El lento camino hacia unas elecciones libres en Venezuela
El proceso para ir a las urnas con garantías requiere al menos seis meses y una recomposición de los órganos básicos de arbitraje
Florantonia Singer
Caracas, El País
El camino para convocar unos comicios libres en Venezuela, la última fase de la ruta que se ha marcado Juan Guaidó como presidente interino, tiene más de carrera de fondo que de velocidad. Él mismo ha calculado que tardará entre 6 y 12 meses en lograrse, pero los expertos señalan que más que plazos, hay que pensar en reunir las condiciones para que haya unas elecciones limpias. “Llegamos a esta situación porque las últimas fueron de mala calidad y hechas a la carrera”, sostiene Luis Lander, director del Observatorio Venezolano Electoral, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a supervisar procesos electorales. Se refiere a las de mayo de 2018, que dieron una muy cuestionada victoria a Nicolás Maduro.
Lo primero que hay que hacer, según Lander, es reestructurar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los órganos de justicia electoral, en los que interviene el Tribunal Supremo y la Contraloría —una especie de Tribunal de Cuentas—, poderes totalmente plegados a Maduro. Los miembros del CNE fueron escogidos en procesos irregulares y sus decisiones han demostrado ser parciales. Por eso, según este experto, deberían ser sustituidos. “La justicia electoral, expresada en sentencias de tribunales de diversas jerarquías, ha mostrado sesgos inaceptables”, señala.
A ello se une que “la Contraloría ha inhabilitado políticamente a ciudadanos mediante dictámenes administrativos, algo que viola la Constitución”, explica. De esa manera se ha dejado fuera de juego a partidos políticos de oposición y a sus líderes más fuertes, como Henrique Capriles y Leopoldo López.
Pese a que renovar estos cargos es competencia de la Asamblea Nacional (el Parlamento), en la que la oposición tiene mayoría, en los últimos tres años ha sido constantemente bloqueada por el Tribunal Supremo, que controla Maduro. De hecho, el régimen desató una cacería política en 2017 cuando hubo que nombrar a nuevos magistrados, y los juristas escogidos por los parlamentarios acabaron en el exilio.
Juan Manuel Trak, sociólogo venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello, apunta a que la primera condición para tener elecciones con garantías “es que haya otro Gobierno, de transición y de amplia base, junto con un nuevo CNE que hiciera posible unas elecciones libres, justas y competitivas”, explica. “De otra manera sería inviable. Maduro ha demostrado que no está dispuesto a jugar limpiamente, que las elecciones solo le son útiles en tanto pueda controlar el resultado. Unas elecciones donde no hay incertidumbre son unas elecciones amañadas. Para una convocatoria, Maduro no puede estar en el poder”, apunta
La llamada a elecciones es otro aspecto clave, señala Lander. “El día que se hace la convocatoria también debe hacerse público el cronograma electoral, con todas las tareas a cumplir para llegar a la jornada, postulaciones, auditorías [12 básicas según establece la ley], elección de miembros de mesa, análisis del registro, y concreción de la observación nacional e internacional”, detalla. “Todo esto requiere por los menos seis meses para hacerse. En las elecciones realizadas en la región en el último año, el menor tiempo empleado ha sido de nueve meses”, indica este experto. Y advierte: “El apresuramiento deteriora la calidad del proceso, especialmente cuando se trata de unas elecciones que puedan contribuir a resolver la tensión, para que la inmensa mayoría, no solo la oposición o solo el chavismo, las reconozca”.
Ese deterioro se produjo, según Lander, en las últimas presidenciales, las que han desatado la crisis actual. Fueron el 20 de mayo de 2018, anticipadas, y estuvieron plagadas de irregularidades desde la propia convocatoria, realizada por un ente sin competencias para ello, la Asamblea Constituyente, creada por Maduro para suplantar las funciones de la Asamblea Nacional (el Parlamento, de mayoría opositora).
