Gobierno denuncia a 2 militares y a 2 funcionarias de la UELICN
El Ministerio de Gobierno pidió que sean investigados por cohecho activo e incumplimiento de deberes, entre otros delitos.
Carlos Quisbert / La Paz
El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal contra dos militares y dos funcionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), por haber recibido dinero en cuentas particulares de las empresas observadas por supuestos favorecimientos en la adjudicación de millonarios contratos.
Una fuente del Ministerio de Gobierno confirmó ayer la presentación del proceso, aunque rehusó dar más detalles.
Desde la Fiscalía Departamental se informó que entre las personas denunciadas están una exasesora jurídica, una funcionaria administrativa y dos militares, a quienes se pide investigar por negociación incompatible con el cargo, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y receptación de dinero por actos de corrupción.
La diputada opositora Rose Marie Sandóval denunció que un consorcio de cinco empresas, encabezada por la firma Horizontal de Aviación Bolivia SRL, se adjudicó 42 de las 46 licitaciones realizadas por la UELICN, entre 2013 y 2018, para el mantenimiento de las aeronaves de las unidades antidroga Diablos Rojos y Diablos Negros.
El monto aproximado con el que estas cinco empresas se beneficiaron en este tiempo es de 55 millones de dólares.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el lunes que luego de una investigación preliminar interna se determinó que cinco funcionarios fueran suspendidos y procesados porque se verificó que habían recibido en sus cuentas particulares 32.000 bolivianos.
Sin embargo, la denuncia fue presentada sólo contra cuatro personas y se encuentra en la Unidad de Análisis de la Fiscalía para evaluar si es aceptada.
Romero refirió que los funcionarios presentaron descargos documentales y justificaron la razón de los depósitos en cuentas particulares.
Calificó el hecho como un “error” cometido por los funcionarios, pero ante “las susceptibilidades” que levantan estas acciones se determinó presentar la denuncia en la Fiscalía.
La diputada Sandóval anunció ayer que, además de los siete pedidos de informes escritos que hizo a ministerios, a la Procuraduría y a la Contraloría del Estado, solicitará a la Cámara de Diputados que conforme una comisión especial mixta para investigar estas irregularidades.
Romero explicó el lunes que las denuncias por la adjudicación de contratos a un solo grupo de empresas está a cargo de una comisión especial.
Además, se realizará una auditoría especial a los contratos, pero el proceso penal contra los funcionarios es un tema que se tratará por separado.
El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal contra dos militares y dos funcionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), por haber recibido dinero en cuentas particulares de las empresas observadas por supuestos favorecimientos en la adjudicación de millonarios contratos.
Una fuente del Ministerio de Gobierno confirmó ayer la presentación del proceso, aunque rehusó dar más detalles.
Desde la Fiscalía Departamental se informó que entre las personas denunciadas están una exasesora jurídica, una funcionaria administrativa y dos militares, a quienes se pide investigar por negociación incompatible con el cargo, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y receptación de dinero por actos de corrupción.
La diputada opositora Rose Marie Sandóval denunció que un consorcio de cinco empresas, encabezada por la firma Horizontal de Aviación Bolivia SRL, se adjudicó 42 de las 46 licitaciones realizadas por la UELICN, entre 2013 y 2018, para el mantenimiento de las aeronaves de las unidades antidroga Diablos Rojos y Diablos Negros.
El monto aproximado con el que estas cinco empresas se beneficiaron en este tiempo es de 55 millones de dólares.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el lunes que luego de una investigación preliminar interna se determinó que cinco funcionarios fueran suspendidos y procesados porque se verificó que habían recibido en sus cuentas particulares 32.000 bolivianos.
Sin embargo, la denuncia fue presentada sólo contra cuatro personas y se encuentra en la Unidad de Análisis de la Fiscalía para evaluar si es aceptada.
Romero refirió que los funcionarios presentaron descargos documentales y justificaron la razón de los depósitos en cuentas particulares.
Calificó el hecho como un “error” cometido por los funcionarios, pero ante “las susceptibilidades” que levantan estas acciones se determinó presentar la denuncia en la Fiscalía.
La diputada Sandóval anunció ayer que, además de los siete pedidos de informes escritos que hizo a ministerios, a la Procuraduría y a la Contraloría del Estado, solicitará a la Cámara de Diputados que conforme una comisión especial mixta para investigar estas irregularidades.
Romero explicó el lunes que las denuncias por la adjudicación de contratos a un solo grupo de empresas está a cargo de una comisión especial.
Además, se realizará una auditoría especial a los contratos, pero el proceso penal contra los funcionarios es un tema que se tratará por separado.
