El oscuro secreto de la frontera oriental de Europa
Grecia deporta ilegalmente a los refugiados que llegan a su territorio, en algunos casos incluso secuestrándolos lejos de la frontera, según denuncian ONG y Acnur
Andrés Mourenza
Orestíada (Grecia), El País
Firas debería estar en Grecia. Es más, oficialmente, según los registros del Gobierno heleno y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reside en Grecia. Pero no. Este sirio, de 17 años, malvive amedrentado, sin dinero y sin papeles en un pequeño apartamento de Estambul que comparte con otros refugiados, después de haber sido deportado ilegalmente por la policía griega a Turquía en tres ocasiones. Una práctica prohibida por las leyes internacionales, pero que, según las organizaciones de derechos humanos, se está convirtiendo en “sistemática” a medida que la ruta migratoria de entrada a la Unión Europea se desvía hacia la frontera del río Evros. Acnur ha recabado unos 300 casos de devoluciones en caliente de personas que intentan llegar a la UE desde Turquía solo en 2018.
“En los últimos años hemos recabado un número significante de casos de pushback [término en inglés para referirse a esta práctica ilegal]”, explica Margaritis Petritzikis, representante de Acnur en el campo de detención de Fylakio, en Grecia, junto al Evros. “Los testimonios describen a quienes practican las detenciones vistiendo uniformes de diferentes colores, muchas veces sin distintivos, y con la cara cubierta, por lo que no sabemos a qué cuerpo pertenecen. La jurisdicción del control fronterizo es de la policía griega, pero el área que rodea el río es zona militarizada”, añade Petritzikis.
Los detenidos aseguran que, una vez detenidos y antes de ser devueltos en barcas al otro lado de la frontera, son llevados a almacenes, instalaciones militares o comisarías de policía, transportados con furgonetas sin identificar, supuestamente de las fuerzas de seguridad, según los testimonios recogidos en informes de diversas ONG, entre ellas Human Rights Watch y el Greek Council for Refugees (GCR).
El Evros, también llamado Maritsa, hace de barrera natural a lo largo de 194 de los 206 kilómetros de frontera terrestre entre Turquía y Grecia; el resto lo cubre una valla levantada en 2012. Para aquellos migrantes y refugiados que, desde suelo turco, sueñan con alcanzar territorio europeo, son apenas 100 o 200 metros que cubrir en un bote hinchable, un trayecto mucho más corto que el que separa la costa turca de las islas griegas del mar Egeo. Además, aquí no está vigente el acuerdo firmado entre la UE y Turquía en 2016, que permite la devolución de aquellos migrantes llegados de manera irregular por vía marítima. En la zona del Evros regía otro acuerdo bilateral de devolución firmado entre Turquía y Grecia, aunque Ankara lo canceló el pasado año. Por ello, en los últimos años, se ha incrementado el número de llegadas a través de esta ruta (en 2018 fueron 18.014, un 35% del total de refugiados y migrantes que arribaron a Grecia, según los datos de Acnur). La mayor parte de los que llegan son sirios, afganos y turcos.
Sus aguas aparentemente tranquilas son un espejismo engañoso. Es un río caudaloso, de habituales inundaciones y fuertes corrientes: durante el pasado año, medio centenar de personas murieron en esta ruta, la mayoría ahogadas o por hipotermia. “El río es pequeño, pero peligroso. Sobre todo porque los botes son para cinco personas y cruzamos 30 a la vez”, explica un joven bangladesí detenido en el campo de Fylakio.
Un residente de Edirne, en la orilla turca del río, explica que las tarifas que exigen los traficantes por pasar al otro lado van de 1.000 a 5.000 euros. Aquellos que pagan más “reciben un servicio vip”, y en la orilla griega les esperan otros traficantes que los llevan en coche hasta Salónica o Atenas: “A estos no los suele detener nunca la policía”. A los que no disponen de ese dinero, después de superar el peligro de las aguas les aguarda una nueva barrera.
Práctica ilegal
Dos y media de la madrugada. Se escuchan pasos entre la maleza, en la zona boscosa que rodea el Evros. Hay cuchicheos. Los pasos se detienen al escuchar el vehículo en el que viaja este periodista. Poco después, se alejan.
