May se resiste a entregar al Parlamento el informe legal del Brexit
El Partido Laborista amenaza con impulsar un "procedimiento de desacato"
Rafa de Miguel
Londres, El País
La crisis política del Brexit en Reino Unido puede derivar en una crisis constitucional. El Gobierno de Theresa May se resiste a mostrar al Parlamento “el análisis legal completo” del Tratado de Retirada cerrado con la UE que preparó el fiscal general, Geoffrey Cox. La Cámara de los Comunes aprobó esta reclamación hace un mes, con los votos de laboristas y de algunos diputados conservadores. May se enfrenta a un posible procedimiento por “desacato parlamentario”.
Cox comparece este lunes en el Parlamento como aperitivo a una larga semana de debates, antes de la votación prevista para el próximo 11 de diciembre. El fiscal general, según ha anticipado Downing Street, tiene intención de realizar una declaración más “política” que legal, en defensa del acuerdo alcanzado con la UE, con el propósito de convencer a los diputados conservadores que ya han anunciado su voluntad de votar en contra. El Gobierno se resiste a entregar a los parlamentarios “todo el informe legal completo” que se manejó en los días previos a la aprobación del acuerdo. El argumento oficial es que una entrega así supondría un grave precedente, que privaría a posteriores Ejecutivos de la posibilidad de deliberar sus políticas a conciencia y escuchar todos los pros y contras legales antes de tomar una decisión que pudiera ser presentada posteriormente a la opinión pública del modo más positivo posible.
La realidad, como reveló este domingo el diario The Sunday Times, es mucho más prosaica. Cox presentó a sus colegas en el Consejo de Ministros un documento que dejaba claro, como denuncian los euroescépticos, que el acuerdo cerrado con la Comisión Europea ata “de un modo indefinido” a Reino Unido a la Unión Aduanera, sin posibilidad de poder salir de esta unilateralmente. A no ser que ambos bloques sean capaces de cerrar un nuevo tratado comercial que, según reconoce el propio Cox, puede tardar mucho más tiempo del previsto por el Gobierno.
El Partido Laborista reclamó hace un mes al Gobierno en la Cámara la entrega de todos los análisis legales manejados durante este tiempo, para que los diputados pudieran votar el acuerdo del Brexit, llegado el momento, con el mayor conocimiento de causa posible. Obtuvo el respaldo de los unionistas norirlandeses del DUP, que sostienen la mayoría parlamentaria de May, de los nacionalistas escoceses y de un número considerable de conservadores. Ante la resistencia del Ejecutivo, el portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmeer, anunció este domingo que su formación pondría en marcha este lunes un “procedimiento de desacato parlamentario”. “No queremos recorrer este camino, pero si mañana no entregan los documentos pondremos en marcha los trámites de un procedimiento de desacato. Entraremos así en una senda de colisión entre el Gobierno y el Parlamento”, dijo Starmer a Sky News.
Para que se activara este mecanismo, que según muchos expertos sería una crisis constitucional de libro en un sistema parlamentario de la tradición y fortaleza del sistema británico, debería darle luz verde el speaker (presidente de la Cámara de los Comunes), John Bercow. Varios ministros del Gobierno de May, como viene siendo habitual, desde el anonimato, aseguran que Bercow no tendrá más remedio que dar vía libre al procedimiento de desacato, si finalmente el Parlamento solo recibe un breve sumario de los informes legales.
En manos del fiscal
“La posición legal del Gobierno es bastante clara. El backstop [la salvaguarda para Irlanda del Norte que vincula a todo Reino Unido a la Unión Aduanera durante los dos años del periodo de transición y un tiempo extra contemplado en el acuerdo] se prolongará de un modo indefinido, hasta que seamos capaces de negociar un nuevo tratado sobre nuestra relación futura, a no ser que la UE nos dejara salirnos”, confirmó el exministro para el Brexit, Dominic Raab a The Sunday Times. Raab, quien dimitió en las horas previas a la firma del acuerdo con la UE, pudo ver, junto al resto de ministros, los documentos aportados por Cox. Ninguno de ellos pudo quedarse con una copia, tras una lectura somera del contenido.
May todavía confía en que los diputados se den por satisfechos con los argumentos que este lunes exponga su fiscal general. La primera ministra ha emprendido una campaña por todo el país para defender las virtudes de su acuerdo, y aspira a poder debatir el próximo 9 de diciembre en la BBC, dos días antes de la votación, con el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Este último ha accedido al debate bajo la condición de que sea un cara a cara, sin la participación de comentaristas políticos que propone la cadena pública.
Los laboristas ya han anticipado su intención de votar en contra del acuerdo del Brexit. Su plan, en el caso de que finalmente el Parlamento lo rechace, será presentar inmediatamente después una moción de confianza. En el caso de que May la perdiera, todo apunta a su posible dimisión e incluso a la convocatoria de unas elecciones generales. Aunque todo eso supone todavía demasiadas presunciones, porque el número de diputados conservadores dispuestos a rechazar el plan del Brexit —hasta 100, según los cálculos de los euroescépticos— no se traduciría automáticamente en la misma cifra si se tratara de derribar a su propio Gobierno.