El factor tiempo
En esas elecciones se excluyó a varios partidos opositores, hubo una alta abstención y el resultado fue impugnado por los contrincantes de Maduro (Henri Falcón y Javier Bertucci) por la violación de los acuerdos de garantías. En una tradición que viene desde 1947, las presidenciales en Venezuela se han realizado en diciembre salvo en cuatro excepciones, todas ocurridas durante el chavismo: en julio de 2000, por la renovación de poderes a la que obligó la nueva Constitución; en octubre de 2012, ante la convalecencia de Hugo Chávez; en abril de 2013, por la muerte sobrevenida del líder de la revolución bolivariana, y en mayo 2018, convocadas por Maduro para tratar de zanjar la crisis política y eludir las urnas en diciembre, en medio del descalabro y el descontento que ha dejado en los ciudadanos más de un millón por ciento de inflación al cierre de 2018.
A estas siguieron los comicios de gobernadores y alcaldes; todos ellos procesos hechos contra reloj y anticipados, como las legislativas que ahora ha sugerido Maduro, que deberían ocurrir a finales de 2020, pero que para el chavismo servirían para sacarse la piedra en el zapato que ha significado el control del Parlamento por parte de la oposición. “La democracia requiere tiempo”, insiste Lander.
Otro aspecto fundamental en unos eventuales comicios presidenciales en los que debería desembocar el conflicto venezolano es el registro electoral. Es necesario incorporar a más de dos millones de venezolanos que han cumplido 18 años desde la última actualización del padrón y a los casi tres millones que han migrado estos años y que por ley tienen derecho al voto en unas presidenciales. “Hoy las sedes consulares son insuficientes para esta demanda de electores que hay fuera de Venezuela. Este sería un aspecto por resolver”, indica Lander.
La observación nacional e internacional calificada, finalmente, es clave, destaca este experto. “En 2006, la Unión Europea organizó una excelente observación internacional, la mejor que se ha hecho en Venezuela: una misión permanente por varios meses, que monitoreó el proceso en todas sus fases, pues la debilidad que suelen tener los observadores internacionales es que no conocen el contexto”, destaca. El grupo de contacto que ha creado la Unión Europea podría ser el comienzo.
Caracas, El País
El camino para convocar unos comicios libres en Venezuela, la última fase de la ruta que se ha marcado Juan Guaidó como presidente interino, tiene más de carrera de fondo que de velocidad. Él mismo ha calculado que tardará entre 6 y 12 meses en lograrse, pero los expertos señalan que más que plazos, hay que pensar en reunir las condiciones para que haya unas elecciones limpias. “Llegamos a esta situación porque las últimas fueron de mala calidad y hechas a la carrera”, sostiene Luis Lander, director del Observatorio Venezolano Electoral, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a supervisar procesos electorales. Se refiere a las de mayo de 2018, que dieron una muy cuestionada victoria a Nicolás Maduro.
Lo primero que hay que hacer, según Lander, es reestructurar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los órganos de justicia electoral, en los que interviene el Tribunal Supremo y la Contraloría —una especie de Tribunal de Cuentas—, poderes totalmente plegados a Maduro. Los miembros del CNE fueron escogidos en procesos irregulares y sus decisiones han demostrado ser parciales. Por eso, según este experto, deberían ser sustituidos. “La justicia electoral, expresada en sentencias de tribunales de diversas jerarquías, ha mostrado sesgos inaceptables”, señala.
A ello se une que “la Contraloría ha inhabilitado políticamente a ciudadanos mediante dictámenes administrativos, algo que viola la Constitución”, explica. De esa manera se ha dejado fuera de juego a partidos políticos de oposición y a sus líderes más fuertes, como Henrique Capriles y Leopoldo López.
Pese a que renovar estos cargos es competencia de la Asamblea Nacional (el Parlamento), en la que la oposición tiene mayoría, en los últimos tres años ha sido constantemente bloqueada por el Tribunal Supremo, que controla Maduro. De hecho, el régimen desató una cacería política en 2017 cuando hubo que nombrar a nuevos magistrados, y los juristas escogidos por los parlamentarios acabaron en el exilio.