Anteriormente, en cuanto veían a cualquier persona en la orilla griega, los refugiados se identificaban como tales y pedían que se avisase a la policía. Sabían que habían llegado a territorio seguro. Ya no. Entre los refugiados es sabido que, si son apresados en esta zona, corren el riesgo de ser devueltos al otro lado. Las devoluciones en caliente están prohibidas por la ley: la normativa exige que sean primero identificados y, si es el caso, se les permita presentar una petición de asilo. Firas (que no es su nombre real) cuenta que pasó por ello dos veces durante el año pasado. En la primera ocasión, durante el verano, explica que fue detenido nada más cruzar el río, llevado a una comisaría y devuelto a Turquía al cabo de unas seis horas. “En la comisaría nos pegaron a todos los hombres, nos quitaron nuestras pertenencias y destrozaron los móviles”, asegura.
La segunda fue aún peor: una vez capturados, Firas explica que los agentes de policía llamaron a otros agentes con uniforme militar y la cara cubierta y les propinaron una paliza. Esta vez les quitaron hasta la ropa y los devolvieron a Turquía en calzoncillos. Su historia es similar a las decenas de testimonios recabados por diferentes ONG, que consideran que puede haber un patrón de actuación de las fuerzas de seguridad helenas.
En algunos casos no se trata ni siquiera de devoluciones "en caliente", es decir, al ser detenidos en el borde mismo de la frontera, sino desde bastante más adentro en el territorio griego y pasado bastante tiempo desde que los refugiados entraron al país. A. A., un sirio que residía en Alemania de manera legal, llegó en agosto de 2017 a la ciudad griega de Alejandrópolis para encontrarse con su mujer, que había cruzado recientemente la frontera. Pero, según manifestó al GCR, fue detenido por agentes de la policía que, haciendo caso omiso a sus documentos, lo encapucharon y lo enviaron a Turquía en un bote junto a otros refugiados.
Similar es el caso de Firas. La tercera vez que intentó cruzar a Grecia, a mediados de noviembre, explica que lo logró. Y fue enviado al centro de detención de Fylakio. A inicios de enero, salió de él con los documentos que lo acreditaban como solicitante de asilo. Tomó un autobús hacia Salónica, pero cuenta que, cuando llevaba 15 minutos de viaje, la policía le ordenó bajar junto a otros cinco sirios. “Tenía los papeles de la policía griega y de Acnur, pero los destrozaron delante de mí”, relata. “Nos llevaron a un calabozo y agentes con pasamontañas nos desnudaron y nos pegaron. No nos dieron agua ni comida. El segundo día, vinieron otros agentes y nos pegaron con tubos de cañería. Luego nos llevaron al río junto a varias familias con niños y nos devolvieron a Turquía”.
La respuesta del Gobierno griego es siempre la misma: “No existen estas prácticas”. Así lo han dicho públicamente los ministerios de Orden Público y Migraciones ante las quejas formales de ACNUR y el Consejo de Europa. La comandancia regional en Tracia de la policía griega, preguntada por la situación, redirigió a este periodista al comisario de Orestíada, Pascalis Siritudis, quien respondió al teléfono —un día después de haberse negado a recibirlo— con gran enfado: "La policía griega respeta siempre la ley y las normas internacionales. No olvide que esta es la frontera de la Unión Europea, no solo de Grecia”. Desde el Ministerio de Orden Público, la contestación fue similar: "La policía griega cumple con los derechos humanos".
Hay varias investigaciones en marcha. Una, sobre la devolución de varios turcos en mayo de 2017, ha alcanzado el Tribunal Supremo de Grecia. También el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Orestíada han iniciado un proceso judicial tras la denuncia de un ciudadano sudanés deportado ilegalmente a Turquía. Pero, hasta ahora, nadie ha sido condenado. Dimitris Koros, abogado del GCR, admite que es difícil armar estos casos: “La mayoría de los refugiados devueltos no tienen tiempo ni medios para iniciar un proceso judicial y, además, es casi imposible identificar a quienes participan en las devoluciones ya que van con la cara cubierta y sin identificaciones, y se suelen producir de noche”.
Entretanto Firas continúa en Estambul, temeroso de que un día lo detengan las autoridades turcas y lo deporten a la misma Siria de la que escapó huyendo de la guerra. Y se sigue preguntando por qué lo echaron de Grecia si tenía derecho a quedarse. “Me sorprendió mucho el nivel de brutalidad que emplearon conmigo. Siempre habíamos escuchado que la Unión Europea era un lugar donde no había violencia y se respetaban los derechos humanos”, se queja.