Londres, El País
La crisis política del Brexit en Reino Unido puede derivar en una crisis constitucional. El Gobierno de Theresa May se resiste a mostrar al Parlamento “el análisis legal completo” del Tratado de Retirada cerrado con la UE que preparó el fiscal general, Geoffrey Cox. La Cámara de los Comunes aprobó esta reclamación hace un mes, con los votos de laboristas y de algunos diputados conservadores. May se enfrenta a un posible procedimiento por “desacato parlamentario”.
Cox comparece este lunes en el Parlamento como aperitivo a una larga semana de debates, antes de la votación prevista para el próximo 11 de diciembre. El fiscal general, según ha anticipado Downing Street, tiene intención de realizar una declaración más “política” que legal, en defensa del acuerdo alcanzado con la UE, con el propósito de convencer a los diputados conservadores que ya han anunciado su voluntad de votar en contra. El Gobierno se resiste a entregar a los parlamentarios “todo el informe legal completo” que se manejó en los días previos a la aprobación del acuerdo. El argumento oficial es que una entrega así supondría un grave precedente, que privaría a posteriores Ejecutivos de la posibilidad de deliberar sus políticas a conciencia y escuchar todos los pros y contras legales antes de tomar una decisión que pudiera ser presentada posteriormente a la opinión pública del modo más positivo posible.
La realidad, como reveló este domingo el diario The Sunday Times, es mucho más prosaica. Cox presentó a sus colegas en el Consejo de Ministros un documento que dejaba claro, como denuncian los euroescépticos, que el acuerdo cerrado con la Comisión Europea ata “de un modo indefinido” a Reino Unido a la Unión Aduanera, sin posibilidad de poder salir de esta unilateralmente. A no ser que ambos bloques sean capaces de cerrar un nuevo tratado comercial que, según reconoce el propio Cox, puede tardar mucho más tiempo del previsto por el Gobierno.
El Partido Laborista reclamó hace un mes al Gobierno en la Cámara la entrega de todos los análisis legales manejados durante este tiempo, para que los diputados pudieran votar el acuerdo del Brexit, llegado el momento, con el mayor conocimiento de causa posible. Obtuvo el respaldo de los unionistas norirlandeses del DUP, que sostienen la mayoría parlamentaria de May, de los nacionalistas escoceses y de un número considerable de conservadores. Ante la resistencia del Ejecutivo, el portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmeer, anunció este domingo que su formación pondría en marcha este lunes un “procedimiento de desacato parlamentario”. “No queremos recorrer este camino, pero si mañana no entregan los documentos pondremos en marcha los trámites de un procedimiento de desacato. Entraremos así en una senda de colisión entre el Gobierno y el Parlamento”, dijo Starmer a Sky News.
Para que se activara este mecanismo, que según muchos expertos sería una crisis constitucional de libro en un sistema parlamentario de la tradición y fortaleza del sistema británico, debería darle luz verde el speaker (presidente de la Cámara de los Comunes), John Bercow. Varios ministros del Gobierno de May, como viene siendo habitual, desde el anonimato, aseguran que Bercow no tendrá más remedio que dar vía libre al procedimiento de desacato, si finalmente el Parlamento solo recibe un breve sumario de los informes legales.
En manos del fiscal
“La posición legal del Gobierno es bastante clara. El backstop [la salvaguarda para Irlanda del Norte que vincula a todo Reino Unido a la Unión Aduanera durante los dos años del periodo de transición y un tiempo extra contemplado en el acuerdo] se prolongará de un modo indefinido, hasta que seamos capaces de negociar un nuevo tratado sobre nuestra relación futura, a no ser que la UE nos dejara salirnos”, confirmó el exministro para el Brexit, Dominic Raab a The Sunday Times. Raab, quien dimitió en las horas previas a la firma del acuerdo con la UE, pudo ver, junto al resto de ministros, los documentos aportados por Cox. Ninguno de ellos pudo quedarse con una copia, tras una lectura somera del contenido.
May todavía confía en que los diputados se den por satisfechos con los argumentos que este lunes exponga su fiscal general. La primera ministra ha emprendido una campaña por todo el país para defender las virtudes de su acuerdo, y aspira a poder debatir el próximo 9 de diciembre en la BBC, dos días antes de la votación, con el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Este último ha accedido al debate bajo la condición de que sea un cara a cara, sin la participación de comentaristas políticos que propone la cadena pública.
Los laboristas ya han anticipado su intención de votar en contra del acuerdo del Brexit. Su plan, en el caso de que finalmente el Parlamento lo rechace, será presentar inmediatamente después una moción de confianza. En el caso de que May la perdiera, todo apunta a su posible dimisión e incluso a la convocatoria de unas elecciones generales. Aunque todo eso supone todavía demasiadas presunciones, porque el número de diputados conservadores dispuestos a rechazar el plan del Brexit —hasta 100, según los cálculos de los euroescépticos— no se traduciría automáticamente en la misma cifra si se tratara de derribar a su propio Gobierno.
