizaba al arresto "inmediato" de los inmigrantes al salir de prisión.
Pese a que es difícil determinar la cantidad de personas que se verán afectadas por esta decisión judicial, el Gobierno estadounidense tiene a diario a unos 30.000 inmigrantes en su custodia mientras determina si deben ser deportados o no.
Tras conocerse la resolución del Supremo, varias organizaciones civiles, como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), lamentaron que el tribunal haya optado por una "interpretación extrema" de las leyes de inmigración.
"La Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación", apuntó la directora legal de ACLU, Cecillia Wang.