Orestíada (Grecia), El País
Firas debería estar en Grecia. Es más, oficialmente, según los registros del Gobierno heleno y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reside en Grecia. Pero no. Este sirio, de 17 años, malvive amedrentado, sin dinero y sin papeles en un pequeño apartamento de Estambul que comparte con otros refugiados, después de haber sido deportado ilegalmente por la policía griega a Turquía en tres ocasiones. Una práctica prohibida por las leyes internacionales, pero que, según las organizaciones de derechos humanos, se está convirtiendo en “sistemática” a medida que la ruta migratoria de entrada a la Unión Europea se desvía hacia la frontera del río Evros. Acnur ha recabado unos 300 casos de devoluciones en caliente de personas que intentan llegar a la UE desde Turquía solo en 2018.
“En los últimos años hemos recabado un número significante de casos de pushback [término en inglés para referirse a esta práctica ilegal]”, explica Margaritis Petritzikis, representante de Acnur en el campo de detención de Fylakio, en Grecia, junto al Evros. “Los testimonios describen a quienes practican las detenciones vistiendo uniformes de diferentes colores, muchas veces sin distintivos, y con la cara cubierta, por lo que no sabemos a qué cuerpo pertenecen. La jurisdicción del control fronterizo es de la policía griega, pero el área que rodea el río es zona militarizada”, añade Petritzikis.
Los detenidos aseguran que, una vez detenidos y antes de ser devueltos en barcas al otro lado de la frontera, son llevados a almacenes, instalaciones militares o comisarías de policía, transportados con furgonetas sin identificar, supuestamente de las fuerzas de seguridad, según los testimonios recogidos en informes de diversas ONG, entre ellas Human Rights Watch y el Greek Council for Refugees (GCR).
El Evros, también llamado Maritsa, hace de barrera natural a lo largo de 194 de los 206 kilómetros de frontera terrestre entre Turquía y Grecia; el resto lo cubre una valla levantada en 2012. Para aquellos migrantes y refugiados que, desde suelo turco, sueñan con alcanzar territorio europeo, son apenas 100 o 200 metros que cubrir en un bote hinchable, un trayecto mucho más corto que el que separa la costa turca de las islas griegas del mar Egeo. Además, aquí no está vigente el acuerdo firmado entre la UE y Turquía en 2016, que permite la devolución de aquellos migrantes llegados de manera irregular por vía marítima. En la zona del Evros regía otro acuerdo bilateral de devolución firmado entre Turquía y Grecia, aunque Ankara lo canceló el pasado año. Por ello, en los últimos años, se ha incrementado el número de llegadas a través de esta ruta (en 2018 fueron 18.014, un 35% del total de refugiados y migrantes que arribaron a Grecia, según los datos de Acnur). La mayor parte de los que llegan son sirios, afganos y turcos.
Sus aguas aparentemente tranquilas son un espejismo engañoso. Es un río caudaloso, de habituales inundaciones y fuertes corrientes: durante el pasado año, medio centenar de personas murieron en esta ruta, la mayoría ahogadas o por hipotermia. “El río es pequeño, pero peligroso. Sobre todo porque los botes son para cinco personas y cruzamos 30 a la vez”, explica un joven bangladesí detenido en el campo de Fylakio.
Un residente de Edirne, en la orilla turca del río, explica que las tarifas que exigen los traficantes por pasar al otro lado van de 1.000 a 5.000 euros. Aquellos que pagan más “reciben un servicio vip”, y en la orilla griega les esperan otros traficantes que los llevan en coche hasta Salónica o Atenas: “A estos no los suele detener nunca la policía”. A los que no disponen de ese dinero, después de superar el peligro de las aguas les aguarda una nueva barrera.
Práctica ilegal
Dos y media de la madrugada. Se escuchan pasos entre la maleza, en la zona boscosa que rodea el Evros. Hay cuchicheos. Los pasos se detienen al escuchar el vehículo en el que viaja este periodista. Poco después, se alejan.