Juan Manuel Trak, sociólogo venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello, apunta a que la primera condición para tener elecciones con garantías “es que haya otro Gobierno, de transición y de amplia base, junto con un nuevo CNE que hiciera posible unas elecciones libres, justas y competitivas”, explica. “De otra manera sería inviable. Maduro ha demostrado que no está dispuesto a jugar limpiamente, que las elecciones solo le son útiles en tanto pueda controlar el resultado. Unas elecciones donde no hay incertidumbre son unas elecciones amañadas. Para una convocatoria, Maduro no puede estar en el poder”, apunta
La llamada a elecciones es otro aspecto clave, señala Lander. “El día que se hace la convocatoria también debe hacerse público el cronograma electoral, con todas las tareas a cumplir para llegar a la jornada, postulaciones, auditorías [12 básicas según establece la ley], elección de miembros de mesa, análisis del registro, y concreción de la observación nacional e internacional”, detalla. “Todo esto requiere por los menos seis meses para hacerse. En las elecciones realizadas en la región en el último año, el menor tiempo empleado ha sido de nueve meses”, indica este experto. Y advierte: “El apresuramiento deteriora la calidad del proceso, especialmente cuando se trata de unas elecciones que puedan contribuir a resolver la tensión, para que la inmensa mayoría, no solo la oposición o solo el chavismo, las reconozca”.
Ese deterioro se produjo, según Lander, en las últimas presidenciales, las que han desatado la crisis actual. Fueron el 20 de mayo de 2018, anticipadas, y estuvieron plagadas de irregularidades desde la propia convocatoria, realizada por un ente sin competencias para ello, la Asamblea Constituyente, creada por Maduro para suplantar las funciones de la Asamblea Nacional (el Parlamento, de mayoría opositora).
El factor tiempo
En esas elecciones se excluyó a varios partidos opositores, hubo una alta abstención y el resultado fue impugnado por los contrincantes de Maduro (Henri Falcón y Javier Bertucci) por la violación de los acuerdos de garantías. En una tradición que viene desde 1947, las presidenciales en Venezuela se han realizado en diciembre salvo en cuatro excepciones, todas ocurridas durante el chavismo: en julio de 2000, por la renovación de poderes a la que obligó la nueva Constitución; en octubre de 2012, ante la convalecencia de Hugo Chávez; en abril de 2013, por la muerte sobrevenida del líder de la revolución bolivariana, y en mayo 2018, convocadas por Maduro para tratar de zanjar la crisis política y eludir las urnas en diciembre, en medio del descalabro y el descontento que ha dejado en los ciudadanos más de un millón por ciento de inflación al cierre de 2018.
A estas siguieron los comicios de gobernadores y alcaldes; todos ellos procesos hechos contra reloj y anticipados, como las legislativas que ahora ha sugerido Maduro, que deberían ocurrir a finales de 2020, pero que para el chavismo servirían para sacarse la piedra en el zapato que ha significado el control del Parlamento por parte de la oposición. “La democracia requiere tiempo”, insiste Lander.
Otro aspecto fundamental en unos eventuales comicios presidenciales en los que debería desembocar el conflicto venezolano es el registro electoral. Es necesario incorporar a más de dos millones de venezolanos que han cumplido 18 años desde la última actualización del padrón y a los casi tres millones que han migrado estos años y que por ley tienen derecho al voto en unas presidenciales. “Hoy las sedes consulares son insuficientes para esta demanda de electores que hay fuera de Venezuela. Este sería un aspecto por resolver”, indica Lander.
La observación nacional e internacional calificada, finalmente, es clave, destaca este experto. “En 2006, la Unión Europea organizó una excelente observación internacional, la mejor que se ha hecho en Venezuela: una misión permanente por varios meses, que monitoreó el proceso en todas sus fases, pues la debilidad que suelen tener los observadores internacionales es que no conocen el contexto”, destaca. El grupo de contacto que ha creado la Unión Europea podría ser el comienzo.