Anteriormente, en cuanto veían a cualquier persona en la orilla griega, los refugiados se identificaban como tales y pedían que se avisase a la policía. Sabían que habían llegado a territorio seguro. Ya no. Entre los refugiados es sabido que, si son apresados en esta zona, corren el riesgo de ser devueltos al otro lado. Las devoluciones en caliente están prohibidas por la ley: la normativa exige que sean primero identificados y, si es el caso, se les permita presentar una petición de asilo. Firas (que no es su nombre real) cuenta que pasó por ello dos veces durante el año pasado. En la primera ocasión, durante el verano, explica que fue detenido nada más cruzar el río, llevado a una comisaría y devuelto a Turquía al cabo de unas seis horas. “En la comisaría nos pegaron a todos los hombres, nos quitaron nuestras pertenencias y destrozaron los móviles”, asegura.
La segunda fue aún peor: una vez capturados, Firas explica que los agentes de policía llamaron a otros agentes con uniforme militar y la cara cubierta y les propinaron una paliza. Esta vez les quitaron hasta la ropa y los devolvieron a Turquía en calzoncillos. Su historia es similar a las decenas de testimonios recabados por diferentes ONG, que consideran que puede haber un patrón de actuación de las fuerzas de seguridad helenas.
En algunos casos no se trata ni siquiera de devoluciones "en caliente", es decir, al ser detenidos en el borde mismo de la frontera, sino desde bastante más adentro en el territorio griego y pasado bastante tiempo desde que los refugiados entraron al país. A. A., un sirio que residía en Alemania de manera legal, llegó en agosto de 2017 a la ciudad griega de Alejandrópolis para encontrarse con su mujer, que había cruzado recientemente la frontera. Pero, según manifestó al GCR, fue detenido por agentes de la policía que, haciendo caso omiso a sus documentos, lo encapucharon y lo enviaron a Turquía en un bote junto a otros refugiados.
Similar es el caso de Firas. La tercera vez que intentó cruzar a Grecia, a mediados de noviembre, explica que lo logró. Y fue enviado al centro de detención de Fylakio. A inicios de enero, salió de él con los documentos que lo acreditaban como solicitante de asilo. Tomó un autobús hacia Salónica, pero cuenta que, cuando llevaba 15 minutos de viaje, la policía le ordenó bajar junto a otros cinco sirios. “Tenía los papeles de la policía griega y de Acnur, pero los destrozaron delante de mí”, relata. “Nos llevaron a un calabozo y agentes con pasamontañas nos desnudaron y nos pegaron. No nos dieron agua ni comida. El segundo día, vinieron otros agentes y nos pegaron con tubos de cañería. Luego nos llevaron al río junto a varias familias con niños y nos devolvieron a Turquía”.
La respuesta del Gobierno griego es siempre la misma: “No existen estas prácticas”. Así lo han dicho públicamente los ministerios de Orden Público y Migraciones ante las quejas formales de ACNUR y el Consejo de Europa. La comandancia regional en Tracia de la policía griega, preguntada por la situación, redirigió a este periodista al comisario de Orestíada, Pascalis Siritudis, quien respondió al teléfono —un día después de haberse negado a recibirlo— con gran enfado: "La policía griega respeta siempre la ley y las normas internacionales. No olvide que esta es la frontera de la Unión Europea, no solo de Grecia”. Desde el Ministerio de Orden Público, la contestación fue similar: "La policía griega cumple con los derechos humanos".
Hay varias investigaciones en marcha. Una, sobre la devolución de varios turcos en mayo de 2017, ha alcanzado el Tribunal Supremo de Grecia. También el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Orestíada han iniciado un proceso judicial tras la denuncia de un ciudadano sudanés deportado ilegalmente a Turquía. Pero, hasta ahora, nadie ha sido condenado. Dimitris Koros, abogado del GCR, admite que es difícil armar estos casos: “La mayoría de los refugiados devueltos no tienen tiempo ni medios para iniciar un proceso judicial y, además, es casi imposible identificar a quienes participan en las devoluciones ya que van con la cara cubierta y sin identificaciones, y se suelen producir de noche”.
Entretanto Firas continúa en Estambul, temeroso de que un día lo detengan las autoridades turcas y lo deporten a la misma Siria de la que escapó huyendo de la guerra. Y se sigue preguntando por qué lo echaron de Grecia si tenía derecho a quedarse. “Me sorprendió mucho el nivel de brutalidad que emplearon conmigo. Siempre habíamos escuchado que la Unión Europea era un lugar donde no había violencia y se respetaban los derechos humanos”, se queja.
